La inversión en la escuela concertada sube un 7% mientras en la pública cae un 5% en la última década

En la última década, mientras la enseñanza pública sufría los estragos de la crisis económica, la concertada no solo no vio reducidas las subvenciones, sino que el importe de los conciertos educativos aumentó en 448 millones de euros. El incremento no ha solucionado, en todo caso, según los expertos, la falta de financiación crónica de esta red educativa, en la que la Administración paga el salario del profesorado y otros gastos de colegios de titularidad privada. El agujero es compensado por las aportaciones, vetadas por la ley, que realizan los padres a los centros. Una situación que se ha mantenido durante años porque las Administraciones, los colegios y las familias de los alumnos han encontrado beneficios en esa fórmula extraña. La ley Celaá, fuertemente rechazada por un sector de la concertada, contempla una revisión de los conciertos con el objetivo de que los pagos de la Administración garanticen la completa gratuidad.

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En 2009, el gasto en conciertos educativos en España fue de 5.891 millones de euros. En 2018, el último año del que hay datos, ascendió a 6.339 millones, lo que supone un aumento de 448 millones o, dicho de otro modo, un 7,6% más, según reflejan las estadísticas del Ministerio de Educación. En esa misma década, el resto del gasto público a instituciones de educación no universitaria (descontando los capítulos financieros) se redujo en 1.553 millones, lo que representó un descenso del 5%. La justificación principal para el aumento del coste de los conciertos fue el incremento de alumnado de esta red, que fue de 142.000. Pero como en ese periodo hubo un aumento de alumnado en el conjunto del sistema educativo, resultó que el porcentaje de estudiantes de la concertada respecto al total no subió sino que se redujo tres décimas y se situó en el 25,6% del total. Es decir, que la pública también incrementó su número de alumnos y en cambio recibió menos fondos.

La factura de los conciertos, que pagan las autonomías, no subió de forma homogénea. Mientras en muchos territorios se incrementó moderadamente, en Madrid lo hizo en 146 millones, un 16,7% más, hasta los 1.018 millones. Casi una tercera parte del incremento registrado en España se concentró en esta comunidad, que representa algo menos del 15% de la población escolar.

“Durante los años de la crisis y la etapa del Gobierno del PP se recortó en la enseñanza pública y se subió la inversión en la concertada. La crisis la pagó la enseñanza pública, no la concertada”, afirma Francisco García, secretario general de Enseñanza de CC OO. “El capítulo de atención a la diversidad, las medidas hacia los alumnos en situación de desventaja social o con dificultades de aprendizaje, fue uno de los más que se debilitó. También el capítulo de inversiones, que es con el que se construyen colegios, se hacen reformas en los centros y se garantiza su mantenimiento. La pública tiene que recuperar los niveles de inversión anteriores a la crisis”.

La concertada no sufrió los recortes de la pública, pero expertos como Lucas Gortázar, coordinador de educación de EsadeEcPol, aseguran que esta red recibe de forma crónica de la Administración menos fondos de los que necesitaría para ofrecer un servicio realmente gratuito. La infrafinanciación se sitúa entre “2.000 y 3.000 millones de euros al año, de media en unos 100 euros al mes por alumno, según sabemos por varios estudios”, señala Gortázar. Entre ellos, un análisis del Instituto Vasco de Estadística que desglosa el destino de las cuotas que realizan las familias. La ley prohíbe que dichas aportaciones sirvan para financiar las actividades lectivas, que se presumen cubiertas por el concierto. Pero según el análisis del organismo vasco, de las cuotas que pagan las familias, un total de 1.156 euros al año se destinan a sufragar la enseñanza en los colegios, y no actividades y servicios complementarios, que es para lo que teóricamente sirven las aportaciones de las familias.

Cubrir servicios

La escuela pública, prosigue Gortázar, también está infrafinanciada “pero no en los términos de la concertada”. “La pública es gratuita, y por tanto la financiación que le falta no es para cubrir servicios que ya presta, sino para otros que no está dando. Por ejemplo: mejores infraestructuras, más personal de apoyo, recursos materiales o becas”. Los salarios en la concertada son, por otra parte, inferiores que en la pública —a los docentes les paga la Administración, a través de los centros, sin haberse presentado a una oposición—, y los colegios están abiertos, de media, más horas.

La situación, consistente en falta de financiación pública y tolerancia ante las aportaciones de las familias pese a que la legislación las prohíbe desde 1985, cuando se creó el modelo del concierto, se ha arrastrado con Gobiernos de distinto color político. Gortázar cree que debido a una “conjunción de intereses”. El sistema beneficia a las Administraciones, que se ahorran parte del servicio. A los centros concertados, sobre todo a los orientados a clases medias y altas, porque la cuota actúa como una barrera económica y los hace más exclusivos al mantener alejados a los alumnos socialmente desfavorecidos. Y atrae a los padres que obtienen ese tipo de colegio —que no proporciona mejor rendimiento académico, según estudios como PISA, pero sí una composición social del alumnado más homogénea y similar a la suya— a cambio de un copago asumible para su nivel de renta.

“Si el módulo del concierto mejorara, sería mucho menos necesario hacer peticiones de aportaciones voluntarias a los padres”, afirma Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, la principal patronal de la concertada. Los colegios concertados solo escolarizan al 58% del alumnado inmigrante que le correspondería por su peso en las enseñanzas de régimen general. “No estamos en contra de acoger a población emigrante, vulnerable o con necesidades educativas específicas como dice la nueva ley. Muchos centros ya lo hacen porque forma parte de su misión. Pero hace falta que se mejoren los recursos para poder tener orientadores en primaria o logopedas en el centro, como hay en los centros gubernamentales”, dice Huerta.

El secretario general de Escuelas Católicas dice que los colegios afiliados a su entidad no destinan las “aportaciones voluntarias” a cubrir actividades lectivas, sino a sufragar, por ejemplo, el cambio de ventanas o a poner calefacción. Y pide que la Administración actúe contra los centros que cobran cientos de euros al mes. “Este tipo de abuso no hace ningún bien al modelo de la educación concertada ni ayuda a su buena imagen”.

Establecer el coste real

La ley Celaá prevé crear una comisión para revisar los conciertos de forma que cubran “el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad”. Huerta ve “con esperanza” esa previsión. Fuentes del Ministerio de Educación se limitan a señalar que, una vez en vigor, “habrá que desarrollar la ley”.

Un reciente informe de la confederación de padres de la pública, Ceapa, y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), estimó que los centros concertados cobran de media 225 euros en Cataluña, 110 en Madrid o 97 en Euskadi. El presidente de Cicae, Enrique Maestu, no tiene muchas esperanzas de que la nueva ley resuelva el problema. “Siempre hay un debate sobre el coste de la enseñanza. Pero hay muchos centros concertados que casi no piden nada a los padres, así que ya es posible no hacerlo. Y otras veces que se ha actualizado el concierto, las aportaciones adicionales no han desaparecido”.

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