La Iglesia se abre “a estudiar” que el Defensor del Pueblo revise las reparaciones a las víctimas de pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Tras un año escudada en que solo la Iglesia, “unilateralmente”, gestionaría el pago de indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado este lunes que está dispuesta “a estudiar una posible supervisión del Defensor del Pueblo” a su plan de reparación. Así lo ha dicho, escuetamente y sin dar más detalles, el presidente de los obispos españoles, el arzobispo Luis Argüello, durante su discurso inaugural de la primera plenaria anual del episcopado.

El anuncio de Argüello llega una semana después de que los grupos parlamentarios Sumar y PSOE registrasen en la mesa del Congreso de los Diputados la creación de una subcomisión para estudiar “el reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica”, cuyos casos no tengan recorrido judicial. Una subcomisión que se guiará por las recomendaciones del informe publicado por el Defensor del Pueblo, que estima el número de afectados en 400.000 y propone establecer un fondo nacional para el pago de compensaciones, en el que las diócesis y órdenes religiosas colaboren.

Cuando el defensor, Ángel Gabilondo, presentó su estudio y la batería de recomendaciones, la CEE levantó un muro de negacionismo. Primero rechazó los datos y luego se opuso a cooperar con el defensor en cuanto a la gestión de las reparaciones. La proposición del defensor, más allá de que la Iglesia aportase dinero, consistía en crear un organismo independiente que estudiase cada caso y estipulase los baremos de las indemnizaciones.

La respuesta de los obispos fue crear su propio plan, fraguado dentro de sus muros y bautizado como el PRIVA, compuesto por un grupo de expertos elegidos a dedo, sin la participación de las víctimas, y cuyo trabajo —el de investigar cada denuncia y establecer una cuantía— no es de obligado cumplimiento para los responsables subsidiarios, es decir, cada uno de los 70 obispados y las más de 300 congregaciones religiosas.

El PRIVA se puso en marcha este enero, tras meses de retrasos, aunque la CEE siempre ha advertido que lleva años reparando a las víctimas. Una afirmación que choca con el testimonio de los afectados. Más de un centenar de víctimas que han acudido a estos procesos eclesiales, y que han sido contactadas por este periódico, niegan que la Iglesia les esté reparando, y acusan a las diócesis y órdenes religiosas de no contestar a sus correos, de alargar los procesos y de obligarles a firmar cláusulas de confidencialidad.

Ante las preguntas sobre este asunto, el gabinete de prensa de la Conferencia se niega a dar una respuesta. La jerarquía eclesial, en conjunto, solo admite su culpa: “Ante la trágica y dolorosa realidad de los abusos sexuales, de poder y de conciencia que han acontecido y siguen creciendo en la sociedad española, la Iglesia, que encuentra en su seno a víctimas y delincuentes, reconoce su grave y singular responsabilidad espiritual, moral y social”.

La opacidad sigue guiando el proceder la Iglesia española, que continúa sin informar de los casos que conoce, el resultado de sus investigaciones y cuántas indemnizaciones ha pagado. De hecho, su informe sobre abusos Para dar luz —que la propia jerarquía eclesial definió como el más completo, a pesar de que dejó fuera más de 300 casos admitidos por los obispados y las congregaciones— ha pasado de ser un estudio público a un documento de uso interno para la CEE. Es decir, ha enterrado su contabilidad y no comunicará anualmente de las nuevas denuncias.

Pese a las críticas —desde las víctimas a algunas fuentes diocesanas o del Vaticano— de cómo la Iglesia española continúa gestionando el problema, Argüello defiende que esta “ha hecho un recorrido importante” y que su compromiso está en la reparación de las víctimas. “No desaparecerán todos los comportamientos malvados que queremos evitar y prevenir, porque el mal y el pecado persisten”, ha pronunciado el arzobispo al final de su discurso de la mañana de este lunes.