El Tribunal de Cuentas de la UE alerta de la “opaca” financiación europea de las ONG

A pesar del monto que implica, unos 7.000 millones de euros solo entre 2021 y 2023, la financiación europea de las ONG es “demasiado opaca”, con una información “inexacta e incompleta” que puede poner en jaque la transparencia de estas organizaciones clave en las sociedades democráticas como contrapeso a intereses empresariales o partidistas, advierte el Tribunal de Cuentas de la UE en su último informe. Un análisis que se conoce en pleno embate de las fuerzas más conservadoras de Bruselas contra organizaciones civiles medioambientales, a las que han acusado de ejercer un “lobby oculto” a instancias de la Comisión Europea.

“La transparencia es fundamental para que la participación de las ONG en la elaboración de las políticas de la UE resulte creíble”, señaló Laima Andrikiené, que ha presentado el informe de los auditores de Luxemburgo. Aun así, agregó, “el panorama de la financiación de la UE concedida a las ONG sigue siendo confuso, ya que la información sobre esta financiación, incluida la actividad de los grupos de presión, no es fiable ni transparente”.

Entre las deficiencias detectadas está que la Comisión “no divulgó debidamente ciertas actividades de promoción financiadas por la UE, como las actividades de los grupos de presión”. Los auditores de hecho hallaron “dos casos de subvenciones de funcionamiento financiadas por el programa LIFE [creado para apoyar proyectos a favor de acciones medioambientales] que incluían actividades de promoción ante los responsables políticos”.

Además, los auditores señalan que, si bien “la Comisión y otros organismos de ejecución verifican los requisitos clave de transparencia antes de conceder fondos de la UE a ONG”, el problema es que “no comprueban de forma proactiva el cumplimiento de los valores de la UE”, ya que se fían de una “autodeclaración” de las organizaciones.

Todo esto “expone a la UE a un riesgo para su reputación”, advirtió Andrikiené en rueda de prensa.

A ello se une un problema de base: la definición misma de ONG. “Observamos que la Comisión, sus socios ejecutantes y las autoridades de los Estados miembros no siempre comprendían de la misma manera lo que puede considerarse una ONG”, señala al respecto el informe. Bruselas comprueba elementos como si la organización es una entidad privada y sin ánimo de lucro, pero “no se comprobaban aspectos importantes de la condición de ONG, como una influencia gubernamental a través de sus representantes en los órganos de gobierno y si las autodenominadas ONG no persiguen los intereses comerciales de sus miembros”.

Ello ha llevado, señala el Tribunal de Cuentas, a que “algunas entidades estén clasificadas incorrectamente como ONG en el Sistema de Transparencia Financiera”, la principal herramienta de transparencia para los perceptores de primer nivel de los fondos de la UE en régimen de gestión directa e indirecta. Otro problema: hay una falta de “comprobaciones activas” de que las ONG financiadas “respetan los valores de la UE”.

El análisis de los auditores europeos estuvo motivado por el escándalo Qatargate que estalló a finales de 2022 y que destapó presuntos intentos de países como Qatar o Marruecos de influenciar políticas del Parlamento Europeo a través del pago a eurodiputados, en una trama que involucró a una supuesta ONG de derechos humanos usada como tapadera. El informe llega, no obstante, en un momento muy delicado para las organizaciones de la sociedad civil en Bruselas, sobre todo las dedicadas a defender políticas medioambientales, que están en la mira de algunos partidos de derecha y extrema derecha que buscan bloquear su financiación, en el marco del combate al Pacto Verde europeo emprendido por las fuerzas más ultras de la Eurocámara.

De ahí que, nada más conocer las conclusiones de los auditores europeos, vayas ONG en la mira hayan salido de inmediato a subrayar que este informe no avala las teorías de irregularidades o una selección interesada de las organizaciones financiadas.

“La conclusión es que no hay escándalo. Sólo una clara necesidad de reforzar la transparencia”, ha declarado la subsecretaria general del European Environmental Bureau (EEB), Patrizia Heidegger. “Necesitamos normas más inteligentes y coherentes y datos de alta calidad sobre todos los beneficiarios de financiación de la UE, junto con directrices adecuadas sobre lo que constituye una ONG. Esto ayudará a distinguir a los auténticos actores de la sociedad civil de los que representan intereses lucrativos”, ha subrayado la responsable de la organización paraguas de 180 ONG medioambientales.

“Este informe, en ningún caso, confirma o avala la crítica que ha hecho el Partido Popular Europeo (PPE) y la extrema derecha, que hablaba de las ONG como lobby oculto, especialmente las ecologistas”, coincide el eurodiputado socialista español José Cepeda, quien como miembro de la comisión de control presupuestario de la Eurocámara ha analizado algunos de los contratos de ONGs cuestionados por los conservadores europeos, que la semana pasada no lograron sacar adelante una resolución que justamente acusaba a ciertas organizaciones civiles de hacer lobby contra algunos eurodiputados “por instrucciones de la Comisión”.