La Iglesia entierra su contabilidad de víctimas de pederastia tras el escándalo de cifras

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

───────────

Los obispos españoles vuelven a rectificar en silencio. Un año después de que este periódico destapase que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ignoró de su informe sobre pederastia Para dar luz más de 300 casos admitidos por los obispados y las congregaciones, la jerarquía eclesial ha anunciado este jueves que ese documento —que publicó con la promesa de renovarlo anualmente “para ofrecer esta información a los miembros de la Iglesia y a la sociedad”— dejará de ser actualizado y su contenido pasará a ser difundido solo internamente para los altos cargos de la Iglesia.

Así lo ha admitido el secretario general y portavoz de la CEE, César García Magán, durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de los prelados españoles: “Se presentó en la Permanente de septiembre y en la Plenaria de noviembre [ambas reuniones de los jerarcas religiosos] y allí se decidió que ese informe sirviera para el trabajo interno de las comisiones diocesanas y de las comisiones de vida consagrada”. Preguntada por los motivos concretos de la decisión, la CEE solo ha remitido que a raíz de “la creación de la Comisión de Atención y Reparación Integral”, los obispos señalan “como prioritaria esta línea de trabajo de atención a las víctimas”. Los obispos no concretan a qué línea de atención se refieren ni tampoco porque esta Comisión excluye hacer público los datos de pederastia.

Esta noticia revela un cambio brusco de timón, ya que durante meses la Iglesia española se ha escudado en este informe cuando se le preguntaba por los datos de los casos que conocía. “Este es un informe vivo, el más completo de los existentes”, aparece en la introducción del documento, aún publicada su última actualización en la web. Defendían su contenido incluso cuando EL PAÍS destapó la chapuza y varias diócesis y órdenes religiosas acusaron a la cúpula episcopal de manipular las cifras. Ante el escándalo, el autor del informe y responsable de prensa de la CEE, José Gabriel Vera, rectificó las cifras al menos en seis ocasiones: en varios días el informe pasó de contabilizar 806 acusados a 1.057, después de años negando el problema. Vera se vio obligado a admitir en una rueda de prensa en marzo de 2024 que habían cometido “un error muy significativo” y defendió la tesis del “informe vivo” que se comprometieron a corregir. Un año después, sin embargo, no lo han hecho.

El informe, más que dar luz, era un pozo de oscuridad. Además de los 325 casos que las diócesis y órdenes ya tenían registrados en sus archivos y habían remitido al Defensor del Pueblo para la investigación que había puesto en marcha el Congreso de los Diputados, la CEE también dejó fuera otros 300 casos ya conocidos por los medios y los tribunales.

Al menos 29 órdenes religiosas que tenían registrados casos de abusos no figuraban en el informe, entre ellas los maristas, que entregaron al Defensor 130. Además, 15 congregaciones y 10 diócesis enviaron al menos 89 casos más al organismo público de los que aparecen luego registrados en el informe de los obispos. De hecho, aún siguen sin formar parte bastantes casos públicos y admitidos por la Iglesia, como los de la abadía de Montserrat. De los ahora 1.057 solo considera “probados” o “no probados, pero verosímiles” un total de 358. Es decir, solo tres de cada 10 de los que tiene registrados.

Fuentes diocesanas revelaron a EL PAÍS que la creación y publicación de este documento en diciembre 2023 —un mes después de la publicación del informe de abusos del Defensor del Pueblo, que calcula en 400.000 el número de víctimas— tenía como objetivo hacer sombra a la difusión de otro informe, la auditoría que los obispos encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo y cuyos resultados arremetían contra la mala gestión de la Iglesia ante el problema. De hecho, el jefe de comunicación de los obispos publicó en una nota de prensa, perdida en su web, la auditoría y en primer término colgó el Para dar luz.

La CEE nunca informó de la metodología que siguió para elaborar este informe. EL PAÍS destapó meses después, en abril de 2024, tras publicar las omisiones de las decenas de casos, que los obispos habían hecho un simple corta y pega de un estudio que filtró a los obispos en verano Alfredo Dagnino, el topo que la CEE tenía en la auditoría de Cremades & Calvo-Sotelo. Tras conocerse todo, las asociaciones de víctimas reclamaron que se depurasen responsabilidades y que el documento Para dar Luz fuera retirado. Al final, un año después, los obispos han dejado morir ese “informe vivo” que tanto defendían.