Así entró en crisis la auditoría de Cremades sobre la pederastia: tenía un ‘topo’ de la Iglesia en su equipo

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La auditoría sobre los abusos a menores en la Iglesia que los obispos españoles encargaron al bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en febrero de 2022 se ha convertido en una pesadilla a la que no saben cómo poner fin, y de puertas afuera no se comprende lo que está pasando. La relación entre ambas partes es tensa tras el ultimátum de diez días que la Conferencia Episcopal Española (CEE) dio al bufete el mes pasado para que entregara su trabajo, y que el despacho decidió no acatar. La CEE aplazó su decisión hasta la asamblea plenaria que comienza el lunes y durará hasta el viernes, y debe tomar una decisión sobre qué hacer con el encargo, incluso si rompe el contrato, como amenazó. De momento, el bufete ha entregado ya este fin de semana una versión casi definitiva del informe y presentará el documento completo el 14 de diciembre, según confirma el despacho.

Pero queda por ver si así se cierra la crisis, cuyo origen se encuentra en un incidente que ha sembrado la confusión y explica los retrasos de la auditoría, prevista en principio para primavera: un miembro del equipo y socio del bufete, un topo de la Iglesia, envió en verano a los obispos un supuesto borrador del informe final de más de 2.000 páginas, muy benévolo con la institución y que minimizaba el número de casos. Sin embargo, era un documento que había realizado por su cuenta y sin consultar al resto del equipo. De hecho, fue despedido del bufete el mes pasado. Esto obligó a la comisión de trabajo a rehacer todo el estudio, que es mucho más crítico con la Iglesia.

El socio despedido es el letrado Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), con cargos en el pasado en Intereconomía, la Cope y Radio María. En la comisión de trabajo formada para la auditoría, donde se había buscado una pluralidad de visiones, encabezaba el sector más próximo a la Iglesia y el más reacio a admitir la dimensión del escándalo. A lo largo de estos meses, Dagnino ha chocado con el resto del equipo, mayoritariamente a favor de un informe riguroso. De hecho, fueron esas conclusiones consensuadas las que se han ido imponiendo: admitir “miles de casos” e indemnizar a todas las víctimas, según avanzó EL PAÍS en marzo, cuando se cumplía un año de trabajo de la auditoría. Eran contrarias a la línea oficial de la Iglesia, que hablaba de pocos casos y se oponía a pagar compensaciones.

Dagnino tenía la confianza del despacho para ser el enlace del equipo con los obispos, por su buena relación con la jerarquía eclesiástica, y también tenía un papel de elaboración final del material, una vez recibidas las distintas aportaciones de cada equipo de la auditoría. Sin embargo, redactó este borrador por su cuenta, en una línea opuesta a la que tomaba el informe, y lo envió a los obispos, que lo tomaron por bueno hasta que se aclaró lo ocurrido. Este periódico no ha logrado hablar con Dagnino para conocer su versión. El borrador trascendió en la prensa, circuló entre órdenes y diócesis, y algunas han señalado con asombro que incluso les habían computado menos casos de los que ellas mismas habían admitido. EL PAÍS consultó hace unas semanas a la CEE por su valoración de ese borrador, pero no ha querido hacer declaraciones.

El bufete no desea entrar en polémicas, ni valorar lo ocurrido y tampoco ha querido informar sobre la salida de su socio, señalada por varios medios. “Nuestra obligación ahora es seguir trabajando para hacer el mejor informe posible”, ha declarado un portavoz. Subraya que la documentación que se haya podido filtrar no ha sido validada por la dirección de la comisión investigadora y que la veracidad de su contenido “es responsabilidad solo de aquel que la haya redactado y filtrado”.

El incidente enrareció el clima, hasta hoy, y unido a los retrasos culminó en el ultimátum en octubre. Buena parte de los obispos eran partidarios de romper el contrato con el bufete y comunicar que ya no querían la auditoría. Se discutió en la asamblea extraordinaria del pasado lunes 30 de octubre, convocada de forma inédita a raíz de la presentación del estudio del Defensor del Pueblo, pero finalmente se decidió posponer la decisión a la asamblea de esta semana.

Preguntado por la prensa sobre lo que estaba ocurriendo y el extraño borrador de la auditoría que había circulado, el portavoz y secretario general de los obispos, César García-Magán, no quiso entonces entrar en detalles: “La decisión que se tomó en el ámbito de la rumorología es plural, abierto y, además, abonado. Compareció el señor Cremades con miembros de su equipo de su despacho. Él explicó por qué pedía más plazo, se acordó seguir trabajando y en noviembre seguiremos hablando del tema. Evidentemente él no ha entregado el informe, por lo tanto, no tenemos oficialmente el informe”. Hay otro problema, en caso de que los obispos finalmente rechazaran el estudio: según algunos medios, la factura en gastos del informe, pues la comisión trabaja de forma gratuita, ascendería ya a un millón de euros. La CEE no ha querido confirmarlo, aunque ha precisado que dará esta información al término de los trabajos.

Ahora, en todo caso, el informe de la auditoría ya está prácticamente terminado, con todas las aportaciones del grupo de trabajo en el ámbito de la reparación y la prevención, la parte principal del informe. Faltan los últimos flecos e incorporar consideraciones de algunos colaboradores internacionales, detalla el despacho de abogados.

El desencuentro entre los obispos y Cremades comenzó ya en febrero cuando desde la CEE se vetó en el último momento una audiencia del equipo con el Papa, cuando ya estaban en Roma con una cita fijada hacía tiempo. El siguiente escollo fue el artículo de EL PAÍS, publicado en marzo, que avanzó que el informe reconocerá miles de víctimas y recomendará indemnizarlas. Este adelanto de lo que venía causó una gran preocupación en el episcopado y, de hecho, convocó a Cremades para pedirle explicaciones. Luego, la CEE empezó a moverse por su cuenta. En mayo, publicó una guía de actuación para los casos de pederastia, llamada Instrucción de la CEE sobre abusos sexuales, que descartaba indemnizar a las víctimas cuyo agresor ha fallecido, lo que ocurre en la mayoría de los casos. En junio, divulgó el documento Para dar luz en el que informaba del número de casos de pederastia que consideraba oficial: 728 acusados y 927 víctimas. Por su parte, la base de datos de EL PAÍS, la única existente, contabiliza en este momento 1.372 acusados y 2.496 víctimas. En verano, terminó de complicarse la relación con el despacho cuando surgió el problema del falso informe y empezó la sucesión de retrasos en la fecha de entrega. Estaba previsto para primavera, se aplazó al verano y luego para otoño. En la asamblea de los obispos de esta semana, que debe dar una salida a esta situación, también se presentará otro documento sobre abusos, un “plan de reparación integral para las víctimas”, sin esperar las recomendaciones de la auditoría en este aspecto.

La asamblea de los obispos está marcada por el escándalo de la pederastia, dos semanas después de la presentación del informe del Defensor del Pueblo, que estimó que un 1,13% de la población, porcentaje equivalente a 440.000 personas, ha sufrido abusos en ámbito eclesiástico en su infancia. Esta semana, el presidente del nuevo Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó en su discurso de investidura que entre sus prioridades estará la la creación de un fondo estatal para pagar compensaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia, tal como ha recomendado el Defensor, y reforzar el marco jurídico para que la responsabilidad civil por estos casos no prescriba. “Vamos a instar a la Iglesia católica a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que desgraciadamente sufrieron abuso sexuales por parte del clero, incluyo a las víctimas de casos históricos y también prescritos”, anunció Sánchez. También informó que las reparaciones seguirían los baremos que se han seguido en otros países. La media, según los cálculos de este periódico de los sistema de seis estados, es de 35.000 euros por víctima.

La CEE dará a conocer su plan de reparación para las víctimas tras su negativa a participar en un fondo común de indemnizaciones con el Estado, como propone el informe de Gabilondo. Los obispos replicaron que solo lo harían si fuera para compensar a las víctimas de abuso de menores en todos los ámbitos, no solo en la Iglesia. La CEE nunca ha querido responder preguntas sobre las compensaciones. García-Magán afirmó hace unos meses que no tenía constancia de que ninguna diócesis u orden religiosa haya pagado una indemnización por pederastia. En el informe del Defensor siete diócesis admiten haberlas pagado en alguna ocasión (Cartagena, Mallorca, Tui-Vigo, Vitoria, Barcelona, Bilbao y Madrid). Pero lo cierto es que la Iglesia lleva años pagando: según un recuento de EL PAÍS de casos judicializados, ha abonado al menos 2,1 millones de euros a 230 víctimas que sufrieron abusos de 53 pederastas. Las cuantías oscilan entre los 675 euros y los 73.000 por víctima. Por su parte, el equipo de Cremades ya ha avanzado que en su auditoría recomendará a los obispos seguir el modelo alemán: crear un tribunal de arbitraje que, tras un proceso de reconocimiento de cada caso, establece las cuantías a pagar a cada víctima y que llegan hasta los 50.000 euros.

El escándalo seguirá estando también muy presente para los obispos españoles la semana que viene: el Papa, en una decisión insólita, les ha convocado a todos el día 28 en Roma. En principio, es para analizar la inspección, también excepcional, que ha hecho el Vaticano de los seminarios españoles, pero la convocatoria se anunció a los dos días de que la CEE hiciera su primera valoración del informe del Defensor, acusando a los periodistas de mentir sobre las cifras “con la intención de engañar”.