La Iglesia se resiste a una factura millonaria por los abusos: los obispos pagan en otros países una media de 35.000 euros por víctima

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos españoles han rechazado participar en un fondo común para indemnizar a las víctimas de pederastia en la Iglesia, como propone el Defensor del Pueblo, al condicionarlo a que se incluya a todas las de abuso sexual a menores en España. El portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), César García-Magán, aseguró el lunes que si no se acepta su exigencia, la Iglesia correrá con las indemnizaciones por su cuenta, “como ya está haciendo”. En realidad no se sabe lo que está haciendo, nunca ha querido decirlo, y sus procesos son muy opacos. Tampoco ha explicado aún lo que hará, ni cómo. Pero lo que está claro es que si asume las indemnizaciones debe afrontar una factura millonaria, porque ya admite más de un millar de casos. Además, el equipo del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que ultima la auditoría encargada por los obispos, ya ha avanzado que recomendará indemnizar a todas las víctimas.

Las cifras de la Iglesia son caóticas, da datos contradictorios e incompletos, pero el presidente de la CEE, Juan José Omella, afirmó el sábado que “aproximadamente” ya contabiliza 1.125 casos. Si se toman como referencia otros países católicos que ya han establecido mecanismos de compensación, las cifras van de un mínimo de casi 6.000 euros que paga Bélgica de media a cada víctima, a los 62.245 por persona que ha desembolsado Irlanda, el país con los resarcimientos más elevados. Con esta horquilla, y con los casos que ya admite la CEE, en España supondría pagos de 6,7 a 70 millones de euros. Y eso considerando solo una víctima por agresor, cuando en casi todos los casos hay más, y teniendo en cuenta que el número de casos que salen a la luz no para de crecer. La propia Iglesia decía solo hace dos años que el número de denuncias era “cero o muy pocas”. Por su parte, la base de datos de EL PAÍS, la única que detalla cada caso y es de libre acceso, registra en este momento 1.303 acusados y 2.495 víctimas. Como estimación, la encuesta del informe del Defensor del Pueblo apunta que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en su infancia en ámbito religioso, porcentaje que equivale a unas 440.000 personas.

Estos son los datos sobre las indemnizaciones en seis países católicos que ya iniciaron procesos de indemnización, ordenados de mayor a menor desembolso: Irlanda ha pagado 62.245 euros de media; Australia, 53.000; Francia, 37.000; Países Bajos, 32.221; Alemania, 22.000; y Bélgica, 5.916. Todos los datos están extraídos del informe del Defensor del Pueblo. La media resultante de estos importes es 35.397 euros.

Un desembolso millonario de este tipo supondría un vuelco para la Iglesia española. A los obispos les preocupa la factura de la pederastia y lo ocurrido en otros países, desde la quiebra de diócesis en EE UU a la venta de patrimonio en Francia. “Lo que más miedo les da a los obispos es el tema económico. Están muy asustados con lo que se está pagando en otros países”, dice un alto cargo de una diócesis española, que prefiere no dar su nombre.

La Iglesia paga indemnizaciones desde hace años, pero en medio de un gran secretismo. Un juez eclesiástico, que prefiere guardar su anonimato, afirma que en el pasado los obispos “utilizaban los fondos reservados de sus diócesis para pagar el silencio de las víctimas”, casos que no aparecen reflejados en ninguna contabilidad interna. Del mismo modo, las diócesis tampoco informan de los juicios eclesiásticos que instruyen en sus tribunales, ni de las reparaciones que ordenan. El propio García-Magán, preguntado al respecto en marzo, dijo que no le constaba que ninguna diócesis u orden religiosa haya pagado ninguna indemnización por pederastia en procedimientos canónicos. Y de entrada, en este momento los obispos se niegan a desembolsar compensaciones en los casos en que el agresor haya fallecido, que son la gran mayoría de los que se conocen. Lo poco que se sabe de los procesos internos de la Iglesia es por las víctimas que han acudido a ella en busca de ayuda y relatan, la inmensa mayoría, cómo se siente maltratadas, no creídas y nunca se les ofrece una indemnización.

En la investigación del Defensor del Pueblo, solo cuatro diócesis han revelado compensaciones, de entre 600 y 47.000 euros, y otras tres lo han admitido sin aclarar la cantidad. Esas cuatro son Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 600 y 25.000) y Vitoria (5.000). Lo cierto es que resarcir a las víctimas depende de la sensibilidad y disposición de cada obispo o superior religioso, no hay ningún criterio común. Cada uno va por libre y sin ningún control. La CEE no ha emitido nunca un decreto general, una norma propia definitiva de obligado cumplimiento, que precise al detalle cómo deben actuar órdenes y diócesis en España. Por esta razón el Defensor propone un organismo conjunto, con criterios claros, donde el Estado tutele el proceso.

Las asociaciones que participaron en el foro que estableció el Defensor han solicitado que sea la propia institución la que fije los baremos e intervenga en los acuerdos de reparación. “Me ayudaría mucho que ese arbitraje, en busca de un acuerdo de reparación, que me ofrecen [los de la congregación], lo realizaseis vosotros, porque para mí sería más independiente y de confianza”, dice una víctima, cuyo testimonio está en el informe. Generalmente, las organizaciones de afectados proponen que, con lo que se entrega a la Iglesia de la recaudación del IRPF, el Estado podría afrontar indemnizaciones. Debe ser el Estado, añaden, el que garantice que se hagan estas reparaciones y que se gestionen bien.

Los únicos datos disponibles sobre reparaciones emergen de la base de datos de EL PAÍS, que recoge informaciones publicadas y resoluciones judiciales: las sentencias localizadas muestran que desde 1991 la Iglesia ha pagado, al menos 2,1 millones de euros a 230 víctimas que sufrieron abusos de 53 pederastas. Es decir, un 9,2% de las víctimas que figuran en la base de datos de este periódico. Las cuantías oscilan entre los 675 euros y los 73.000 por víctima. La media es de 10.000 euros. La gran mayoría de pagos han sido impuestos por un tribunal penal, y se desconoce si lo hizo el propio condenado de su bolsillo o lo aportó la orden o diócesis a la que pertenece. Solo en cuatro casos la Iglesia figura en las sentencias como responsable civil subsidiaria.

Las indemnizaciones de los tribunales en España son bajas, y la referencia es el baremo de los accidentes de tráfico. A diferencia de otros países como Reino Unido, Irlanda, Canadá o Australia, no existe uno oficial específico para abusos de menores. Para las víctimas, seguir la tabla de los siniestros de tráfico es un anacronismo, y constituye una de sus principales quejas. Consideran que no es aplicable a este tipo de delito.

Por otro lado, la vía civil ha comenzado a explorarse. Miguel Hurtado, la víctima que en 2019 sacó a la luz los abusos en Montserrat, presentó hace un año una demanda para reclamar a la abadía y al obispado de Sant Feliu de Llobregat una indemnización de 150.000 euros, como responsables subsidiarios. El monasterio ya había admitido los hechos tras una investigación interna, y con ese reconocimiento Hurtado ha acudido al tribunal civil a pedir una compensación por el daño.

En cuanto a las órdenes religiosas, EL PAÍS desveló en 2019 que los jesuitas pagaron 72.000 euros en 2002 a una víctima de abusos en Salamanca, uno de los primeros casos conocidos, y de los más elevados, que han salido a la luz en España. La propia víctima lo calculó de lo que se había gastado en terapia durante años. Esa cantidad queda muy lejos de lo que esa misma orden están pagando ahora. Según develó este diario en 2021, la Compañía ha establecido un tarifario que va de 5.000 euros para abusos leves; 10.000, para los considerados de daño medio; y 15.000 para los más graves. Se acuerdan en procesos llevados por un despacho de abogados y en los que se obliga a la víctima a firmar una cláusula de confidencialidad antes de negociar nada, una práctica prohibida por el Papa. A una víctima que protestó a los jesuitas por una suma que consideraba insultante, el general de la Compañía le respondió que la indemnización fue fijada “de acuerdo con distintas y recientes sentencias de los tribunales españoles para casos de abusos”.

También los maristas están exigiendo la condición del silencio. Lo hicieron en la primera gran indemnización colectiva, tras el escándalo de los colegios de la orden en Cataluña de 2016: en 2020 acordaron un pago para 25 víctimas de 400.000 euros, según anunciaron las víctimas a la prensa, aunque según la orden fueron 353.000. Oscilaron entre 4.000 y 50.000 euros. No obstante, había más de 70 víctimas, según la asociación de afectados, pero se quedaron fuera por no aceptar la cláusula de silencio.

En los últimos años los maristas han recurrido a la mediación de la asociación Betania y han llegado a pagar 35.000 euros, pero en otras ocasiones ni mencionan la posibilidad de una indemnización. Los salesianos también han comenzado a pagar cantidades similares. Pero todo en medio de un gran secretismo. Las víctimas no saben a qué atenerse cuando comienzan estos procedimientos, no hay ninguna referencia pública, ni única. Y todo depende de la suerte que tenga cada víctima, de con qué obispo o superior se encuentra.

En el informe del Defensor se recogen testimonios que constatan esta diversidad de tratamientos. En un caso, por ejemplo, el afectado dice que reclamó una suma de 180.000 euros, aunque solo recibió 40.000. La víctima medió con un despacho de abogados, no con la congregación directamente. Dice que tuvo que firmar un documento de confidencialidad que “incluye expresamente que no se podrá relatar el abuso ni las peculiaridades del proceso de reparación, ni siquiera a sus propios familiares”.

Para las víctimas españolas, el baremo de referencia es el de Irlanda, el país donde se han establecido las sumas más altas. En 2022, el Gobierno creó una Comisión de Reparación que instauró un criterio basado en la gravedad del abuso y sus secuelas. Los pagos mínimos parten de 50.000 euros y, en cinco categorías, llegan hasta los 300.000. La comisión atendió a 15.594 víctimas. Pagó, en total, 970 millones de euros, con un promedio de 62.245 por víctima, el más alto de los países analizados. La indemnización más alta fue de 300.500 euros.

Australia es el segundo país con la media más alta de indemnizaciones. El Gobierno estableció en 2018 un programa nacional vigente durante 10 años. Hasta enero de 2023, ha recibido 22.474 solicitudes. Por el momento, se han concedido compensaciones a más de 10.600 personas (el resto de las peticiones siguen en tramitación) con 939 millones de dólares australianos (unos 568 millones de euros), que equivalen a 53.000 euros de media por víctima. Cabe destacar que la comisión australiana investigó los abusos sexuales a menores en todas las instituciones públicas, no solo en el ámbito religioso.

En Francia, donde en 2021 se estimaron 330.000 víctimas en ámbito religioso, el informe encargado por los obispos estableció que la Iglesia debía asumir el coste de las reparaciones, no el Estado. La Conferencia Episcopal creó el Fondo Selam para tramitar los pagos. En 2022, 1.133 personas solicitaron una reparación. A fecha de marzo de 2023, la Iglesia francesa solo ha tramitado 190 compensaciones, de un promedio de 37.000 euros por víctima. La indemnización más alta ha sido, de momento, 60.000 euros.

En Países Bajos la Iglesia fundó un Comité de Compensación que ya ha pagado 27,7 millones de euros a 860 víctimas, reconocidas por la Iglesia. De media, pagó más de 32.221 euros por afectado. En Alemania, los obispos han establecido un proceso de reconocimiento en el que se estudia cada testimonio y luego un tribunal arbitral establece las cuantías, que llegan hasta los 50.000 euros. Es independiente de la Iglesia y está dirigido por una expresidenta del Tribunal Superior de Colonia. Entre 2021 y 2022, recibió 2.112 solicitudes, de las que 1.809 fueron aprobadas. Se pagó más de 40 millones de euros, una media de 22.000 euros por víctima. Las víctimas que sufrieron abusos graves recibieron unos 75.000 euros.

Debe subrayarse que el modelo alemán es el que ha tomado como referencia la auditoría interna encargada por la CEE al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. La comisión del bufete, que ultima su informe, plantea proponer este modelo a los obispos para aplicarlo en España, aunque sin precisar las cantidades. “Vamos a recomendarlo, una especie de ventanilla única y que organicen un sistema”, dijo el pasado marzo a este periódico el presidente del despacho, Javier Cremades, que también avanzó un cálculo de “miles de víctimas”.

Por último, Bélgica es donde se han pagado importes más reducidos. El Parlamento federal estableció en 2011 un centro de arbitraje para dar respuesta a las reparaciones. La Iglesia aceptó participar y asumir los dos tercios del coste total. Se estableció un baremo, desde 2.500 euros a 25.000 para los episodios más graves. El centro abonó casi tres millones de euros a 507 víctimas, casi 6.000 euros de media.

Estados Unidos es un caso aparte. La Iglesia estadounidense ha afrontado el problema con dos estrategias. Una es la de la diócesis de San Francisco, obligada a declararse en bancarrota para mantener su actividad económica y afrontar las demandas. La ley de quiebras de EE UU permite que la diócesis u orden acumule todas las demandas en un solo tribunal y pueda negociar un acuerdo general, en lugar de enfrentarse a cada caso individualmente. La segunda estrategia es resolver las reparaciones con acuerdos extrajudiciales. Por ejemplo, la archidiócesis de Los Ángeles, en California, pagó en 2007 unos 660 millones de dólares (más 554 millones de euros) a 500 víctimas, casi un millón de dólares a cada afectado. Las cantidades son enormes y rebasan con creces los 320 millones de euros que, por ejemplo, percibieron este año las 70 diócesis españolas por la casilla de la Renta. A diferencia de EE UU, donde los delitos de pederastia son imprescriptibles en 21 de los 55 estados, en España la mayoría de los casos han prescrito, por lo que las víctimas no tienen ninguna posibilidad de reparación, salvo que la Iglesia quiera hacerlo voluntariamente.

En España, otra de las grandes incógnitas es cómo pagaría la Iglesia estas reparaciones millonarias. La memoria anual de actividades de la CEE de 2021, la última disponible, cifra los ingresos finales en más de 49 millones de euros (1.142 millones de euros de ingresos menos 1.093 millones de gastos). Cabe destacar que la mitad de los recursos que recibe la Iglesia son de aportaciones de fieles (más de 310 millones en 2020) y de la asignación tributaria (237 millones en 2020). Son donaciones finalistas, es decir, aportaciones que conllevan la voluntad expresa del donante de destinarlas a una finalidad concreta: los servicios pastorales de la Iglesia, el sostenimiento de sus trabajadores y la amplia labor social que realiza. Por lo que la institución no puede utilizar estos recursos para pagar indemnizaciones.

Ante esta misma situación se ha enfrentado la Iglesia francesa. Tras publicar en 2021 el informe interno que estimaba en 330.000 las víctimas de abusos, planea ahora vender su patrimonio para fijar un fondo común y hacer frente a los pagos de las reparaciones. Este puede ser otra acción que pueden emular los obispos españoles.