La archidiócesis de San Francisco se declara en bancarrota tras cientos de denuncias de abuso sexual

Cientos de casos de abuso sexual obligan a la Iglesia católica de San Francisco a declararse en bancarrota. A través de un comunicado, los responsables de 88 parroquias de tres condados de la bahía han anunciado la decisión. Argumentan que el proceso es necesario, pues les ayudará a “gestionar y resolver” en los tribunales más de 500 denuncias de delitos sexuales perpetrados por sus religiosos y ocurridos entre las décadas de los 60 y los 80. La estrategia legal, conocida como Capítulo 11 en la legislación estadounidense, ha sido muy socorrida por otras archidiócesis que enfrentan la misma problemática.

“La desafortunada realidad es que la archidiócesis no tiene ni los recursos suficientes ni la habilidad práctica para litigar de forma individual todas estas demandas de abuso sexual”, señala el arzobispo Salvatore Cordileone en el comunicado de la Iglesia, que se hizo público la noche del lunes. “Es la mejor forma de darle a los sobrevivientes la muy necesaria resolución”, añadió el religioso. La mayoría de estos casos se resuelven en Estados Unidos a través de acuerdos extrajudiciales, una forma en la que los responsables de los delitos evitan un juicio público que puede sacar a la luz detalles escabrosos.

La archidiócesis ha informado que el proceso, que se llevará a cabo en el distrito judicial del norte de California, permite que cada una de las demandas sea evaluada por sus propios méritos, algo que pretende añadir “transparencia” en el pago de daños a las víctimas de la pederastia clerical. “Este es un proceso supervisado por el tribunal [...] que le da voz a quienes reclaman”, señala el documento. La diócesis afirma que todos los casos son antiguos e involucran a sacerdotes “que ya no ejercen el ministerio o que han fallecido”.

Cordileone ha aprovechado el anuncio para asegurar que hoy en día “son muy raros” los casos de abuso. “Gracias a las medidas de educación y prevención que hemos puesto en marcha, creo que la Iglesia ha puesto a otras organizaciones un ejemplo de los estándares, lo que muestra lo que se puede y debe hacer para proteger a nuestros niños”, aseveró. Entre las medidas adoptadas estuvo el análisis de antecedentes de todos los pastores y trabajadores sociales que llegaban a las parroquias, la implementación de terapias y asistencia a los sobrevivientes de abuso, además de la remoción del ministerio de los religiosos señalados. El arzobispo afirma que su diócesis, que sirve a unos 442.000 católicos, comenzó a hacer cambios incluso antes que la Convención General adoptara un plan de protección a los menores en 2002.

Esta es la segunda ocasión en que la Iglesia católica local enfrenta una ola de demandas de este tipo. El Gobierno de California creó hace veinte años una ventana que permitía a los sobrevivientes acudir a los tribunales a denunciar abusos que habían prescrito en el sistema judicial. El Ejecutivo local, aprovechando los reclamos del movimiento MeToo, recurrió en 2019 a inaugurar un periodo similar para que las víctimas emprendieran reclamos judiciales por la vía civil. El plazo estaba vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado. De acuerdo con la archidiócesis, “un número significativo de las demandas incluyen a personas anónimas o con nombre desconocido”.

De acuerdo con la archidiócesis, estos dos momentos hicieron que la Iglesia católica desembolsara unos 70 millones de dólares para llegar a acuerdos extrajudiciales con los supervivientes de abuso. Este dinero fue obtenido mediante el uso de primas de seguro y con la venta de propiedades que la institución tenía en los condados de San Francisco, San Mateo y Marin. El monseñor Cordileone afirma que las contribuciones y limosnas que dan los feligreses no serán utilizados para resolver las demandas por abuso. “Según un principio legal y moral muy antiguo, siempre debe respetarse la intención del donante”, explica el arzobispo en otra carta.

Esta es la tercera diócesis del área de San Francisco que tiene que recurrir a la bancarrota para hacer frente a un alud de acusaciones. Este mismo año, las representaciones católicas en la ciudad de Oakland y Santa Rosa adoptaron la misma vía. La de Oakland enfrenta unos 330 presuntos casos de pederastia clerical, mientras que Santa Rosa, al norte de San Francisco, asegura que tiene pendiente saldar unas 150 demandas presentadas en los últimos años. En 2007, la archidiócesis de Los Ángeles, la más importante de California, pago una indemnización récord de 660 millones de dólares a víctimas de los abusos clericales. Es solo una de 22 diócesis que han llegado a millonarios acuerdos extrajudiciales con los supervivientes de estos delitos.