Ángel Gabilondo: “La Iglesia debería comprometerse con toda rotundidad a colaborar en la reparación de las víctimas”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo (San Sebastián, 74 años), presentó el pasado viernes el esperado informe sobre la pederastia en la Iglesia con un discurso severo y unos resultados que causaron un gran impacto: según una encuesta incluida en el estudio, un 1,13% de la población española ha sufrido abusos en su infancia en ámbitos eclesiásticos, un porcentaje equivalente a unas 440.000 personas, desde 1945, y un 0,6%, a manos de curas o religiosos. Gabilondo no fue clemente con la Iglesia, a la que recriminó su actitud en el pasado y en el presente. El documento también incluye propuestas como crear un fondo estatal para indemnizar a las víctimas y un organismo que reconozca el estatus de víctimas a los afectados. Ayer jueves entregó el informe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el próximo día 8 se reunirá con la comisión ejecutiva de los obispos para dárselo a conocer oficialmente. “Va a haber un antes y un después. No solo por el documento, sino porque algo ha cambiado en la sociedad”, repite. “Entre todos los escándalos que pueden dañar la imagen de la Iglesia, ninguno sería mayor que silenciar y no responder a este asunto. Sería el escándalo de los escándalos”.

Pregunta. Parece que a los obispos no les ha gustado mucho su informe.

Respuesta. La Conferencia Episcopal es muy plural. Tengo constancia de que a algunos obispos les parece muy bien el informe y están dispuestos a abordar, con todas las consecuencias, lo que en él se dice. Supongo que también dentro habrá resistencia. La mayor inquietud que muestran es por el alcance que se le da numéricamente, pero son muy conscientes de que ya es ineludible afrontar la situación. Se han producido demasiados movimientos en la propia sociedad y también en el seno de la Iglesia, que empezó muy reticente y que ahora ha comprendido que inexorablemente tendrá que colaborar.

P. ¿Qué le ha parecido que el cardenal Juan José Omella, presidente de los obispos, diga que calcular los porcentajes de su encuesta sea “mentir” y se haga “con intención de engañar”?

R. Lo que puedo decir es que hicimos una encuesta con todas las garantías con los procesos demoscópicos y de los estudios sociológicos. Que el 0,6% de los encuestados digan que ha sufrido abusos por un religioso o un sacerdote es un dato incontestable. Estamos hablando de un asunto de gran importancia y de extensión. No es un problema minoritario, como en un principio quería señalar [la Iglesia]. Aunque no soy muy partidario de hacer extrapolaciones.

P. Pero, ¿cree que es legítimo hacerlo? Los medios las hacemos todos los días.

R. No voy a reñir a los que hacen extrapolaciones. Digo que yo no las hago.

P. ¿Cree que la Iglesia ha tomado conciencia del problema, si su primera reacción ha sido poner en duda la encuesta?

R. Si alguno cree que no se debe calcular la cifra, que no la calcule. Lo que sí sabemos es que es, con toda claridad, un asunto de gran importancia, de alcance y de extensión. Eso debe interiorizarlo la Iglesia. No es un asunto minoritario. Exige una respuesta decidida.

P. Usted conoció muy bien la Iglesia de otra época, estuvo en ella y luego se alejó. Ahora ha tenido que volver a hablar con obispos, sacerdotes. ¿Ha cambiado?

R. Hay una parte de la Iglesia que no ha cambiado. Eso es evidente. También hay una dinámica de pluralidad que ha llegado a la Iglesia. Otra cosa es que se imponga en el debate. Ahora se trata de que entre todos, la sociedad, los medios y los ámbitos políticos, hagamos fuerza, no digo presión, para que en esos sectores tengan una voz muy contundente aquellos que consideran que el asunto no puede seguir así y que es imprescindible un cambio rotundo de la posición.

P. ¿Ve entonces una división en la Iglesia?

R. La Iglesia tiene la voluntad, como pasa en todas las instituciones, de mostrarse muy homogénea. Pero tenemos consciencia de que hay posiciones muy diferentes sobre este tema. Hemos visto a algunos obispos que verdaderamente se han mostrado con mucha voluntad de afrontar esto.

P. La voz oficial de los obispos no parece que sea del bando que quiere cambiar el discurso.

R. La palabra oficial suele llevar una cierta idea de un discurso más bien conservador.

P. ¿Era ese sector conservador al que se refería hace más de un año cuando dijo que había “gente trabajando activamente para que esto no salga adelante”?

R. Hay personas que reabren la legitimidad [del Defensor]. Procuremos no hacer debates infecundos para obviar lo decisivo: la reparación de las víctimas y la dilucidación de lo sucedido. Sobre esto último tengo la impresión de que hay que decir más y para eso es importante que se abran los archivos de la Iglesia. Sé que el Concordato impide que podamos exigirlo, pero ellos los pueden abrir voluntariamente. Que se organice lo que hay ahí, que se pueda estudiar seriamente y que se estipule lo sucedido. Si luego resulta que no hay para tanto, pues se dice.

P. La Iglesia ha dado información incompleta en muchos casos. ¿A qué obedece esa decisión?

R. Cuando recibimos seis volúmenes, nos dejaron un poco desalentados. En la mayoría solo había protocolos de prevención. Y en el único que tenía casos, los datos eran demasiado enigmáticos. Al final tuvimos que decidir, cosa que a algunos les puede gustar más o menos, poner cada referencia con su fuente y por separado. Era imposible conjugar los casos que habíamos recibido de la Iglesia y los que habíamos recibido por otras fuentes.

P. ¿Por qué no han cruzado los datos? No han querido dar una cifra mínima de casos.

R. No hemos sido capaces. Las diócesis y las congregaciones nos mandaron un número de víctimas y de casos, pero luego la Conferencia nos envían su informe Para dar luz con un número de víctimas y casos que, dicen, están sacado también de las diócesis y congregaciones. Y los números no coinciden. Para sumarlos todos habría que ir caso por caso.

Muchos han ido a informar a alguien de lo que ha sucedido y eso se ha silenciado

P. Podrían haber empleado más tiempo para hacerlo.

R. No teníamos datos para hacerlo rigurosamente. Los datos que tenemos están ahí estipulados. Lo que nos preocupaba más era la singularidad de los testimonios, que es la parte central del trabajo. En ellos se ve que muchos han ido a informar a alguien de lo que ha sucedido y eso se ha silenciado. Esto es lo que nos importaba más: que se vea el efecto devastador de lo sucedido y que se tomen medidas para afrontarlo, la urgencia y la emergencia en la que se encuentran esas personas.

P. Entonces, ¿no va a hacer públicas las listas de los casos donde aparecen iniciales de los agresores, fechas y lugares?

R. En principio, no. La información que nosotros tenemos no es para esconderla, pero tengo que decir que esto es un informe para el Congreso de los Diputados. Si se debe hacer, debería decirlo el Congreso. También hay una razón por la que no se ha hecho: por las víctimas. Muchas han venido aquí con temor. No tienen ninguna voluntad de ser identificadas, ni que su caso sea conocido o señalado. Quieren la máxima confidencialidad.

P. El encubrimiento es una laguna del informe. Apenas habla de eso y ustedes tenían casos para investigarlo. ¿Por qué no han hecho una lista con los casos donde hubo encubrimiento?

R. La Iglesia reconoce que no ha obrado bien. Querer dar un número de los casos que han sido tapados, sinceramente para nosotros no nos añade valor al informe. También puedo decir que no es una circunstancia fácil de decir públicamente: “Hemos encubierto”, pero sí es verdad que esto era un asunto que no se abordaba directamente. No se pensaba en las víctimas.

P. ¿Cree que la Iglesia tiene miedo de abordar el papel de los obispos en los abusos?

R. No hemos tenido ninguna información de obispos que hayan abusado, sinceramente.

P. La propuesta de crear un fondo común para compensar a las víctimas en la que colabore el Estado ha tenido críticas. Una víctima ha dicho que después de rescatar a los bancos vamos a rescatar a la Iglesia, y una carta a la directora de EL PAÍS decía: que cada palo aguante su vela.

R. ¿Qué significa que cada palo aguante su vela? ¿Que cada víctima vaya a su congregación o diócesis a contar qué le ha pasado y pida que le den una reparación? Ese camino me parece que no es muy realista. El Estado debe garantizar que se va a recibir esa reparación. Podríamos decir: que lo pague solo la Iglesia. ¿Y qué pasa si la Iglesia no repara a las víctimas? El Estado es el garante. Es necesario un órgano administrativo que determine quién tiene la condición de víctima y, luego, a qué da derecho eso. Pero no para decir que la Iglesia no tiene que poner ningún recurso económico.

La Iglesia debería decir que se compromete con toda rotundidad a colaborar en la reparación

P. ¿Y qué le parece que además los obispos condicionen su participación a que se indemnice a todas las víctimas?

R. No me gusta que se pongan condiciones. Deberíamos ser bastante incondicionales en esto. Estoy de acuerdo en que hay que reparar económicamente a todas las víctimas. Pero, a veces, la universalización es una forma de impedir que ocurra algo concreto. Es muy frecuente decir: “No estoy en contra, pero habría que hacer también esto. También, también...”. El resultado final es que ya parece más inviable que se haga lo concreto.

P. ¿Cree que es lo que intenta la Iglesia?

R. Espero que no. Lo que sí creo es que la Iglesia debería decir que se compromete con toda rotundidad a colaborar en la reparación. Luego, ¿que todo el abuso sexual a menores es un asunto importante en España y que hay que abordarlo? Por supuesto. Pero si se ha hecho este informe en concreto en la Iglesia, se le pide una responsabilidad y una ejemplaridad. No solo respecto al abuso mismo, sino por la respuesta que han dado al abuso. Muchas personas están mal, no solo por lo que les sucedió, sino por la respuesta que han encontrado. No creo que debamos hacer una vinculación explícita con todos los abusos a menores. Eso dificultará, si no paralizará, la próxima ejecución de esa reparación.

P. Sobre la respuesta de la Iglesia el informe es crítico con los juicios eclesiásticos.

R. Sí. Los procesos canónicos no han sido adecuados. Son procesos donde las víctimas desaparecían. No tenían información sobre cómo se iban produciendo, ni sabían en qué estado se encontraba. Siguen sin informar parte del proceso canónico.

P. Hay víctimas que también critican que el informe no proponga que la imprescriptibilidad de estos delitos.

R. Hay una cosa que es la seguridad jurídica, que es determinante en la prescriptibilidad. Una cosa que ya ha prescrito no puede ser retroactivamente considerada y como nuestra prioridad, insisto, son las víctimas y ni estamos queriendo hacer unas transformación del derecho penal, vemos que la imprescriptibilidad no nos añadía en este momento ningún valor respecto de la recuperación.

P. Pero lo han pedido muchas víctimas, y si estas son lo primero...

R. Muchas no. Con el derecho penal hay que tener cuidado cuando se hacen propuestas, como se ha podido ver estos años. Nos parecía demasiado ambicioso y poco realista. Encuentro legítimo que alguno lo defienda y lo solicite. Queríamos buscar una solución respecto a las víctimas. Porque mucho más importante que el que esté prescrito es que haya una responsabilidad civil que permita que estas personas puedan ser reconocidas como víctimas y sean reparadas.

P. Hay víctimas a quienes les ha decepcionado el informe. ¿Qué les puede decir?

R. Yo lo comprendo. Hay todo tipo de víctimas con diferentes visiones. Es muy difícil satisfacer o dar la respuesta a todas. Sé que si las víctimas hicieran un informe, sería muy distinto a este. Pero, aunque ellas sean una prioridad en el informe, no significa que sean ellas las que lo dicten.

P. ¿Se ha sentido en una carrera con el despacho de Cremades & Calvo-Sotelo, que hace la auditoría para la Iglesia, para presentar antes el informe? ¿Han corrido para acabarlo antes?

R. No. Nosotros no hemos jugado al juego del pañuelo. Pero no queríamos perder tiempo y notábamos urgencia y la presión de las víctimas. Hubo una víctima que quiso hablar con nosotros y antes de conversar falleció. Eso nos impactó tanto...

Con la memoria histórica se empezó con un informe, luego una comisión y se acabó haciendo una ley

P. Usted ha dicho que el informe es el principio de algo más grande.

R. Espero que el Congreso tome medidas ejecutivas. Aún tengo que presentar el informe en el pleno y escuchar lo que dicen los grupos parlamentarios y que tomen medidas. Creo que hay que tomarlas y hay distintos caminos. Recuerdo que con la memoria histórica se empezó con un informe, luego una comisión y se acabó haciendo una ley. Es el inicio de un camino y espero que vaya lejos.

P. ¿Cuáles son las cosas más elementales que podría hacer el Congreso?

R. Generar un espacio, como una comisión o subcomisión, para abordar este tema institucionalmente, para determinar un órgano público para la reparación o para reconocer el estatus de víctima de abusos sexuales.

P. La encomienda del Congreso fue votada por una gran mayoría. ¿Le sorprende que algunos partidos no se hayan pronunciado todavía?

R. Son tiempos muy singulares para pronunciarse sobre distintos asuntos. Yo espero que, con independencia de las convicciones, esto no sea un debate entre católicos y no católicos. Esto es un asunto de derecho.

P. ¿Humanamente, este trabajo le ha impactado?

R. Sí, me ha impactado. Pero no ha sido un choque. Es una lluvia densa que realmente te pone en otro lugar. Por razones humanas, por razones democráticas no es posible esta suerte de silencio injusto, que las víctimas tengan que ir arrastrando esa penuria interior sin que la sociedad les dé respuestas.