Los obispos solo participarán en un fondo de indemnizaciones con el Estado si incluye a “todas las víctimas”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos se han mostrado este lunes a la defensiva, eluden la gravedad de la magnitud de las cifras sobre la pederastia del clero que salen a la luz y, por último, limitan y diluyen su responsabilidad, enmarcándola en un fenómeno que afecta a toda la sociedad y solo en pequeña parte a la Iglesia. Esa ha sido la respuesta del presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el cardenal Juan José Omella, y el portavoz de la institución, César García-Magán, después de cuatro días, al severo informe del Defensor del Pueblo presentado el viernes. Los obispos tampoco han cogido la mano que les tendió el Defensor en sus conclusiones, con la propuesta de un fondo común con el Estado para indemnizar a las víctimas. La CEE, por el contrario, condiciona su participación en esa iniciativa a que beneficie a todas las víctimas de pederastia de cualquier ámbito, no solo de la Iglesia, “de otro modo se crearían víctimas de primera y de segunda clase”. Según la encuesta del Defensor, un 11,7% de la población ha sufrido abusos en su infancia.

El estudio contiene una amplia encuesta a 8.000 ciudadanos que estima que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en la infancia en ámbito religioso, un porcentaje que según los cálculos de EL PAÍS equivale a unas 440.000 personas. El Defensor, en su rueda de prensa, se negó explícitamente a hacer esa regla de tres porque no quería entrar en el debate de dar números absolutos de la encuesta, aunque invitó a los periodistas a hacer las cuentas. Omella volvió a desacreditar esas cifras como una extrapolación que es “mentira”: “Realmente si seguimos las cuentas matemáticas yo creo que estaríamos metidos en esa dinámica de los abusos. Ustedes y yo”. Aunque matizó: “Somos todos de letras y no de matemáticas”.

“La sociedad entera sabe sumar y entonces dice: ‘Bueno, esto de dónde sale’. No sabemos cómo han hecho la encuesta, qué tipo de preguntas han hecho”, prosiguió el cardenal, a pesar de que el informe dedica 23 páginas a explicar la metodología y los resultados de la encuesta (realizada por GAD3), con profusión de datos y tablas. “Es decir, hay una opacidad para llegar a una conclusión que no la vemos lógica. (...) ¿A cuánto nos toca a cada uno? Y esto es lo que hay de desmentir. ¿Qué intencionalidad hay de vender esa cifra? Creo que es evidente, por eso salí con esa decisión estilo Omella, estilo pueblo: ‘Esto es mentira”, dijo en referencia a un tuit que difundió el sábado. “No corresponde a la realidad. Y el Defensor del pueblo no da esos datos”. El presidente de los obispos no quiso responder, a preguntas de la prensa, a cuántas personas equivale, en su opinión, un 1,13% de la población.

El portavoz de los obispos, César García-Magán, también censuró que “extender una sombra de oscuridad y de sospecha a todos los sacerdotes y a todos los consagrados, aparte de no ser verdadero, es injusto. Falso e injusto”. Añadió, en referencia al 11,7% de abusos en toda la sociedad: “Si mantuviéramos esa extrapolación que se ha hecho de datos, se ha hablado de 440.000, habría 4,5 millones de personas. Entonces, si jugamos, entramos en esa dialéctica, el titular habría sido ese. Se ve que es una barbaridad. Las víctimas no son un número, no podemos jugar encerrados en los números porque creo que sería una falta de respeto. Es un problema social que también ha estado en la Iglesia y que no es una cuestión de titulares”.

El secretario general ha afirmado que las encuestas demoscópicas tienen “un margen de error de un +/- 1%” y que en el estudio del Defensor “hay un factor de corrección” sobre la estimación. De ser así, eso significaría que el número estimado de cifras podría ser menor, como ha insinuado César-Magán, pero de igual forma también podría ser mayor.

Los obispos insisten en que los datos que los medios han extraído de los porcentajes están mal hechos. Lo cierto es que en el informe del Defensor queda bien definido a qué hace referencia cada uno de ellos. Del total de la población residente en España entre 18 y 90 años (38,9 millones de personas), un 1,13% sufrió abusos en entornos religiosos (unas 440.000 víctimas) y un 0,6%, por un cura o un religioso (más de 220.000).

Además de eludir el debate de números y la envergadura del problema —“porque lo que nos importa son las víctimas, no las cifras” y “no debemos basarnos en el tema cuantitativo, en la cantidad, sino en la cualidad”—, el otro gran argumento de la rueda de prensa ha sido el de reducir ese problema a una pequeña parte del total. Algo que relacionaron directamente con la propuesta de Gabilondo de compensar conjuntamente a las víctimas: “Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, estaríamos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos, pero si eso no fuera así, la Iglesia como de hecho ya está haciendo, tendría su propio proceso de reparación integral para las propias víctimas”, explicó García-Magán. “Para no crear una discriminación entre víctimas, como decíamos, si queremos afrontar de verdad la raíz del problema, habría que prestar esa atención necesaria e integral a todas”, argumentó, y señaló que si hay víctimas que quedan excluidas “no parece que se mantenga ese principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos”. En cuanto a la labor que, afirman los obispos, ya están realizando con las indemnizaciones, lo cierto es que en el informe del Defensor solo siete diócesis admiten haberlas pagado en alguna ocasión (Cartagena, Mallorca, Tui-Vigo, Vitoria, Barcelona, Bilbao y Madrid) en las últimas décadas.

Ninguno de los dos dirigentes episcopales ha querido aclarar por qué hasta hace apenas dos años la Iglesia negaba la existencia de casos y ahora ya reconoce un millar, ni si alguien asumirá responsabilidades por ello. Tampoco han explicado cuándo la Iglesia dará una lista clara, única y transparente de casos, con los detalles de cada uno, pues ahora mismo las cifras de cada instancia son contradictorias y la información es muy opaca. “El tema de las cifras es muy complicado. Vamos poco a poco, a medida que vamos avanzando van apareciendo más casos, van algunos denunciando, algunos que se habían callado. (...) Yo creo que la actitud que en estos momentos tenemos unos más que otros es buscar la verdad”, respondió Omella.

Lo más parecido a una autocrítica que hizo el cardenal, tras pedir perdón a las víctimas, fue esta frase, que incluye un reconocimiento expreso del encubrimiento rutinario de los casos en el pasado: “Todos aprendemos tarde. Durante siglos hemos vivido con la esclavitud, y al final la sociedad y la Iglesia se dio cuenta de que era un grave error. Y la esclavitud se abolió. Hemos aprendido cuánto tiempo hemos sido conscientes de esos abusos en la familia y en la Iglesia. Quitábamos a la persona de su lugar hasta que hemos tomado conciencia de que eso era una lacra. Hemos aprendido a estar cerca, escuchar a las víctimas. Es horrible lo que ellos han vivido y cuando te lo cuentan se te pone la piel de gallina”.

Preguntado por la labor de los medios, tras su ataque a las extrapolaciones que aseguró que parte de la prensa hacía “con intención de engañar”, Omella admitió: “Tengo que dar gracias porque los periodistas nos han hecho un gran servicio dándonos luz en muchas cosas y hay que agradecerlo. Eso no quita que también alguna vez, como nosotros, metemos la pata y cometemos errores. (...) Todos hemos andado un poco en arenas movedizas. Yo creo que la actitud que en estos momentos tenemos unos más que otros es de buscar la verdad”.

Omella y García-Magán eludieron responder por qué muchas diócesis y órdenes no han proporcionado datos completos de sus casos y por qué no se investigan y reconocen los casos de encubrimiento. El secretario general respondió que a día de hoy no conoce ningún caso enjuiciado. Ni siquiera quiso valorar un caso concreto de su diócesis, la de Toledo, donde es obispo auxiliar, porque argumentó que estaba en la rueda de prensa como secretario general de la CEE. Se trata de la condena a siete años de cárcel a un cura, una sentencia donde se incluye en los hechos probados que el obispado lo supo en 2009, y tardó 12 años en tomar medidas cautelares contra el sacerdote.