Preguntas y respuestas sobre el informe de pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La entrega del informe del Defensor del Pueblo sobre pederastia en la Iglesia católica ha causado un terremoto, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Estima, según una encuesta a más de 8.000 personas, que un 1,13% de la población, unas 440.000 personas, ha sufrido abusos en el clero, un dato que ha descolocado a la Iglesia española. El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el cardenal Juan José Omella, ha arremetido contra los medios por extrapolar los resultados de la encuesta con una “mentira”. La Iglesia aún debe dar una respuesta oficial al informe y los obispos se reúnen hoy, lunes, en una asamblea extraordinaria convocada de urgencia el viernes, un hecho insólito. El informe, de 779 páginas, aporta un enorme caudal de información y datos que plantean muchas preguntas y cifras que necesitan un contexto. Esta es una breve guía para interpretarlo.

¿Qué dice la encuesta del Defensor y por qué la critica la Iglesia?

El Defensor del Pueblo reconoce que no ha sido capaz de dar números exactos de casos conocidos, porque los que ha comunicado la Iglesia son incompletos, sin nombres y a veces ni fecha ni lugar de los hechos. Por eso no ha podido sumarlos con los recabados por su oficina de atención (487 entrevistas) y los contabilizados por EL PAÍS, que en su base de datos abierta, la única existente, registra en este momento 1.036 acusados. Como segundo pilar del estudio, ha encargado una encuesta a la empresa GAD3. Según argumenta en el documento, “cuantificar la dimensión del problema es siempre una necesidad si se quiere conocer la relevancia y alcance de un fenómeno que es social y no solo individual”. “En relación con el problema aquí examinado —añade—, la necesidad de disponer de datos cuantitativos deriva además de que con frecuencia se ha negado, desde ciertos actores (en general sin aportar datos) que los abusos en el seno de la Iglesia católica representen un problema muy extendido”.

La encuesta, realizada a más de 8.000 personas, indica que un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en la infancia en el ámbito eclesiástico, una cifra que supone unas 440.000 personas. Ángel Gabilondo, consciente de la magnitud del problema que refleja la encuesta y de que sería el centro de la polémica, se negó expresamente en la rueda de prensa a hacer ese cálculo a partir del porcentaje y entrar en ese debate: “No quiero hacer extrapolaciones”. Pero indicó que cualquiera podía hacer la cuenta si se considera que “en España hay 47 millones de habitantes y 8,2 millones de menores”. Además, defendió la solvencia de la encuesta. Para el presidente de la CEE, “las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”.

Profesionales del sector demoscópico consultados señalan que las 8.000 personas encuestadas componen “una muy buena muestra, muy potente”. Admiten que los estudios raramente traducen sus porcentajes en números absolutos, pero que está asumido que es práctica habitual en los medios y si ahora se discute es porque se trata de un asunto controvertido. Subrayan que, más allá de una cifra concreta, está claro que la encuesta está revelando “cientos de miles de casos”. Sí indican que a la hora de extrapolar en cifras absolutas se puede objetar que se habla de hechos del pasado y el cuerpo de la población no es el mismo, pero por otro lado debe considerarse la cifra oculta: “En encuestas de abusos hay siempre una cifra oculta, no todos los que los han sufrido lo cuentan, y la cifra final en todo caso estaría rebajada, no sobreestimada”, señala uno de ellos. La cifra oculta en este tipo de delitos llega al 80% y 90% de los casos, según los estudios.

Las primeras cifras oficiales sobre esta lacra rompen uno de los primeros argumentos de defensa de la Iglesia, que hasta ahora alegaba la ausencia de datos para decir que el problema no existía. Por otro lado, siempre ha esgrimido que los abusos a menores en la Iglesia son solo una pequeña parte de un problema que afecta sobre todo a la familia y otros entornos, algo que el informe confirma: la encuesta señala que un 11,7% de la población los ha sufrido, y la mayoría, un 34,1%, en el ámbito familiar.

La Iglesia ha recurrido estos años a los datos de un estudio de la Fundación ANAR de 2020, basado en las llamadas de menores a su teléfono de ayuda de 2008 a 2019 —no se refiere a casos del pasado— y que sitúan los abusos en el ámbito religioso en un 0,2%. Pero es un trabajo que no resiste comparación con la encuesta del Defensor del Pueblo, según una de las autoras del informe, Noemi Pereda, profesora de Victimología en la Universidad de Barcelona: “Los datos de la Fundación ANAR hacen referencia a niños y niñas que llaman a la entidad buscando ayuda. Generalmente, son niños y niñas que sufren abuso por parte de alguien cercano y no tienen apoyo en su familia. (...) Los datos del Defensor del Pueblo refieren a adultos que responden a una encuesta anónima de victimización. Y, en la mayoría de casos, son personas que no han denunciado su experiencia. Forman parte de la denominada cifra negra o cifra oculta de la victimización. (...) Son muchas las víctimas que no hablan en toda su vida. Los casos del informe de la Fundación ANAR son niños y niñas, mientras que los del informe del Defensor del Pueblo son adultos que reportan sus experiencias en la infancia. Uno es un estudio basado en denuncias y el otro en una encuesta de autorreporte. Y no pueden compararse”.

Al margen de la encuesta, ¿cuántos casos de pederastia se conocen en la Iglesia española?

La única base de datos abierta y detallada es la de EL PAÍS, que se actualiza constantemente y en este momento contabiliza 1.036 acusados y 2.206 víctimas. Reúne todos los casos conocidos por distintas vías: los casos publicados por el diario y otros medios, sentencias judiciales, los admitidos por las instituciones religiosas. El Defensor, por su parte, ha entrevistado a 487 víctimas, muchas de las cuales ya habían escrito a EL PAÍS, y próximamente será posible cruzar esos casos con los de este diario para añadir los que son nuevos a la base de datos del diario.

En cuanto a la Iglesia, que es quien más luz podría arrojar, siempre se ha negado a dar información de lo que sabe y cuando lo ha hecho, siempre es opaca e incompleta. Es un caos de cifras y datos ocultos. En esta ocasión, ha enviado datos al Defensor, pero de forma descoordinada, contradictoria y sin los detalles que permiten poder contabilizarlos (nombre o iniciales del agresor, lugar de los hechos, fecha). En primer lugar, diócesis y órdenes admiten al Defensor, en total, 974 agresores y 1.385 víctimas (902 de órdenes y 483 de diócesis). Pero no dan detalles y no se puede saber si son nuevos o ya conocidos. Por su parte, la CEE da sus propios datos, las denuncias recogidas en las oficinas de atención a víctimas que los obispados tuvieron que crear en 2020, obligados por el Papa: son, hasta 2022, 728 agresores y 927 víctimas. De nuevo, la CEE no aclara si hay casos duplicados o se deben sumar a los de diócesis y órdenes.

Por último, el presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, dio el sábado otra cifra distinta en un tuit: 1.125 casos “aproximadamente”. Contribuye a la confusión que a veces la Iglesia habla de “casos” en alusión a agresores o también a denuncias, que pueden involucrar a más de un agresor y más de una víctima. En todo caso, lo relevante es que, hasta hace dos años, la CEE aseguraba que apenas existían casos en España, y ahora ya reconocen cerca de un millar.

¿La Iglesia ha aportado al Defensor toda la información que tiene sobre los abusos?

No, la Iglesia critica las estimaciones de casos, pero al mismo tiempo sigue ocultando la información necesaria para que aflore la verdad e impide la revisión de sus archivos. EL PAÍS lleva cinco años preguntando a diócesis y congregaciones por los casos que conocen, con escasas respuestas. Cada orden religiosa, más de 400, y cada diócesis, un total de 70, va por libre y ha decidido según su criterio si colabora o no con el Defensor, y de qué manera. Por ejemplo, 27 diócesis, el 38% del total, no respondieron a la segunda carta del Defensor, enviada en mayo de 2023, para que completaran la información que habían enviado. La de Vic no respondió nunca, “solo cuestionó la encomienda del Congreso y criticó la investigación por considerar su objetivo sesgado”. “No todos los obispos han colaborado y alguno nos ha reñido”, resumió el Defensor.

Algunas de las diócesis más reacias a colaborar y que prácticamente no aportaron información fueron las de Oviedo, Sant Feliu de Llobregat, Almería, Menorca, Ibiza, Mondoñedo-Ferrol y Málaga. Esta última replicó que se ha negado a investigar los casos remitidos por EL PAÍS por considerarlos “meras especulaciones o murmuraciones”, según el informe, cuando lo cierto es que este diario ha publicado este mes seis casos que este obispado ha encubierto y ocultado en los últimos años.

Por el contrario, el estudio cita como ejemplos de buena colaboración a las diócesis de Cartagena, Santiago de Compostela, Girona, San Sebastián, Lleida, Guadix, Alcalá, Tarragona, Sevilla, León y Pamplona. Como hecho llamativo, varias diócesis afirman no haber tenido nunca noticia o denuncia de ningún caso (Albacete, Huelva, Málaga, Segovia, Osma-Soria, Huesca y la castrense), si bien las cuatro primeras conocen casos que les ha remitido EL PAÍS.

La Iglesia ha torpedeado el intento de establecer un registro homogéneo de los casos conocidos, pues ninguna diócesis ni orden ha aportado la identidad del agresor y otros detalles básicos de cada caso que permiten incorporarlos a una contabilidad única. Jesuitas y maristas, por ejemplo, dos de las órdenes con más casos, ocultan casi todos los datos y solo informan de la comunidad autónoma donde se produjeron los hechos.

También ha sido incompleta la información remitida de los archivos diocesanos y los llamados archivos secretos, de material reservado. “No puede decirse que las distintas instancias eclesiásticas responsables de estos archivos hayan emprendido una investigación sistemática para esclarecer todos los sucesos”, lamenta el Defensor. Es más, en muchos casos no ha quedado claro lo que contienen esos archivos, o si solo se han consultado o se han revisado por completo. El Defensor pide que haya libre acceso a los investigadores, si bien el concordato de 1979 con la Santa Sede garantiza la “inviolabilidad” de los archivos y registros de la Iglesia.

¿Cómo se ha investigado en otros países?

España ha sido casi el último gran país católico en investigar oficialmente la pederastia, solo queda pendiente en Italia. Por eso hay muchos modelos a seguir y el informe del Defensor analiza los ejemplos de 19 países. En algunos de ellos también se hicieron encuestas de prevalencia de los abusos en la Iglesia, con resultados similares, aunque la comparación debe hacerse con cautela, ya que la metodología no ha sido la misma en todos los casos.

En Francia, una encuesta a 29.000 personas estimó que un 1,28% de los hombres y un 0,81% de las mujeres del país había sufrido abuso en ámbito religioso, el segundo entorno más peligroso tras la familia. El cálculo en números absolutos fue de 330.000 víctimas, 216.000 de ellas de curas o religiosos, y el resto, de laicos. La comisión de Países Bajos realizó una encuesta a 34.267 personas de más de 40 años y un 1,7 % relató abusos en la Iglesia en su infancia. En Alemania, la muestra fue de 2.437 personas mayores de 14 años: el 3,1% había padecido alguna clase de abuso sexual en una institución.

En muchos países, a diferencia de España, la Iglesia ha colaborado plenamente y en ningún caso ha atacado la investigación realizada. En Estados Unidos, la Conferencia Episcopal encargó un estudio al John Jay College de la Universidad de Nueva York, presentado en 2004, y ordenó a todos los obispos entregar todas sus listas de acusados con nombres y apellidos. En Países Bajos, una comisión independiente creada por la Iglesia tuvo acceso libre a los archivos, y también en Suiza, donde el proyectó lo llevó a cabo la Universidad de Zúrich. En Alemania, la Iglesia dio acceso total a los investigadores a los registros de 38.000 clérigos, de los cuales hubo constancia de abusos en 1.670 casos. En Australia, el Gobierno federal creo una comisión con poderes coercitivos y de investigación.

De forma paralela a las estimaciones, en cada país difiere el número de entrevistas directas. El caso más exhaustivo es el de Australia, que durante cinco años contactó con 7.981 víctimas. En Portugal, el estudio más reciente, la comisión no hizo una encuesta y se basó en 512 entrevistas con víctimas. A partir de ahí hizo una extrapolación de 4.300 víctimas posibles. Es probable que la Iglesia española esperara un modelo similar del Defensor del Pueblo, de ahí su sorpresa por la encuesta y sus estimaciones.

¿Qué dicen los estudios de otros países sobre el porcentaje de clérigos abusadores?

En todos los países católicos donde se ha investigado la pederastia del clero ha emergido un porcentaje recurrente: entre un 4% y un 7% de los religiosos y sacerdotes ha cometido abusos. Según la Oficina de Estadística de la CEE, el total de sacerdotes y religiosos que ha habido en España de 1940 a 2021 asciende a 205.000. Si se aplica este porcentaje a España, resultarían entre 8.200 clérigos (un 4%) y 14.350 (un 7%). No obstante, esta cifra se desglosa en 110.000 curas y religiosos y 95.000 religiosas. La gran mayoría de los abusos en la Iglesia es cometida por hombres, y si ese 4% se obtiene únicamente del clero masculino la cifra ascendería a 4.400 personas, y el 7% serían 7.700. En este momento EL PAÍS contabiliza 1.036 agresores, que suponen el 0,5% del clero español de las últimas décadas. La Iglesia ya reconoce en el informe una cifra muy próxima, 974 agresores. Es decir, los casos que han salido a la luz aún estarían muy lejos del total, que sigue oculto.

En cuanto a la estimación de la encuesta del Defensor, indica que un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en la infancia en ámbito religioso desde los años cuarenta, porcentaje equivalente a unas 440.000 personas. Esta cifra es compatible con el número de curas y religiosos desde 1940 en España, un total de 205.000, dado que en todos los países los agresores y depredadores sexuales abusan de un gran número de víctimas.

¿Cuál es la propuesta para indemnizar a las víctimas?

Una de las propuestas estrella del Defensor es la creación de “un órgano especial de carácter temporal” cuyo objetivo sea la reparación de las víctimas de abusos en la Iglesia en los que el delito haya prescrito. Para ello, se constituiría “un fondo estatal” para el pago de las indemnizaciones. El informe propone que tanto el Estado como la Iglesia católica cooperen para nutrir ese fondo, aunque deja claro que la supervisión de las reparaciones debe ser pública. Esta recomendación no ha sido bien recibida por algunas asociaciones de víctimas. Europa Laica publicó un comunicado en el que considera “inaceptable” que el Estado deba hacerse cargo de las indemnizaciones.

Países como Irlanda y Australia aprobaron la creación de un fondo conjunto para reparar a las víctimas de abusos en el clero. El caso de referencia es Bélgica, donde el Parlamento creó en 2011 un centro de arbitraje para dar respuesta a los casos prescritos. Acudieron 628 víctimas con demandas de reparación. La Iglesia católica aceptó participar en el centro y asumir dos terceras partes de los costes de la institución, además de las indemnizaciones que el órgano acordara a favor de las víctimas.

¿Qué pasa ahora con la otra investigación que encargó la Iglesia a un bufete?

La entrega de la auditoria que encargó la CEE al bufete Cremades & Calvo-Sotelo en febrero de 2022 lleva varios meses de retraso. El plazo inicial era de un año, pero el despacho afirma que la dificultad de los trabajos le ha obligado a posponer la entrega. La demora no ha gustado a los obispos y hace dos semanas enviaron al despacho un burofax con un ultimátum de 10 días para que lo presentase. Cremades no lo acató y se comprometió a darles un resumen en noviembre. La tensión creció, especialmente la semana pasada, cuando el despacho dejó fuera de la investigación al abogado Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y el hombre más cercano al sector conservador de los obispos. Era uno de los miembros del grupo de trabajo que estaba redactando la auditoría.

Los obispos, muy molestos por el hecho de que el Defensor se haya adelantado en la entrega de su informe y marque ahora la referencia con sus estimaciones, decidirán este lunes qué hacer con la auditoría, después de que Cremades no aceptara el ultimátum. El bufete ha entrevistado solo a un centenar de víctimas, ya ha avanzado que no hará extrapolaciones —como hizo la Iglesia de Portugal— y tampoco ha encargado una encuesta. Pese a ello, ya ha adelantado que el número de víctimas que barajan en su informe es de varios miles.

¿Qué hará ahora el Congreso con el informe y sus propuestas?

El informe del Defensor, que aún debe exponer a los diputados, no es vinculante, solo hace propuestas legislativas y recomendaciones de actuación, como crear un fondo estatal de reparación o un estatuto de reconocimiento de las víctimas de abusos en la Iglesia. Aplicarlo o no, dotar de presupuesto a esas medidas o que el estudio se quede en un cajón, será decisión del Gobierno y la mayoría parlamentaria que se establezca en esta legislatura, aún incierta.

¿El Defensor seguirá atendiendo a víctimas y recogiendo sus testimonios?

Sí. El Defensor ha informado que seguirá abierta la unidad de atención de las víctimas, al menos durante un tiempo más, sin definir. Gabilondo subrayó que “si se hacen las cosas bien y se hacen procesos de reparación serios”, muchas víctimas no tendrán la necesidad de acudir a estos canales de contacto para ser atendidas.