La dureza del informe del Defensor pilla por sorpresa a la Iglesia y abre una división interna sobre cómo afrontar el escándalo

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La severidad del informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre la pederastia en el clero ha cogido por sorpresa a la cúpula de la Iglesia española, según indican fuentes eclesiásticas. No se esperaba un golpe de esta envergadura y, sobre todo, no contaba con que incluyera una encuesta a gran escala que ofreciera estimaciones estadísticas del fenómeno, más allá de los casos concretos registrados a través de entrevistas con víctimas. Como sucedió en Francia, donde un estudio de la propia Iglesia calculó 330.000 víctimas en el ámbito religioso, las cifras estimadas en España han sido abrumadoras: un 1,13% de la población adulta actual, porcentaje equivalente a unas 440.000 personas, afirma haber sufrido abusos en la infancia en las instituciones eclesiásticas. La Conferencia Episcopal (CEE) convocó de urgencia una asamblea extraordinaria para este lunes, algo totalmente insólito, y calló durante todo el viernes.

Finalmente, este sábado, 24 horas después, un tuit de su presidente, el cardenal Juan José Omella, dejó ver la primera reacción y marcó la línea: “Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”. Más tarde, añadió para agradecer la labor de “tantísimos buenos sacerdotes y religiosos”: “Gracias por aceptar las críticas e incluso las difamaciones al estilo de Jesús”.

Los resultados de las encuestas que se han realizado en otros países, como en Francia, proyectan estimaciones similares, aunque la comparación debe hacerse con cautela, ya que la metodología no ha sido la misma en todos los casos. Por ejemplo, la comisión de Países Bajos realizó una encuesta a 34.267 personas de más de 40 años sobre este tema. Un 14% respondió que había sufrido abusos fuera del entorno familiar y un 1,7 % dentro de la Iglesia católica. En Alemania, la muestra fue de 2.437 personas mayores de 14 años: el 3,1% había padecido alguna clase de abuso sexual en una institución religiosa. Pese a que en el caso irlandés la comisión no aportó cifras porcentuales, sí subrayó que los casos de pederastia en entornos religiosos eran “endémicos”. En ninguno de estos casos la Iglesia puso en duda la validez de los informes.

Además de sorpresa, entre los obispos hay división sobre cómo responder ahora al informe. Según las mismas fuentes, algunos incluso consideran un error haber convocado una asamblea extraordinaria, porque de ese modo se da importancia a un informe que desearían ignorar. Sin embargo, un ataque al trabajo del Defensor no es compartido por el sector más decidido a reconocer abiertamente el escándalo. Esa fractura interna es más clara aún si se compara la reacción de los obispos con la de las órdenes religiosas, donde en realidad se dan la mayoría de los casos de abusos. La respuesta de la Confer —Confederación española de religiosos, que engloba a las principales órdenes religiosas españolas— llegó el mismo viernes y fue totalmente distinta: “Desde la Confer pedimos perdón a todas las víctimas que han sufrido abusos sexuales dentro de la Iglesia. Nos sentimos profundamente identificados con su dolor y lamentamos si en algún momento no hemos actuado correctamente”. En un comunicado, valoró “positivamente” la escucha del Defensor y avanzó que tomará en consideración sus propuestas: “Trabajaremos con los institutos religiosos los diversos aspectos que refleja el informe para subsanar el daño producido”.

Hubo otros obispados en esa misma línea, como el de Vitoria, que a través de la red social X (antiguo Twitter) pidió perdón a las víctimas y sus familias y señaló que los casos del informe del Defensor “no son solo un número” y “lo principal es acompañarles y trabajar por la justicia”. “Nunca debió permitirse ni un solo caso de pederastia o de abuso en el seno de la Iglesia”, afirmó. “Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las instituciones que trabajan para reparar el dolor de las víctimas durante las últimas décadas”. Otros obispos consultados por este diario afirman que aún no han leído el informe del Defensor y prefieren no hacer declaraciones, aunque inciden en que “bienvenido sea” todo aquello que sirva para mejorar “la atención a las víctimas y para que planteemos todos un futuro mejor”, dice uno de ellos, que no desea ser identificado.

En cambio, en el sector más conservador, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, fue muy crítico en redes sociales: “No es de recibo que el Parlamento español solicitase al Defensor del Pueblo una investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia; y que, finalmente, nos trasladen ahora los resultados de una encuesta encargada a una consultora... Para hacer eso —para encargar una encuesta— es obvio que no se necesitaba al Defensor del Pueblo”.

El informe del Defensor alude precisamente en sus páginas a esta actitud de negación de la Iglesia y a que “cuantificar la dimensión del problema es siempre una necesidad si se quiere conocer la relevancia y alcance de un fenómeno que es social y no solo individual”. Una necesidad que “deriva además de que con frecuencia se ha negado, desde ciertos actores (en general sin aportar datos) que los abusos en el seno de la Iglesia católica representen un problema muy extendido. Ciertos portavoces eclesiásticos han manifestado que los medios de comunicación o algunos sectores políticos quieren dar la sensación de la existencia de un problema generalizado a partir de meros casos aislados, obviando que el riesgo de sufrir abuso sexual es más alto en las familias o en otros entornos, como las actividades deportivas”.

Pero también hay otra fractura vertical en la Iglesia, entre la jerarquía y la base, como refleja la perspectiva de un cura que trabaja sobre el terreno, en el acompañamiento y ayuda de víctimas de abusos: “Considero el informe del Defensor del Pueblo como algo verdaderamente positivo, que ojalá ayude a la Iglesia a tomar en serio el dolor de sus víctimas y a poner en marcha mecanismos de reparación integrales, adaptados a la necesidad y particularidad de cada víctima”, opina el sacerdote Luis Alfonso Zamorano. “Me han llamado varias víctimas llorando de emoción, porque por fin, han sentido que se ha abierto una puerta de esperanza para ellos, puerta que les fue cerrada de bruces muchas veces por parte de la Iglesia”. Señala que la investigación ha dado voz a 487 víctimas “que representan a muchas otras miles que jamás pudieron o podrán romper el silencio, por diferentes motivos. Esto es algo sin duda absolutamente positivo. Si la Iglesia cierra sus ojos a su grito de dolor, y da la espalda a su clamor de justicia, estaremos, una vez más, traicionando a su Maestro y al Evangelio”.

Una de las autoras del estudio del Defensor del Pueblo, Gema Varona, investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco y profesora de Política Criminal y Victimología en la facultad de Derecho de San Sebastián, defiende la solvencia de trabajo realizado: “La estadística es representativa y está hecha por una empresa con una metodología muy solvente. Creo que las personas se tienen que molestar en leerlo todo. Hacer extrapolaciones siempre ha sido criticado, como ha ocurrido en el informe francés. Podemos hacer estimaciones, pero nunca podremos tener la foto fija. Tanto por parte de las víctimas, que no quieren contarlo, como de los propios agresores, para ocultar todo este tema”. Cree que una de las claves es que en este tipo de delitos hay una “alta cifra negra”. “Es lo que se llama la victimización oculta. Alrededor de un 80% o 90% de los casos no se denuncia”, analiza. “Para explicar la altísima cifra negra hay que explicar el contexto institucional de la Iglesia católica: su poder, la persecución y el cuestionamiento a las víctimas, especialmente a las primeras que denunciaron. Muchas que yo conozco no han ido al Defensor, ni a EL PAÍS, ni tienen intención de hacerlo. También estamos hablando de personas muy mayores y personas que se encuentran en una situación con muchísimos problemas psicológicos y sociales”.

Auditoría pospuesta

La entrega del informe de Gabilondo, por otra parte, ha puesto aún más en evidencia otro frente de problemas de la CEE, su propia auditoría sobre la pederastia en el clero encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Los obispos, que esperaban tenerla lista en un año, el pasado mes de marzo, y marcar el paso con la primera investigación institucional sobre la cuestión, han visto cómo se iba retrasando hasta ser superada en la entrega por el Defensor del Pueblo. De hecho, la CEE había dado este mes un ultimátum de 10 días al despacho para presentarla, que ha incumplido, y en la asamblea de abordarán este lunes también cómo proceder a partir de ahora.

La tensión en las últimas semanas ha ido en aumento y ha afectado al propio bufete madrileño, que este mes ha dejado fuera de su equipo de trabajo al abogado Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y el hombre más cercano al sector conservador de los obispos. De hecho, Dagnino era el interlocutor de facto entre el bufete y la Iglesia, quien ha dirigido la recopilación de los documentos aportados por diócesis y órdenes, y luego ha redactado un análisis y una valoración de esa información.

Miembros de la comisión de trabajo de la auditoría, compuesta por 20 personas, afirman que Dagnino encabezaba el sector menos crítico con la Iglesia. “Se sorprendió de los resultados de la investigación”, con la gravedad del asunto y de la mala gestión de los jerarcas de la Iglesia ante el escándalo. Fuentes del equipo que realiza la auditoría han adelantado que, en ese sentido, el informe irá contra la postura mantenida por la Iglesia al admitir “miles de víctimas” y aconsejar que todas sean indemnizadas.

La marcha de Dagnino está relacionada con la filtración de un borrador de más de 2.300 páginas a los obispos, que poco después impusieron su ultimátum al bufete. Las opiniones de varios prelados anónimos que se publicaron en medios religiosos eran muy dispares. Unos citaban que el documento contenía “contradicciones” y “puntos esenciales que dan la sensación de estar cogidos con pinzas”. Otros, que era “ejemplar, minucioso, y exhaustivo”. Sobre esto, el despacho ha subrayado que la documentación que se haya podido filtrar no ha sido validada por la dirección de la comisión investigadora y que la veracidad de su contenido “es responsabilidad solo de aquel que la haya redactado y filtrado”.