Gabilondo: “No todos los obispos han colaborado, alguno nos ha reñido”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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“Hay gente que se ha suicidado por estas cosas, gente que no ha recompuesto su vida jamás”. El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado este viernes con intensidad y emotividad en el Congreso, durante más de hora y media de intensa comparecencia ante la prensa, los detalles de su informe, que señala que un 1,13% de la población, 440.000 personas, ha sufrido abusos en ámbito religioso. Empezando por su prioridad, la necesidad de dar una respuesta: “Las víctimas ya no pueden esperar. Algunas han declarado varias veces, están revictimizadas, y dicen: ‘Por favor, ahora lo que queremos son medidas y reparación”. El casi medio millar de testimonios que ha recogido su oficina “revela el impacto devastador que los abusos han tenido en personas concretas”. “Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio. Cabe decir que lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más, o de otro modo para evitarlo. Se subraya que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía”, ha dicho.

Ha resaltado Gabilondo en varias ocasiones que la trascendencia del informe dependerá de que se ponga en práctica, para que no se quede en papel mojado y las víctimas no sientan que ha sido “un trampantojo”, y ha subrayado: “Es el momento del Congreso, es el momento del Gobierno”. También ha instado a la Iglesia a adoptar “compromisos públicos”. “Quiero creer que la Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar explícitamente con esta sociedad que quiere saber. Había el temor a que se supiera, pensando que eso iba a dañar a la Iglesia, pero creo que ya tiene conciencia de que nada dañaría más a la Iglesia que callar sobre este asunto. La Santa Sede ha incidido muy claramente a través de documentos e instrucciones del papa Francisco (…). Ha dinamizado un movimiento que a mí ya me parece imparable”, ha asegurado.

Gabilondo se ha mostrado consciente de que el informe supone un antes y un después: “Algo ha ocurrido, y algo tiene que ocurrir. Las víctimas han ido adquiriendo mayor resonancia pública. A ello se añaden las directrices de la Santa Sede, y una nueva orientación de la cuestión. (…) La Iglesia no puede relegarlo a un asunto marginal: ahora no es posible hacerlo, la sociedad no lo consentiría”.

El Defensor ha sido muy severo en su análisis de la actitud de la Iglesia. Ha asegurado que “durante muchos años ha predominado la ocultación de los abusos y de los abusadores”, con conductas “como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes o incluso a otros países”. “Ha sido un ejemplo de mala práctica realizado de modo reiterado y no ocasional”, ha afirmado. También ha criticado su escasa colaboración en la investigación en muchos casos: “No todos los obispos han colaborado, algún obispo nos ha reñido”. En todo caso, ha subrayado que otros responsables sí han cooperado plenamente y dan muestra de querer abordar el problema: “Esto podría abrir nuevas perspectivas, es lo que esperamos”. Ha aludido a los archivos eclesiásticos, a los que el Estado no puede acceder por los acuerdos del concordato con la Santa Sede, si bien ha apuntado que este pacto “señala que los archivos de la Iglesia son privados, pero la Iglesia puede verlos y comunicar lo que hay en ellos”.

El responsable del estudio ha defendido el resultado de la encuesta, a preguntas de los periodistas. “Una encuesta tiene el valor que tiene, que no es poco, el que se le conceda. Pero es una encuesta técnicamente impecable”, ha respondido sobre el trabajo de GAD3. Ha defendido su credibilidad y que debe juzgarse como un trabajo riguroso para el debate: “No puedo decir que de ahí se deduce que no es para tanto. De ahí se deduce que el problema es serio (…). Se podría criticar a los que han contestado eso, y que no deberían haber contestado eso. Pero no podemos hacer críticas a una encuesta hecha de forma científica (…). Los ciudadanos también son adultos y saben leer y sacar sus conclusiones”. Ha insistido en que “no hay ningún ataque a la Iglesia”.

El Defensor ha concluido que debe respetarse la información surgida de distintas fuentes como aportación valiosa para abordar el problema. “¿Por qué no hemos extrapolado nosotros? Porque entendemos que no hay que extrapolar”, ha explicado, en referencia al porcentaje del 1,13% de la población que dice haber sufrido abusos en el ámbito religioso en la infancia, pues Gabilondo en ningún momento lo tradujo en cifras totales. También ha defendido en varias ocasiones el trabajo de EL PAÍS, cuestionado en algunas preguntas de la prensa: “Los medios de comunicación no son un peligro, en una sociedad democrática son verdaderamente imprescindibles”.

En cuanto a la atención a las víctimas en la Iglesia, Gabilondo ha reprochado al clero que ha trabajado más en “medidas más orientadas a la prevención, muchos volúmenes con protocolos de prevención, que al esclarecimiento y la reparación”. “Los testimonios recogidos muestran que en muchos casos la respuesta ha sido insuficiente, incluso dilatoria, y que de alguna u otra manera quienes han acudido a la Iglesia pocas veces han sido atendidas de modo adecuado o suficiente (…). Incluso algunas víctimas señalan que han tenido que hacer frente a la negación, a la frustración, incluso a las presiones. Hasta se les culpabilizaba de los abusos sufridos”. Hablando de las propuestas legales de reparación, ha sido contundente: “Una persona es víctima haya o muerto o no su victimario, y la verdad es la verdad, haya prescrito o no”.

Su crítica ha señalado también a los procedimientos canónicos, que “han mostrado importantes déficits en los derechos de las víctimas, pues hasta el momento no son parte del proceso penal canónico, y su voz no tiene el lugar que precisa y merece”. En los procesos de la Iglesia, las víctimas no tienen acceso a su expediente y ni siquiera a la sentencia. “La pura aplicación del derecho canónico ha conducido no pocas veces a la soledad, el silenciamiento, el secreto y la indefensión”.