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Los obispos dejaron fuera de su informe sobre pederastia más de 300 casos ya reconocidos por órdenes y diócesis: “Han manipulado las cifras”

El documento ignora en total más de 600 acusaciones conocidas y no incluye las denuncias recogidas por 39 congregaciones. Diócesis y órdenes han protestado por el blanqueo del estudio: “Muchos obispados están hartos de los fontaneros de la Conferencia Episcopal”

Curas
FERNANDO HERNÁNDEZ

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El informe sobre la pederastia en la Iglesia que la Conferencia Episcopal (CEE) presentó en diciembre como “el más completo de los existentes” y llamado Para dar luz, en realidad está lleno de sombras, oculta información relevante, contiene numerosas incongruencias y hace más difícil saber la verdad sobre esta lacra. Un análisis detallado revela, de entrada, que contabiliza solo una lista de 806 casos de pederastia conocidos, una cifra que desinfla y contradice los ya admitidos por la propia Iglesia: excluye al menos 325 que ya han sido comunicados por órdenes y diócesis al Defensor del Pueblo, según se desprende del cruce de datos con el listado del informe de la entidad pública, presentado apenas mes y medio antes. Estos casos han desaparecido del informe de los obispos.

Consultada al respecto, la CEE responde que desconoce el motivo, “pero puede deberse a que se han pedido cosas distintas, en momentos distintos”. “Nosotros le dimos los datos al Defensor del Pueblo, pero él no nos los ha dado a nosotros”, explica su responsable de prensa, José Gabriel Vera, aunque el informe del Defensor es público desde octubre y la CEE ha asegurado que ha cruzado sus datos con él. Sobre los distintos informes publicados, añade: “Cada uno tiene su metodología y su criterio de actuación y podemos decir que son paralelos. Hemos detectado numerosos casos que aparecen en varios de ellos. Nosotros hemos ofrecido nuestra colaboración poniendo a disposición la información que disponemos, pero, aunque tenemos la voluntad de que nuestro informe no deje fuera ningún caso, no hemos recibido la información suficiente para poder hacerlo así”. No obstante, las órdenes y diócesis consultadas aseguran que han mandado la misma información al Defensor que a los obispos.

En todo caso, el número de denuncias ignoradas por la Iglesia es aún mayor, al menos 654, si se compara la cifra oficial de la CEE con los clérigos acusados que realmente se conocen: hasta el momento, 1.460, con al menos 2.608 víctimas, según la base de datos pública de EL PAÍS, la única que detalla todos los casos conocidos ―con iniciales del acusado, lugar y fecha de los hechos y fuente de la información― y recopila las que han salido a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión por parte de la propia Iglesia. Al desdeñar estos casos, la Iglesia española desobedece al Papa, que obliga a investigar cada posible abuso ante la más mínima información, incluida la de los medios. Sobre esto, la CEE replica que “no tiene acceso a la base de datos”, aunque es pública desde hace casi tres años en la edición digital del diario.

Además, la Iglesia olvida, en casi mil páginas de informe, detallar el número de víctimas. Solo cita una cifra de su último cálculo de junio de 2023, que hablaba de 927. En cambio, órdenes y diócesis sí comunicaron al Defensor al menos 1.385 víctimas. Desglosados los datos, hay al menos 39 órdenes que se han caído del informe Para dar luz: reconocieron casos al Defensor ―un total de 236 denuncias― y ni siquiera figuran en la lista de los obispos. Y no habría un error previo de números del Defensor, pues ninguna orden tuvo nada que decir a ese informe y CONFER, la organización que reúne a las congregaciones españolas, incluso agradeció a la entidad el trabajo realizado en una nota pública. Pero aún hay más órdenes que han desaparecido de la contabilidad del estudio, porque el propio documento detalla una lista de CONFER de congregaciones que han comunicado casos, y hay tres no registradas hasta ahora que en las tablas aparecen después sin ningún caso conocido o con la frase “no hay datos disponibles”.

El ejemplo más evidente de las lagunas del estudio de la CEE es que no figuran los maristas, la segunda congregación con mayor número de denuncias después de los jesuitas. Sin embargo, esta orden ya reconoció 130 al Defensor y tiene 137 en el recuento de este diario. Fuentes de esta orden afirman que enviaron a la CEE “todo lo que les pidieron” y que desconocen por qué no figuran en el estudio.

Además de las órdenes que no aparecen en el informe, 15 congregaciones y 10 diócesis enviaron más casos al Defensor ―un total de 89― de los que aparecen luego registrados por los obispos. Entre las órdenes, por ejemplo, solo figura una de las tres provincias de los escolapios con 8 casos, cuando la orden admitió 32 al Defensor, y consta con 45 en la lista de este diario ―es la quinta con más acusaciones―. En cuanto a las diócesis, la de Barcelona declaró 39 casos al Defensor, que bajan a 24 en el estudio de los obispos. La de Alcalá de Henares informó de 10 a la entidad pública, pero la CEE contabiliza solo tres. Cuenca admitió 10, pero luego figuran solo cinco. Cartagena, ocho, que después quedan en cinco. No obstante, también hay varios casos contrarios, de obispados que han revelado más casos a Para dar luz que al Defensor del Pueblo. De hecho, queda de manifiesto que varias diócesis le ocultaron información y no colaboraron con su investigación: los 70 obispados, salvo el castrense, figuran con casos en el informe episcopal, pero hubo siete que no comunicaron ninguno al equipo de Ángel Gabilondo.

Es más sorprendente aún que no figuren en el informe de la Iglesia órdenes con casos que han tenido un importante eco mediático pero parecen no existir para la Iglesia. Por ejemplo, los abusos en la Abadía de Montserrat, que el propio monasterio reconoció; o el caso del colegio San José de los menesianos de Bermeo entre los años setenta y ochenta, descubierto por ETB en 2022, aunque el acusado incluso admitió las acusaciones en un vídeo. Lo mismo ocurre con la orden de San Viator, que tiene uno de los casos más graves conocidos, el de José Ángel Arregui Eraña, detenido en Chile en 2010 y que había abusado de al menos 17 menores en colegios españoles. Esta congregación admitió 12 casos al Defensor, pero no consta en el informe de los obispos. En resumen, no solo es que no se hayan contabilizado casos del pasado, o los ocultos en los archivos, sino que se ignoran muchos que ya han aparecido en medios.

El caos del documento, revelan fuentes eclesiásticas, se debe en parte a la improvisación y las prisas para tener listo a tiempo un informe alternativo que eclipsara la auditoría encargada por la propia CEE al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que señala muchos más casos, un total de 1.382, con 2.056 víctimas, y es crítico con la Iglesia. Es más, los obispos tuvieron un topo en la auditoría, que redactó un informe benévolo y que recortaba el número de casos hasta que fue despedido por el bufete, para ser fichado luego por la propia CEE. Los obispos hicieron públicos ambos informes, el suyo y el de la auditoría, de forma insólita: sin rueda de prensa ni responder preguntas, en la víspera de la lotería de Navidad y con pocas horas de diferencia entre uno y otro. Divulgaron primero el de la CEE y relegaron el del bufete, aunque les ha costado más de un millón de euros. Ambos estudios tenían un millar de páginas y los medios tuvieron que leerlo en unas horas, sin previo aviso. En ningún país católico la Iglesia ha desdeñado y ni siquiera presentado un estudio sobre los abusos encargado por los propios obispos.

Sin embargo, otras omisiones del documento no parecen resultado de errores, sino deliberadas, apuntan dos fuentes episcopales, y eso ha tenido consecuencias. Al menos una decena de diócesis y varias órdenes, señalan estas fuentes, han expresado su malestar a la CEE en las últimas semanas porque las cifras que han comunicado no se corresponden con las publicadas, han sido recortadas, y lamentan que puede dar la impresión de que han ocultado información, cuando la responsabilidad es de quien ha recopilado los datos. Obispados y congregaciones han comenzado a protestar en la CEE cuando han descubierto estos retoques de cifras, y algunas los han hecho a raíz de las consultas de este diario para conocer el detalle de sus casos. “Muchas diócesis están hartas de los fontaneros de la Conferencia Episcopal”, señala un alto cargo de una diócesis. “Han manipulado las cifras, no han sido errores con los números, el objetivo final es que salgan menos casos para ensombrecer la auditoría de Cremades”. Cree que se han utilizado como referencia los datos blanqueados del topo de los obispos en el bufete de abogados. “Lo único que hace esto es boicotear a las oficinas de las diócesis que están trabajando bien y se han comprometido en la lucha contra los abusos”, lamenta otra fuente episcopal.

Lo cierto es que, tras las quejas, la CEE ha ido corrigiendo el documento silenciosamente, con nuevas actualizaciones del PDF disponible en la web que iban borrando las anteriores. Este diario ha descargado al menos cuatro nuevas versiones que iban rectificando los datos. Es más, en la última ocasión, a finales de este mes, se hizo retroceder la fecha de corrección del documento al 1 de febrero de 2024. El autor de estos constantes retoques, según aparece en los metadatos del documento digital, es el director de prensa de los obispos, José Gabriel Vera.

Sobre las correcciones del informe, este responsable responde: “Para dar luz es un informe vivo que sigue recibiendo datos y que los incorpora según los va recibiendo. Desde la última edición de diciembre hay algunas congregaciones y diócesis y otras instituciones religiosas que se han puesto en contacto para actualizar sus datos y sus aportaciones se han incorporado y así se seguirá haciendo en el futuro”. Vera dio la única declaración a los medios tras el informe Para dar luz, para justificar que no aporten detalles de los casos, porque a la CEE le importan más las personas que las listas. Explicó a TV3, de forma chocante: “Ya basta de reducir las víctimas a cifras. Basta, porque si no les hacemos daño. Nos enredamos en la cosa divertida de ver quien la tiene más larga... la cifra, claro”.

De izquierda a derecha: César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, presidente de la entidad, y José Gabriel Vera, su director de comunicación.
De izquierda a derecha: César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, presidente de la entidad, y José Gabriel Vera, su director de comunicación.Andrea Comas

En el momento de publicar este artículo, el número de casos admitidos ya se había corregido y elevado de 806 a 822. La CEE detalla que los casos “registrados” son todos aquellos que han sido “denunciados, comunicados, puestos en conocimiento o conocidos por la Iglesia, a través de las diversas vías y cauces posibles, al margen de que los hayan sido constatados o probados o no”. Es decir, debería ser igual o superior a los 1.460 acusados contabilizados en este momento por este periódico en su base de datos, que es pública y se actualiza periódicamente desde abril de 2021. Por el contrario, tanto la auditoría de Cremades & Calvo-Sotelo como el informe del Defensor del Pueblo subrayan que una de las principales fuentes de información de casos es la investigación de EL PAÍS, iniciada en 2018, e indican que muchas órdenes y diócesis así lo admiten.

El desfase entre los casos que órdenes y diócesis dicen conocer y los que se conocen realmente es sorprendente en muchas entidades. La orden con más casos revelados, los jesuitas, ha comunicado 119 a la CEE, pero se conocen al menos 162, según la contabilidad de este diario. Los salesianos, tercera congregación en número de casos, admiten 75, pero en realidad han trascendido ya 116. Esto solo en cuanto al número de casos simplemente registrado, antes de valorar si son creíbles o no.

También es notable, en algunas ocasiones, la diferencia entre los casos conocidos y los finalmente admitidos como probados o verosímiles. Sobre todo en las órdenes más reacias a investigar y a atender a las víctimas. La Salle, por ejemplo, solo dice conocer 29 casos, cuando solo este diario ya le ha comunicado 43 en sus sucesivos informes y se conocen públicamente un total de 70. Pero es más, en total, La Salle tan solo admite dos como probados. La diócesis de Bilbao ha registrado 34 casos, pero de momento solo considera probado uno, y otro, verosímil.

La Iglesia española solo cree a una de cada 10 víctimas

Por otro lado, entre los casos ignorados por el informe de la Iglesia se deduce que hay más de medio millar de los recogidos por este diario en cuatro sucesivos dosieres y remitidos a la Iglesia y al Vaticano entre 2021 y 2023, porque el informe de la CEE indica que solo está considerando 191, aunque tampoco explica por qué. Es plausible que solo contabilice aquellos en los que la víctima, por mediación de este diario, accedió a prestar declaración ante la Iglesia. El resto ha desconfiado de la institución, también por los numerosos testimonios de ninguneo y revictimización de quienes acudieron a la Iglesia a denunciar, y ha preferido ponerse en contacto con el Defensor. O aún espera que el Gobierno ponga en marcha una oficina de atención pública e independiente para las víctimas.

El siguiente paso del informe con los casos registrados es clasificarlos entre probados, verosímiles o no probados, además de otros excluidos o en investigación. La CEE afirma que este orden “brota del estudio minucioso de cada uno de los casos”, y concluye que solo admite como probados o verosímiles un total de 275. Pero en la última corrección del informe incluso reduce esa cifra a 237. Otros 75 están aún bajo investigación. Es decir, impera un escepticismo general hacia los testimonios de las víctimas y la negación de sus acusaciones: la Iglesia solo reconoce un 16% de los casos conocidos en España, tomando como referencia la base de datos de EL PAÍS y solo considerando el número de acusados. En resumen, la Iglesia española solo cree a una de cada 10 víctimas.

Este dato da una pista clara de la actitud de la Iglesia a la hora de afrontar próximas indemnizaciones, como ha prometido. Es más, las víctimas no son informadas de todo esto: a ninguna de las cientos que están en contacto con este diario y han acudido a diócesis y órdenes se le ha dicho que su caso no se considera probado, del mismo modo que no se les informa del derecho a una compensación. Lo habitual es no informarles de nada y dejarles en un limbo.

Para los obispos hay 280 casos “no probados”, que incluso suben a 314 en la última rectificación. Es decir, que no han sido tomados en consideración “por tratarse de casos de cuya certeza o, al menos verosimilitud, no existen indicios racionales”. Del mismo modo, Para dar a luz registra tres “denuncias falsas o manifiestamente infundadas” en las diócesis de Getafe, Guadix y Oviedo, que en la última rectificación se reducen a dos, aunque siguen apareciendo las tres en el apartado de cada uno de esos obispados. Para aumentar la confusión, en el informe de diciembre no salían las cuentas de la suma de todos los casos probados, no probados y demás categorías: eran 670, frente a un total de 806 declarados. No se detalla qué había pasado con 136 casos volatilizados en esa suma. Con todo, en la última corrección aparece de pronto una nueva categoría de casos “no imputables a esa institución”, principalmente los recogidos por diócesis correspondientes a órdenes, que admite 121 nuevos casos, si bien luego no se explica qué se ha hecho con ellos, ni si se consideran verosímiles o no.

El problema esencial radica en la total falta de transparencia de la Iglesia sobre lo que sabe de los abusos y los casos conocidos. Los obispos aumentan la confusión al negarse a publicar, como ya han hecho otras conferencias episcopales europeas o de EE UU, una lista única de agresores, lugar y fecha de los hechos, que permita conocer exactamente los detalles de cada caso. La Iglesia solo da números, y únicamente desde hace dos años, obligada por la presión de los medios, pues hasta 2021 sostenía que los casos en España eran “cero o muy pocos”.

Este diario lleva más de tres años preguntando a 70 diócesis y al menos 100 órdenes por los detalles de cada caso y el resultado de las investigaciones, sin respuesta. Contribuye al caos que cada diócesis y orden va por libre, con sus propios criterios, y no hay reglas únicas y obligatorias para todos, con un decreto general, porque la Iglesia española lo ha evitado. Con todo, pese a la opacidad, este diario ha cruzado durante semanas los nuevos datos de la CEE, del Defensor y los propios y ha identificado al menos 76 nuevos casos que ya han sido incorporados a la base de datos, si bien solo con los escasos detalles que se han comunicado. Simplemente se sabe que una diócesis o una orden admite un nuevo caso, pero oculta cuál es, dónde ocurrió, en qué año, qué ha hecho con él.

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