Montserrat pide en el Parlament perdón a las víctimas de abusos sexuales pero rechaza la indemnización que reclama una de ellas

El prior de la Abadía de Montserrat, Bernat Juliol, ha comparecido este lunes en la comisión de pederastia del Parlament de Cataluña para explicar los pasos que dio la abadía tras aflorar casos de abusos sexuales en su seno y para informar de cómo están actuando para evitar que vuelvan a suceder. Juliol, número dos de la jerarquía de la citada institución eclesiástica, ha pedido en su comparecencia perdón a las víctimas —”Hemos pedido perdón, lo pedimos ahora y lo pediremos las veces que haga falta”— y ha señalado que la Abadía nunca se ha negado a pagar indemnizaciones siempre que ayuden a la víctima y sean “reparaciones justas”. La comparecencia de Juliol se ha producido horas después de que trascendiera que Miguel Hurtado, la única víctima que ha llevado a la justicia a Montserrat, ha reclamado sin éxito una indemnización de 150.000 euros.

Juliol ha sostenido que la prioridad de su comunidad ha sido la de atender a las víctimas —“Como monjes nos sentimos avergonzados”—; la segunda, saber la verdad sobre lo sucedido, y la tercera, depurar responsabilidades tanto en el ámbito de la justicia penal como en el de la justicia canónica. A raíz de informaciones publicadas en EL PAÍS y en El Periódico, Montserrat encargó en 2019 a una comisión independiente la elaboración de un informe sobre casos de abusos sexuales que concluyó que el monje Andreu Soler, ya fallecido, fue un “depredador sexual y pederasta” que abusó al menos de 12 víctimas durante tres décadas, además de localizar a otro fraile, que habría cometido el mismo delito y abandonado la comunidad en los años 80. “Nos sumamos a la expresión del Papa de tolerancia cero. Es una lacra”, ha dicho. El abad de Montserrat ya pidió perdón en 2019 por los abusos cometidos por Soler.

La comparecencia de Juliol se ha producido justo cuando buena parte de la jerarquía de la Iglesia católica ha declinado acudir al Parlament a la comisión de pederastia. Este lunes tampoco han asistido la delegada diocesana de la protección de menores y adultos vulnerables del Obispado de Girona y el secretario general del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos del obispado de Vic, David Gómez. En la sesión del pasado día 29, otros cuatro responsables eclesiásticos, entre ellos el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, también rechazaron comparecer. Tras no responder a la convocatoria en dos ocasiones, la Mesa del Parlament podría denunciarlo ante la Fiscalía como ha realizado en multitud de ocasiones con otros cargos públicos. La Fiscalía suele archivar las causas.

A raíz del escándalo de los abusos, la Abadía impulsó un protocolo propio de actuación e imparte cursos a partir de quinto de primaria para que sepan actuar en caso de abusos. Los portavoces de los grupos que participan en la comisión —el bloque de la derecha se ha desatendido de la misma- han agradecido la comparecencia de Juliol justo cuando la mayoría de eclesiásticos no acuden pero han intentado conocer, con escaso éxito, la posición de la abadía sobre el caso de Miguel Hurtado, el denunciante que sufrió abusos en 1998 cuando era menor en la abadía e hizo público el caso en 2019 a través de EL PAÍS y un documental en Netflix. La víctima reclama 150.000 euros a la abadía como responsable civil subsidiaria y esta se niega a pagar ese importe, según avanzó este lunes El Periódico.

El prior, a preguntas de las diputadas de ERC, Junts y En Comú Podem, ha asegurado que la Abadía nunca se han negado a indemnizar. “No nos hemos negado nunca a pagar una indemnización si eso servía como reparación a una víctima. Estamos abiertos siempre que sea una reparación justa. Y que sirva para ayudar a esa persona que ha sufrido abusos a superar la situación siempre que sea”, ha recalcado, “una reparación justa. El prior ha apuntado que la única vez que una víctima pidió ayuda para pagar psicólogos la Abadía lo costó. “Nunca nos hemos negado a ayudar”, ha dicho el prior, que se ha acogido a que el caso estaba en el juzgado civil para no aportar más detalles.

En su escrito de alegaciones, la abadía relativiza la gravedad de las secuelas al sostener que el estrés postraumático de Hurtado no le impidió estudiar la carrera de medicina y que se aplique para calcular la indemnización el baremo de los accidentes de tráfico. La Abadía, que no rechaza que alargar los periodos de prescripción para ayudar a las víctimas, aguarda ahora que la Conferencia Episcopal establezca un cómputo válido para todas las instituciones. Juliol ha apuntado que no tendrán inconveniente en asumirlo como propio cuando esté listo.