El arzobispo Omella rechaza comparecer en la comisión sobre la pederastia del parlamento catalán

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha remitido una carta al Parlament de Cataluña, dirigida a su presidenta, Anna Erra, en la que avanza que no comparecerá en la Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia Católica. Omella asegura en la misiva que se trata de una decisión “unánime y expresa” de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a los de Cataluña. El prelado está citado este lunes 29 de enero junto a otros cuatro testigos y dos de ellos ya han comunicado que tampoco comparecerán: se trata de Enric Termes, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, y Santiago Bueno, presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona.

El arzobispo había sido citado en la Comisión sobre la pederastia, creada en el Parlament en 2022 y por la que han testificado víctimas de abusos, expertos en el acompañamiento a las víctimas y letrados. Omella justifica su ausencia afirmando que el Tribunal Constitucional estableció, en una sentencia de 2016, que a las cámaras no les corresponde “efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados” así como tampoco llevar a cabo imputaciones sobre la autoría de comportamientos ilícitos”. Omella añade en la carta, remitida este jueves y que los comunes han divulgado, que la “atribución de comportamientos ilícitos” merecedores de pena está reservada a “los jueces y tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional o a los órganos de la Administración en cada caso titulares de la potestad sancionadora”.

Con la decisión de los tres eclesiásticos, la comisión de investigación solo podrá interrogar este lunes a lo sumo a dos testigos: a Carlos López Segovia, vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española y promotor de justicia del Tribunal de la Rota, y está aún en el aire la de Carles Ferrer Roig, abogado y representante de la Oficina de Prevención y Protección de Abusos de la archidiócesis de Tarragona. El Parlament aprobó en 2022 por amplia mayoría impulsar una comisión de investigación parlamentaria contra la pederastia y, solo con el rechazo de la bancada de la derecha y la pasada primavera, la relación de comparecientes. El PSC se opuso a citar a Omella.

Otros dos miembros de la jerarquía eclesiástica han anunciado también que no comparecerán

El reglamento del Parlament prevé en su artículo 68 las comisiones de investigación y establece que los cargos públicos están obligados a comparecer, pero no así los testigos. Muchos de los citados desoyen la convocatoria —este mismo viernes así lo han hecho altos cargos del Gobierno amparándose en un informe del Consejo de Estado en la comisión Pegasus— y el expediente acaba en la Fiscalía que los acaba archivando. “No se entiende esa falta de voluntad. No tendría que tener nada que esconder”, ha lamentado Susanna Segovia, diputada de los comunes, presidenta de la comisión. “La comparecencia de Omella es obligatoria, no voluntaria. Pediremos a la Mesa que traslade las medidas a la Fiscalía”.

Omella en su escrito alega en su favor que la Iglesia ha colaborado con el informe que el Congreso le encargó al Defensor del Pueblo en marzo de 2022 y que lo realizó “con la colaboración de las diócesis, los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica y la CEE”. El informe, añade, se hizo en base a cuatro viajes a Cataluña de la comisión asesora y entrevistas a 43 personas. Paralelamente, apunta a su propia investigación sobre los abusos. “El informe Para dar luz es un informe vivo y la última actualización es del 19 de diciembre”, añade.

La Fiscalía General del Estado solicitó hace un año a las fiscalías autonómicas información sobre todos los casos de pederastia relacionados con congregaciones, escuelas u otras instituciones religiosas que estaban investigando. En total, recibió casi 70 causas y Cataluña presentó 14, el territorio con más investigaciones de este tipo en curso. Hace un mes, la cámara aprobó una proposición de ley, que remitirá al Congreso, para eliminar del Código Penal la prescripción de los delitos sexuales que afectan a menores de edad. Cataluña es uno de los territorios donde más denuncias se acumulan por abusos de religiosos a menores.

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.