Aragonès ve en su espionaje por el CNI la “segunda parte de la Operación Cataluña”

El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès (ERC), considera que señalarlo a él como dirigente de los grupos activistas proindependencia Comités de Defensa de la República (CDR) está “fuera de toda realidad y sentido común”. Y ve detrás del espionaje a su teléfono móvil, realizado por el CNI entre 2019 y 2020 con autorización judicial, “una segunda parte de la Operación Cataluña” del Gobierno contra el secesionismo. Aragonès ha respondido así este viernes al contenido de los autos del Tribunal Supremo que el Gobierno ha desclasificado y entregado al juez de Barcelona que investiga el caso Pegasus. En ellos, el alto tribunal daba aval jurídico al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que espiara el móvil del entonces vicepresidente del Ejecutivo catalán. El mandatario ha lamentado que la documentación entregada al juzgado no estuviera completa y ha sostenido de que en ningún sitio se justifica por qué se le consideraba a él una de las cabezas de los CDR.

“Alguien con un poco de conocimiento de la política catalana sabe que esa acusación no tiene base”, se ha defendido el president tras visitar la Escola Madrenc, en Vilablareix (Girona). Los CDR nacieron como un movimiento que quería asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia de 2017 pero después se convirtieron en protagonistas de protestas, algunas violentas, como las registradas tras la sentencia del procés en octubre de 2019. Al entonces vicepresidente de la Generalitat, según los documentos, se le empezó a espiar en el primer semestre de 2019, después de que el CNI argumentara ante el Supremo que el líder republicano “dirigía” desde “la clandestinidad” a los CDR.

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Las declaraciones de Bolaños sobre el espionaje del CNI a Aragonès

Para el jefe del Govern, la decisión de espiarle fue meramente política y forma parte de una apuesta de una parte del Estado por desacreditar al movimiento secesionista. “La Operación Cataluña ha tenido una segunda parte: la del espionaje masivo a las personas comprometidas con la independencia”, ha denunciado Aragonès, que se querelló contra el CNI y el fabricante del software espía, el programa Pegasus. A raíz de ese proceso el Gobierno desclasificó, a petición del juez, parte de los documentos relacionados con los seguimientos.

La comparación con la Operación Cataluña, las actividades policiales contra líderes del independentismo catalán que impulsó presuntamente el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz entre 2012 y 2016, es, como mínimo, matizable. En primer lugar, el seguimiento a Aragonès pasó por el filtro del Tribunal Supremo, que es quien otorga en este caso el amparo legal a las intervenciones de las comunicaciones privadas. Ninguna de las actividades desarrolladas por Interior durante el Gobierno del PP para desacreditar al secesionismo tuvo autorización judicial. Además, aquella campaña de descrédito presuntamente impulsada por Fernández Díaz implicó la fabricación de informes falsos y de filtraciones a medios que en muchos casos coincidían con las contiendas electorales, algo que tampoco ha sucedido en este caso.

Aragonès ha denunciado que el acceso a los tres autos del Supremo no ha sido completo y que había páginas completas tachadas e ilegibles. El president ha asegurado que en ninguna de las páginas se desarrolla el porqué de su señalamiento como dirigente de los CDR. “No necesito la clandestinidad para defender la independencia de Cataluña”, ha dicho. “Si la seguridad nacional está en manos de un centro que comete errores de esa magnitud, me preocupa mucho”, ha apostillado.

Desde Bruselas, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno ni conocía ni autorizó ese espionaje del CNI, aunque se produjo cuando Pedro Sánchez llevaba ya un año como presidente. “El Gobierno en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado [las escuchas a Aragonès], eran operaciones que venían de antes”, ha afirmado Bolaños al inicio de una reunión informal de ministros de Justicia de la UE. Según ha dicho, el CNI “no tiene por qué explicar al Gobierno” este tipo de peticiones, “ni tampoco el Tribunal Supremo cuando las autoriza tiene que contarlo al Gobierno”, por lo que, ha subrayado, “ha habido un funcionamiento normal del Estado de derecho” en este caso.

“Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasaba en gobiernos anteriores, nosotros, este Gobierno, respeta el Estado de Derecho y no hay ninguna presión ni injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones y de organismos como el CNI. Lo que tenemos que hacer es mostrar todo el respeto al trabajo que hacen”, ha insistido Bolaños.

Comisión de investigación

La revelación de parte de documentos del caso Pegasus ha coincidido en el tiempo con la celebración en el Parlament de una sesión de la comisión de investigación sobre el espionaje político en la que no participa la bancada de la derecha. La Cámara había citado a Juan Jesús Torres, secretario general de Administración Digital; Luis Jiménez, subdirector del Centro Criptológico; Iván Redondo, exdirector del gabinete de la Presidencia y Pablo Iglesias, exvicepresidente y exlíder de Podemos. Los tres primeros —dos de ellos citados también por el PSC— han evitado asistir amparándose en un informe del Consejo de Estado, que sostiene que no están obligados a acudir. Sólo ha comparecido, por videoconferencia, Iglesias. Todos los grupos, salvo los socialistas, han lamentado lo que consideran una reiterada “falta de respeto” a la Cámara.

Durante más de una hora, el exlíder de Podemos ha contestado a las preguntas de los grupos y ha sostenido que se ha convertido en “habitual” que determinados sectores del Estado utilicen “mecanismos ilegales” como lawfare o campañas de desprecio para actuar contra adversarios políticos.

Iglesias ha afirmado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, debería haber dimitido al no ser capaz de proteger su propio móvil ni el del presidente del Gobierno, ambos infectados con Pegasus en otro caso aún sin autor conocido. “Tratar de escurrir el bulto es impresentable en términos democráticos”, ha dicho. “El PSOE se está equivocando a la hora de no querer abrir puertas y ventanas respecto a una serie de dinámicas que se dan dentro del Estado”, ha añadido, apuntando que debería haber más asunción de responsabilidades si los socialistas ya “han comprendido” lo que significa que el juez Manuel García-Castellón esté en la Audiencia Nacional o que mandos de la policía o la Guardia Civil intenten imponer su voluntad política sobre la del Congreso. “Las cloacas policiales y judiciales no son la excepción: Son la norma: siguen estando y actuando”, ha insistido Iglesias.

Tras asegurar que nunca tuvo conocimiento de espionaje alguno —se cometió durante la época en la que él fue vicepresidente—, el exlíder de Podemos ha apuntado que no es aventurado decir que Aragonès nunca podrá confiar del todo en Sánchez, porque fue espiado justo cuando se negociaba la investidura y la mesa de diálogo. Por ello, ha convenido que es el momento ahora de reforzar los mecanismos y las garantías democráticas para hacer la “purga” en los aparatos del Estado. Con ironía, ha dicho que lo ve posible cuando los socialistas han pasado de querer llevar a Carles Puigdemont a la cárcel a impulsar una ley de amnistía. “No estamos en un mal momento para hacer reformas garantistas”, ha afirmado, considerando que se puede hablar de un “golpe judicial” cuando sectores de la judicatura quieren desobedecer, según él, al legislador y señalando al rey Felipe VI como un elemento conservador con quien se alinea determinados sectores de la derecha judicial.

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