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Pere Aragonès cree que es una “obligación moral” del Gobierno desclasificar los papeles sobre su espionaje con Pegasus

El presidente de la Generalitat exige saber “toda la verdad” en su declaración ante el juez para ratificar la querella contra el CNI

Pere Aragonès, a la llegada a la Ciudad de la Justicia junto a su jefa de gabinete, Helena Ricomà, y su abogado, Andreu Van den Eynde.
Pere Aragonès, a la llegada a la Ciudad de la Justicia junto a su jefa de gabinete, Helena Ricomà, y su abogado, Andreu Van den Eynde.Albert Garcia
Jesús García Bueno

Pere Aragonès ha ratificado este miércoles ante el juez la querella que presentó contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por haber espiado, en 2020, su teléfono móvil con el software israelí Pegasus. Tras una breve comparecencia en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el presidente de la Generalitat ha afirmado que su objetivo es que se conozca “toda la verdad” y que “nunca más un ciudadano de Cataluña sea espiado por su ideología política”. “He venido a ratificarme para que se sepa toda la verdad. Me han espiado como ciudadano, pero también como miembro del Govern. Por eso vengo a defender mis derechos, pero también los de toda la ciudadanía”.

Aragonès ha declarado, como perjudicado, ante el juez de instrucción que hace dos meses admitió a trámite la querella. Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez desclasifique la documentación relativa a la intervención de su teléfono, el presidente catalán ha asegurado que es “una obligación moral”. “Estamos hablando de hechos muy graves, de espionaje político, de acceso a la intimidad personal, pero también a toda la información que puede tener un móvil de un miembro del Govern”, ha comentado a la prensa frente a los juzgados.

La comparecencia de Aragonès se produce un año y medio después de que presentara la querella y en un contexto político muy distinto del de entonces. Las elecciones generales dieron al independentismo la llave de la gobernabilidad y Esquerra reclamó, entre otras cosas, la asunción de responsabilidades en el caso Pegasus. Para el presidente de la Generalitat, el espionaje al que él y otros líderes independentistas fueron sometidos ha sido siempre un asunto prioritario y un frente de batalla con el Ejecutivo de Sánchez. Cuando el Gobierno reconoció que había infectado su teléfono con el programa espía, en abril de 2022 (con autorización judicial), Aragonès anunció que iba a “restringir a mínimos” sus relaciones con un Ejecutivo del que ya entonces era aliado.

Tanto el marco político como la disposición del juzgado para investigar a fondo el caso Pegasus le han brindado la oportunidad que esperaba. Hace apenas dos meses, el titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, admitió a trámite la querella por los delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de las comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales. En ese auto, el juez citó a declarar para este miércoles a Aragonès (para ratificar la denuncia) y a la exdirectora del CNI Paz Esteban como investigada, aunque la comparecencia de esta última se ha aplazado.

La información del CNI

Pero lo más sustancial de la resolución judicial no está tanto en esas citaciones (perjudicado y querellado deben comparecer siempre cuando se abre una investigación) como en la información que ha solicitado el juez para avanzar en las pesquisas. El magistrado quiere saber, de entrada, si la intromisión en el teléfono móvil se hizo con ajuste a la legalidad. Por eso ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que se encarga del control judicial del CNI, Pablo Lucas, que certifique si autorizó alguna forma de uso del software en el teléfono móvil de Aragonès.

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El colectivo Citizen Lab hizo público en abril de 2021 un informe en el que sostenía que los teléfonos móviles de más de 60 personas vinculadas al independentismo habían sido infectados con el programa de fabricación israelí Pegasus. En el caso de Aragonès, el dispositivo fue infectado a través del sistema de mensajería SMS durante tres días: el 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando era vicepresidente de la Generalitat. El abogado de Aragonès, Andreu Van den Eynde, presentó en el juzgado un informe pericial que ratifica el espionaje con Pegasus, según reconoce el juez. La infección del teléfono, sin embargo, ya había sido reconocida antes en el Congreso por Esteban: en su comparecencia afirmó que fue uno de los 18 dirigentes independentistas espiados por el CNI, pero remarcó que siempre fue con autorización del Tribunal Supremo que controla las actividades del servicio secreto español cuando afectan a derechos fundamentales. Esteban fue destituida días después de esa comparecencia.

El juez ha reclamado al CNI información sobre la compra y uso de Pegasus y también ha solicitado al Supremo las resoluciones judiciales que, teóricamente, autorizaron la “injerencia” en el teléfono de Aragonès. Todo ello, avisó en el auto, como paso previo para solicitar la “pertinente desclasificación” de documentación secreta. Esa advertencia del juez, junto a las negociaciones con Esquerra para lograr la investidura de Sánchez y un acuerdo estable de legislatura, han hecho que el Gobierno se plantee finalmente desclasificar una parte de esa documentación, precisamente la relativa a la intervención del teléfono móvil del presidente catalán.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.
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