La directora del CNI confirma el espionaje legal y autorizado a 18 independentistas, incluido Pere Aragonès

El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es uno de los 18 dirigentes independentistas que han sido espiados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según fuentes conocedoras de la reunión a puerta cerrada que ha mantenido la mañana de este jueves su directora, Paz Esteban, con los portavoces de los grupos parlamentarios. El teléfono de Aragonès figura entre los pinchados por el CNI con autorización del magistrado del Tribunal Supremo encargado de controlar las actividades del servicio secreto que vulneran derechos fundamentales (entradas en domicilios e intervención de las comunicaciones). Según fuentes próximas al servicio secreto, el teléfono intervenido no es el que Aragonès utiliza para sus comunicaciones institucionales, sino un segundo terminal con el que supuestamente había contactado con grupos violentos, como los Comités de Defensa de República (CDR), cuyas actividades estaban bajo vigilancia del CNI. Fuentes próximas al presidente catalán aseguran, sin embargo, que este dispone de un solo móvil desde hace años.

No ha trascendido la fecha en que se produjo la intervención telefónica de Aragonés, que es presidente de la Generalitat desde mayo de 2021, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda desde junio de 2018 y coordinador general de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) desde septiembre de 2019. Según Citizen Lab, el móvil de Aragonès fue infectado cuando este era vicepresident.

Fuentes de La Moncloa han asegurado que el Ejecutivo, incluido Pedro Sánchez, no saben a quién ha investigado el CNI. “El Gobierno no tenía ningún conocimiento” de estas escuchas, han señalado, para añadir que “ni el presidente ni el Gobierno saben ni quieren saber a quién ha espiado el CNI”. Las mismas fuentes detallan que el procedimiento se hace con autorización judicial y que “en ningún momento”, ni el jefe del Ejecutivo ni nadie del resto del Gabinete “ha dado ninguna orden ni autorización de espiar a nadie”. Recalcan en que el CNI “toma sus decisiones de forma autónoma” y con autorización judicial y que “no se escucha por ideologías políticas”. “Nosotros seguimos nuestra hoja de ruta que está basada en el diálogo para resolver el problema de Cataluña y esperamos que todo siga igual que antes”, insisten estas fuentes, informa Carlos E. Cué.

El president catalán ha exigido al Gobierno la tarde de este jueves que aclare quién pidió al juez la autorización para espiarle. En un contundente comunicado, de cinco puntos, Aragonès afirma que las revelaciones en la comisión confirman “y aumentan la gravedad del caso del espionaje masivo por parte del Estado español”, en alusión a que el escándalo ya fue destapado por el grupo Citizen Lab. “Estamos ante una vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas con las que se han relacionado”, prosigue el texto.

La directora general del CNI, con categoría de secretaria de Estado, ha llevado al Congreso los mandamientos judiciales de las intervenciones telefónicas realizadas por el servicio secreto. Paz Esteban no ha mencionado el nombre de ninguno de los espiados, pero cada portavoz ha dispuesto de un juego de documentos con la correspondiente autorización judicial, la justificación de la misma y el titular del teléfono intervenido y han podido leerlos por espacio de un cuarto de hora aproximadamente y tomar notas, aunque no sacar copias ni fotografiarlos.

Además de Aragonès, los restantes 17 independentistas espiados por el servicio secreto estaban supuestamente vinculados con Tsunami Democràtic, la plataforma que en octubre de 2019 promovió una toma multitudinaria del aeropuerto de El Prat (Barcelona) en protesta por la sentencia del Supremo contra los líderes del procés. Entre los investigados figuran también colaboradores del expresidente catalán Carles Puigdemont, como Josep Lluis Alay, que supuestamente habían entrado en contacto con personalidades rusas próximas al Kremlin.

A la salida de la reunión, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha declarado que “no hay ningún misterio: nos han dicho lo que ya se había filtrado. Reconocen el espionaje y apuntan a una nación extranjera o a organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales. Este es el planteamiento que ha hecho la directora del CNI”. Fuentes de la comisión han matizado que Paz Esteban no ha insinuado que otro organismo del Estado pudiera estar realizando escuchas ilegales y solo ha apuntado la posible autoría de servicios secretos extranjeros. Rufián ha matizado posteriormente que se trataba solo de “una interpretación”.

Aunque todos los portavoces daban por sentado que el servicio secreto espió a los 18 líderes independentistas con el sistema Pegasus, diseñado por la empresa israelí NSO Group, Paz Esteban no lo ha reconocido en ningún momento, amparándose en que la ley reguladora del CNI, del año 2002, señala que la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados —ese es su nombre oficial de la comisión conocida como “de secretos oficiales”— tendrá acceso a las materias clasificadas como secretas “con excepción de las relativas a las fuentes y medios” del centro de inteligencia (es decir, tanto a sus fuentes humanas como a los medios técnicos) y de las que procedan de servicios secretos extranjeros.

Varios de los portavoces han planteado el ciberataque que, en junio y julio de 2021, sufrieron los móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también con el programa Pegasus, y que fue denunciado el pasado lunes por el Gobierno ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, Paz Esteban no ha entrado en el asunto, con el argumento de que no figuraba en el orden del día, por lo que varios portavoces han insistido en la necesidad de que Sánchez comparezca en el Congreso para dar cuenta de esta “grave brecha de seguridad”, como la han calificado.

La reunión, presidida por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se ha prolongado por espacio de tres horas y media. Han participado los diputados elegidos el pasado día 28 por el pleno del Congreso: Héctor Gómez (Grupo Socialista), Cuca Gamarra (Grupo Popular), Iván Espinosa de los Monteros (Vox); Pablo Echenique (Unidas Podemos), Gabriel Rufian (ERC), Miriam Nogueras (Junts per Cat), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Euskal Herria Bildu) y Albert Botrán (CUP). La reunión se ha desarrollado siguiendo el mismo guion que las sesiones de las comisiones ordinarias del Congreso: tras la intervención inicial de la compareciente, han hablado todos los grupos, antes de que esta respondiese a sus preguntas y hubiera una segunda ronda de réplica.

Las explicaciones de la directora del CNI no han convencido a los portavoces de los partidos nacionalistas e independentistas (ERC, PNV, Junts, Bildu y la CUP), ni a sus aliados de Unidas Podemos. Todos ellos han insistido en que se cree una comisión de investigación (lo que el PSOE rechazó el pasado martes en la Junta de Portavoces del Congreso con el apoyo de la derecha). Rufián ha dicho haber salido de la reunión que “incluso más preocupado de como entró”. Para pablo Echenique, de Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno de coalición: “Lo que se ha contado refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas”.

Por el contrario, los portavoces de los grupos de la derecha han dado por buenas las explicaciones de Paz Esteban. Según Cuca Gamarra, del PP, el CNI “ha actuado en todo momento de acuerdo con la legalidad vigente”, una conclusión que ha ratificado Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, y Edmundo Bal, de Ciudadanos.

La comparecencia de Esteban ha tenido lugar en la comisión que hace 27 años conoció el caso de las escuchas ilegales del CESID, actual CNI, que acabó con la dimisión del director de este organismo, Emilio Alonso Manglano. Esteban es directora del centro desde febrero de 2020, tras ocupar el cargo durante meses de forma interina. Ha acudido al Congreso con su continuidad en el aire a pesar del apoyo explícito que un día antes le brindó la ministra de Defensa, también en sede parlamentaria. “Ha tenido que aguantar estoicamente” imputaciones “que no se corresponden con la realidad”, subrayó Robles ante las críticas de buena parte de los grupos que apoyan al Ejecutivo, e incluso de Podemos, miembro de la coalición de Gobierno.