Pere Aragonès presenta una querella contra la exdirectora del CNI por el espionaje de Pegasus

Casi dos meses después de que Paz Esteban fuera cesada como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Gobierno catalán ha decidido presentar una querella contra ella para que se aclaren sus supuestas responsabilidades en el caso Pegasus de presunto espionaje a dirigentes independentistas. La querella había sido largamente anunciada, pero no se ha formalizado en un juzgado de Barcelona hasta este miércoles por la mañana. La firma el president, Pere Aragonès. En una intervención en el pleno del Parlament Aragonès ha dicho que “hace falta ir hasta el final”. El escrito se dirige, también, contra la empresa israelí NSO Group, comercializadora del programa Pegasus, la herramienta informática que permite colarse en los teléfonos móviles para rastrear las comunicaciones de sus usuarios y hurgar en las fotos y archivos.

El caso Pegasus tiene dos frentes distintos, y la querella de la Generalitat los mezcla. Por una parte existe un informe de Citizen Lab (un grupo de investigadores vinculados a la Universidada canadiense de Toronto) que el pasado abril denunció que 65 personas vinculadas al independentismo catalán (políticos, activistas y profesionales) habían sufrido intrusiones con el programa informático Pegasus en sus móviles, sin establecer de dónde había partido el supuesto espionaje. Días más tarde el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó públicamente que el móvil del presidente y de varios ministros había sido infiltrado también con Pegasus, sin conocerse tampoco el origen del presunto espionaje. La entonces directora del CNI, Paz Esteban, compareció en la comisión de secretos del Congreso el 5 de mayo: aseguró que el servicio secreto no tenía nada que ver con el caso denunciado por Citizen Lab pero sí reveló que en 2019, durante los disturbios en Cataluña posteriores a la sentencia del procés, el CNI había intervenido, con autorización judicial, los móviles de 18 políticos catalanes, incluido Pere Aragonès.

La Generalitat mezcla el caso de intrusión masiva a 65 teléfonos denunciado por Citizen Lab y la intervención legal de 18 teléfonos (con autorización judicial) reconocida por el CNI. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, sostuvo este martes que el caso de las escuchas merece persecución judicial porque se trata de un “espionaje político” vinculado al CNI. El Govern entiende que los pinchazos que afectaron al president y a otra sesentena de independentistas pueden ser constitutivos de delitos de intrusión informática e intercepción de las comunicaciones. “Citizen Lab confirmó al menos cuatro ataques al president”, apuntó Patrícia Plaja en su comparecencia, afirmando que las intrusiones respondían “a una clara motivación de índole política”.

La demanda llega cuando los asesores de Pere Aragonès han intensificado contactos con los de Pedro Sánchez para poner fecha a una reunión entre presidentes. La fecha del encuentro sigue sin concretarse, pero la idea es que se sienten a hablar durante este mes de julio. La tardanza en acudir al juzgado responde, según aseguran fuentes del Govern, a que se han recabado datos e informaciones que señalan indudablemente hacia la cúspide del CNI. El escrito se sustenta en parte de las revelaciones que dio Paz Esteban en la reunión a puerta cerrada que mantuvo el 5 de mayo en el Congreso con los portavoces de los grupos parlamentarios. Aquellas explicaciones sirvieron para confirmar que el teléfono de Aragonès figura entre los pinchados por el CNI con autorización del magistrado del Tribunal Supremo encargado de controlar las actividades del servicio secreto que vulneran derechos fundamentales.

Más allá de señalar a Paz Esteban y a NSO Group, la querella del Govern contiene una referencia para que se abran diligencias contra cualquier otra persona o empresa que pudiera haber tenido participación en las escuchas ilícitas. “Hay que garantizar que se aborda el tema en su integridad”, manifestó la portavoz del Ejecutivo catalán. La presentación del pleito judicial escenifica el disgusto que anida en el Govern en relación con la intromisión de las comunicaciones que impulsó el CNI. Aragonès y sus consejeros han repetido reiteradamente que el episodio constituye una irregularidad de “extrema gravedad” y que la intención del Govern es no permitir que se eche tierra encima sin que se diriman mayores responsabilidades.

Plaja reclamó conocer “los nombres y apellidos” de los responsables de los pinchazos y desvelar “qué información se sonsacó, con qué finalidad y donde se almacena”.

En mayo, el juez de Barcelona que investigaba el espionaje con el programa Pegasus a los móviles del expresidente del Parlament Roger Torrent y del concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall (ERC) archivó provisionalmente la causa.

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