El ‘caso Pegasus’ hace crujir la mayoría ante el decreto de la crisis

Pese a todos los intentos del Gobierno, el caso Pegasus no amaina. Al contrario, sigue creciendo políticamente y ya hace crujir la mayoría a pocas horas de una votación decisiva: la de este jueves, cuando se tiene que convalidar el decreto con más de 6.000 millones de euros en ayudas a varios sectores y bajadas de impuestos para reducir el impacto de la inflación. Lo que está en riesgo no es solo esta votación, que el Ejecutivo confía en superar de una u otra manera, entre otras cosas, porque tumbar el decreto tendría un coste muy alto para quien sea el responsable, tanto si es ERC como si es el PP; supondría, por ejemplo, que miles de transportistas se quedasen sin 1.200 millones de euros en ayudas o todos los conductores del país vieran subir la gasolina 20 céntimos por litro. Lo que se dilucida en estas horas, alrededor del escándalo del presunto espionaje a independentistas catalanes, es si la legislatura aguanta o la mayoría se rompe.

El Ejecutivo multiplica sus gestos a ERC para intentar convencer a su aliado de su voluntad de aclarar lo sucedido y ofrecer una explicaciones creíbles. Incluso ha asumido el coste político que supone cambiar la mayoría para constituir la comisión de secretos oficiales, de tres quintos a absoluta, para sortear el veto del PP a Bildu y tal vez a ERC. Pero los republicanos siguen insatisfechos, y mantienen la presión.

Este miércoles la sesión de control, el día antes de la votación decisiva, quedará monopolizada por el asunto y la sensación que se percibía este martes entre varios miembros del Gobierno es que Sánchez aprovechará la pregunta que le hará Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, para lanzar alguna otra medida de impacto que aplaque a sus socios y muestre su voluntad de aclarar el escándalo.

Los republicanos, después de que Félix Bolaños les ofreciera una investigación interna del CNI, otra del Defensor del Pueblo, la activación de la comisión de secretos en el Congreso y la posibilidad de desclasificar documentos, están pidiendo ahora otras dos cosas delicadas.

Por un lado, cambiar la ley del CNI que impide al Gobierno dar ninguna explicación pública, y según la interpretación de Margarita Robles, ni siquiera puede decir públicamente si el CNI tiene o no Pegasus, aunque fuentes de este organismo lo confirmaron a EL PAÍS. El Gobierno no ha ofrecido de momento esta salida, pero distintos miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE apuntan que en la sesión de control podría haber novedades.

Lo otro que exige ERC es mucho más complicado: cabezas políticas. Si el Gobierno no reconoce que se haya espiado y mucho menos que se haya hecho sin autorización judicial y de forma irregular, difícilmente puede ofrecer la salida de un responsable político. De hecho, Robles, la principal aludida por los independentistas, se mostró durísima este martes en el Senado frente a las preguntas de ERC, Junts y Bildu. Robles les acusó de “frivolidad” y les animó a acudir a los tribunales, algo que ya ha anunciado la Generalitat.

La ministra no reconoce autoridad al informe sobre el que se basan las acusaciones de los independentistas porque lo ve “carentes de cualquier actividad probatoria”. “Este Gobierno y todos sus organismos actúan exclusivamente con el respeto más escrupuloso a la ley”, dijo Robles, que insistió en que cuando se constituya la comisión de secretos oficiales “ahí aparecerá todo”. “Se lo puedo decir más alto y más claro, en castellano o en catalán”, zanjó Robles.

Unidas Podemos, miembro de Gobierno, y el conjunto de partidos que sostienen parlamentariamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, con 65 diputados, presentaron este martes en el Congreso un manifiesto de denuncia del “espionaje político” citando a Robles, ministra de Defensa, e insistiendo en que “la sospecha de la implicación del Estado español es más que verosímil”.

El voto clave del PP

Si ERC decide irse al “no” mañana —el Gobierno confía en que al menos se abstenga— el PP se volverá clave. Los populares contemplan en estos momentos todas las posibilidades de voto al decreto, incluido en contra, si el Gobierno no hace nada para buscar su apoyo, según fuentes próximas al líder popular. En el equipo de Alberto Núñez Feijóo se quejan de que el Ejecutivo tardó apenas unos minutos en llamar para el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial —el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, telefoneó el lunes al vicesecretario Institucional, Esteban González Pons— y, sin embargo, el martes por la tarde aún no había contactado para hablar del decreto con el interlocutor que ha definido Feijóo, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. Desde el Gobierno aseguran que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí tenía intención de hablar en cuanto pudiera con Bravo.

En el entorno de Feijóo inciden en que si al Gobierno le falla la mayoría no tiene que solucionarle la gobernabilidad el PP y, en todo caso, si quiere su apoyo “tendrá que mover ficha”. “Tendrá que convencernos”, instan los populares. Eso implica conceder al PP alguna medida del plan económico que Feijóo presentó a Sánchez, y para el que no han recibido respuesta. “Pedirnos el apoyo sin incluir ni una sola de las propuestas planteadas por el Partido Popular no es ni serio ni responsable”, advirtió este martes Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, a Pedro Sánchez en la sesión de control. “¿Van a apoyar una rebaja del 60% de impuestos de la electricidad? ¿Van a apoyar ayudas a transportistas, a la pesca, a agricultura? No sabemos qué van a hacer”, le contestó el presidente.

Mientras, el Gobierno catalán acordó “restringir” sus relaciones políticas con el Ejecutivo central hasta que se esclarezcan las denuncias por un supuesto espionaje a más de 60 independentistas y se “depuren” responsabilidades, un caso por el que planea emprender “acciones legales” a todos los niveles. Así lo recoge el acuerdo aprobado por el Ejecutivo catalán en su reunión semanal de este martes, en el que denuncia que la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto ha sido “del todo insuficiente” y que ello pone “gravemente en peligro la confianza” entre gobiernos.

Aparcada la mesa de diálogo

Esto obliga, señala el texto del acuerdo, a “restringir las relaciones políticas a las mínimas que se consideren en cada caso imprescindibles, hasta el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda”. “Ha pasado más de una semana desde que se hizo público el caso de espionaje más grave de la democracia española y el Gobierno sigue sin dar ni una explicación”, criticó este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El plantón del Govern implica aparcar la mesa de diálogo. “Solo se harán aquellos contactos que sean imprescindibles para los intereses de la ciudadanía de Cataluña”, puntualizó Plaja.

Dejar de lado la mesa de diálogo busca visibilizar el enfado que ha causado en la Generalitat las supuestas escuchas perpetradas por el CNI, y supone un tanto a favor de Junts per Catalunya en la particular contienda que mantienen dentro del Ejecutivo autonómico los consejeros de ERC y JxCat. Desde la formación que lidera Carles Puigdemont, la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat siempre se vio como una herramienta estéril, mientras que los republicanos han defendido que es necesario hallar puntos de acuerdo con el Gobierno.

El posicionamiento de la Generalitat es que las sospechas que levantan los pinchazos son extremadamente graves y que es necesario iniciar “acciones políticas y jurídicas” para saber quién ordenó el “espionaje masivo”. El Govern prevé impulsar “las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar” este caso de “espionaje tecnológico masivo” y ya avanza que solicitará al Consejo de Ministros el “acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO Group”, autora del sistema de ciberespionaje Pegasus.

El Govern exige depurar responsabilidades, pero no concreta dónde se concentran sus sospechas: “Lo primero que se tiene que saber es qué ha pasado exactamente, quién lo ha ordenado y quién lo ha permitido. Cuando se sepa quien está detrás, esas personas deberán dimitir o ser cesadas”, manifestó Plaja.

El president Pere Aragonès ha pedido al presidente Pedro Sánchez mantener una reunión urgente para tratar de dar respuestas a un caso que ha tensado, más, la cuerda que une las relaciones de Cataluña con La Moncloa. Fuentes de presidencia de la Generalitat apuntan que todavía no se ha recibido una contestación que sirva para concretar una fecha para el encuentro.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, propuso este martes en la reunión de la Mesa que rige el funcionamiento de la Cámara baja una nueva resolución para cambiar el método de elección de los diputados que formarán parte de la comisión de secretos oficiales. Esta comisión tiene acceso a información reservada y el Gobierno quiere ahora ofrecer allí algunos detalles sobre el presunto espionaje a 65 cargos y activistas independentistas catalanes y vascos. La resolución es respaldada por la mayoría de la Mesa que conforman el PSOE y Unidas Podemos, frente al rechazo del PP y Vox. Batet propone que esos componentes puedan ser nominados con una mayoría absoluta (176 escaños) frente a la actual mayoría reforzada de tres quintos (210), que requería acuerdos entre los dos principales partidos. El Gobierno, el PSOE, Unidas Podemos y otras formaciones del pacto de legislatura apoyan esta iniciativa, que podría plasmarse mañana, y lo argumentan en la necesidad de “favorecer el pluralismo político” ante los vetos del PP, Vox y Ciudadanos a partidos como ERC y EH Bildu.

Esa comisión no se había podido constituir en esta legislatura por los vetos cruzados entre los partidos de la derecha a los representantes de ERC y, sobre todo, de EH Bildu. Desde la izquierda, en un primer momento, también se cuestionó la presencia en la comisión de la extrema derecha de Vox, que ahora se asume. La nueva norma, que se votará por la Mesa y la Junta de Portavoces permitirá la entrada de un diputado de ERC y de EH Bildu y de la CUP, que ahora preside el Grupo Mixto, en esa comisión.

Con información de Elsa García de Blas y Marc Rovira.