La Generalitat anuncia acciones legales por el espionaje a independentistas

El Govern acuerda “restringir” sus relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que implica aparcar la mesa de diálogo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la reunión semanal del Gobierno catalán, este martes.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la reunión semanal del Gobierno catalán, este martes.Enric Fontcuberta (EFE)

El Gobierno catalán ha acordado este martes “restringir” sus relaciones políticas con el Ejecutivo central hasta que se esclarezcan las denuncias por un supuesto espionaje a más de 60 independentistas y se “depuren” responsabilidades, un caso por el que planea emprender “acciones legales” a todos los niveles. Así lo recoge el acuerdo aprobado por el Ejecutivo catalán en su reunión semanal de este martes, en el que denuncia que la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto ha sido “del todo insuficiente” y que ello pone “gravemente en peligro la confianza” entre gobiernos.

Esto obliga, señala el texto del acuerdo, a “restringir las relaciones políticas a las mínimas que se consideren en cada caso imprescindibles, hasta el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda”. “Ha pasado más de una semana desde que se hizo público el caso de espionaje más grave de la democracia española y el Gobierno sigue sin dar ni una explicación”, ha criticado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El plantón del Govern implica aparcar la mesa de diálogo. “Solo se harán aquellos contactos que sean imprescindibles para los intereses de la ciudadanía de Cataluña”, puntualizó Plaja. “Estamos en una crisis sin precedentes y no se da ninguna de las condiciones para que se pueda reunir la mesa de diálogo”, abundó la portavoz.

Arrinconar la mesa de diálogo busca visibilizar el enfado que ha causado en la Generalitat las supuestas escuchas perpetradas por el CNI, y supone un tanto a favor de Junts per Catalunya en la particular contienda que mantienen dentro del Ejecutivo autonómico los consejeros de ERC y JxCat. Desde la formación que lidera Carles Puigdemont, la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat siempre se vio como una herramienta estéril, mientras que los republicanos han defendido que es necesario hallar puntos de acuerdo con el Gobierno.

El posicionamiento de la Generalitat es que las sospechas que levantan los pinchazos son extremadamente graves y que es necesario iniciar “acciones políticas y jurídicas” para saber quién ordenó el “espionaje masivo”. El Govern prevé impulsar “las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar” este caso de “espionaje tecnológico masivo” y ya avanza que solicitará al Consejo de Ministros el “acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO Group”, autora del sistema de ciberespionaje Pegasus.

El Govern exige depurar responsabilidades, pero no concreta donde se concentran sus sospechas: “Lo primero que se tiene que saber es qué ha pasado exactamente, quién lo ha ordenado y quién lo ha permitido. Cuando se sepa quien está detrás, esas personas deberán dimitir o ser cesadas”, manifestó Plaja.

El president Pere Aragonès ha pedido al presidente Pedro Sánchez mantener una reunión urgente para tratar de dar respuestas a un caso que ha tensado, más, la cuerda que une las relaciones de Cataluña con La Moncloa. Fuentes de presidencia de la Generalitat apuntan que todavía no se ha recibido una contestación que sirva para concretar una fecha para el encuentro.

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