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La presidenta del Congreso cambia una norma que dará entrada en la comisión de secretos a ERC, Bildu y la CUP

Batet propone que solo se necesite una mayoría de votos, y no los tres quintos actuales, para elegir a los diputados que recibirán información reservada y tendrán acceso a datos sobre el presunto espionaje

Meritxell Batet
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, este martes.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Javier Casqueiro

La presidenta del Congreso, la socialista Mertixell Batet, ha propuesto este martes en la reunión de la Mesa que rige el funcionamiento de la Cámara baja una nueva resolución para cambiar el método de elección de los diputados que formarán parte de la comisión de secretos oficiales. Esta comisión tiene acceso a información reservada y el Gobierno quiere ahora ofrecer allí algunos detalles sobre el caso Pegasus, el presunto espionaje a 65 cargos y activistas independentistas catalanes y vascos. La resolución es respaldada por la mayoría de la Mesa que conforman el PSOE y Unidas Podemos, frente al rechazo del PP y Vox. Batet propone que desde ahora esos componentes puedan ser nominados solo con una mayoría absoluta (176 escaños) frente a la actual mayoría reforzada de tres quintos (210), que requería acuerdos entre los dos principales partidos. El Gobierno, el PSOE, Unidas Podemos y otras formaciones del pacto de legislatura apoyan esta iniciativa, que podría plasmarse este jueves, y lo argumentan en la necesidad de “favorecer el pluralismo político” ante los vetos del PP, Vox y Ciudadanos a partidos como ERC y EH Bildu.

La nueva resolución de la presidenta de las Cortes viene a modificar otra del también presidente de la Cámara en mayo de 2004, el socialista Manuel Marín, en la que se fijaba una mayoría de tres quintos de los diputados (210) para designar a un componente por grupo para la comisión de secretos oficiales, también conocida como comisión de asuntos reservados. Entonces eran siete grupos. Esa comisión no se había podido constituir, sin embargo, en esta legislatura por los vetos cruzados entre los partidos de la derecha a los representantes de ERC y, sobre todo, de EH Bildu. Desde la izquierda, en un primer momento, también se cuestionó la presencia en la comisión de la extrema derecha de Vox, que ahora se asume. La propuesta de resolución de la Presidencia ha contado con el parecer favorable de la Junta y de la Mesa celebradas la noche de este martes.

Favorecer el “pluralismo político”

En otras legislaturas fue en esa comisión donde comparecía el presidente del Centro Nacional de Inteligencia ante situaciones excepcionales y esa es una de las ofertas que realizó el domingo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, para aplacar sus críticas por el caso Pegasus de presunto espionaje a líderes independentistas. Bolaños llegó a anticipar este lunes, en una entrevista en TVE, que el Gobierno estaba ya trabajando para facilitar un cambio en la norma del Congreso que regula cómo se elige a los componentes de esa comisión.

La presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, confirmó esa intención en la mañana de este martes, en una inusual comparecencia pública, y ratificó que había conversado este mismo lunes con la secretaria general y portavoz del PP en la Cámara, Cuca Gamarra, para constatar que ese partido sigue bloqueando la posibilidad de que haya miembros sobre todo de EH Bildu en esa comisión y que no estaban dispuestos a facilitar con sus votos esa elección. Así que Batet llevó este martes una nueva resolución de la Presidencia a la Mesa del Congreso donde plantea el cambio de elección apoyándose en sus competencias, fijadas en el artículo 32.2 del Reglamento. La presidenta sustenta esa propuesta en lo inviable del consenso político con el principal partido de la oposición y razona el cambio en un intento de “favorecer el pluralismo político” y en la oportunidad de “ampliar los derechos de representación de los diputados”.

Batet pretende continuar así con la idea que han ido desarrollando desde hace años distintas Presidencias de la Cámara, en 1986, 1992 o 2004, para ampliar el número de representantes de los ciudadanos que han tenido oportunidad de conocer detalles e información clasificada o reservada. En 1986 solo tenían esa competencia y responsabilidad tres diputados. En 1992 se optó por conceder esa opción a un parlamentario de cada grupo constituido, y se excluyó ya entonces al Grupo Mixto. Y desde 2004 son siete los componentes de esa comisión. Ahora hay 10 grupos parlamentarios en el Congreso.

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En su declaración en el patio del Congreso, Batet se refirió a la resolución de mayo de 2004 suscrita por Manuel Marín para actualizarla y reinterpretar ahora su contenido ante el nuevo panorama político más disgregado y por los actuales bloqueos partidistas: “El mandato de dicha resolución es claro: establece, en primer lugar, que el Gobierno facilitará la información recabada a un diputado por cada Grupo Parlamentario. Por lo tanto, prevé la representación de todos los grupos parlamentarios. En segundo lugar, la resolución indica que los diputados serán elegidos al efecto por el pleno de la Cámara por una mayoría cualificada”. La segunda condición es la que no se ha podido cumplir durante lo que va de la legislatura y por lo que la comisión no se ha constituido. Batet señaló este martes que en los últimos días, como consecuencia indirecta del caso Pegasus, varios grupos le habían requerido que formase esa comisión, que además había acumulado en estos meses varias peticiones de información y de comparecencias aceptadas y tramitadas por la Mesa y, sin embargo, frustradas por no poder realizarse.

“El Parlamento no puede asumir el control de los secretos oficiales y de los gastos reservados, dejando así sin efecto el mandato constitucional de control de la actividad del Gobierno, lo cual creo que debe ser una prioridad: el Parlamento está para controlar al Gobierno”, enfatizó la presidenta de las Cortes una de las razones de fondo, según su criterio, para cambiar el método de elección de esa comisión y “hacer posible el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso”.

Las intenciones de Batet coinciden en este caso con los intereses del Gobierno de coalición y recaban el apoyo de la mayoría de los partidos que sustentan al Ejecutivo en el Parlamento. Así se expresaron portavoces de Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís o JuntsxCAT y PDeCAT. Pero esas mismas formaciones se encargaron también de subrayar, incluso con una comparecencia y comunicado conjunto, que esa comisión de secretos no les sirve y les parece insuficiente para frenar sus exigencias de explicaciones al Gobierno sobre el caso Pegasus en una comisión de investigación.

Tanto PP como Ciudadanos o Vox mostraron su malestar por este cambio de las reglas de funcionamiento de esa peculiar y sensible comisión, sobre el que votarán en contra, y lo interpretaron por el complicado momento político en el que está el Gobierno ante las presiones de sus socios independentistas. Cuca Gamarra, del PP, relacionó esa propuesta de la presidenta Batet que entiende “innecesaria” con “la exigencia de sus socios de estar dentro de dicha comisión” y en particular con Bildu. “El Gobierno pone al Estado a su servicio para garantizar que sus socios le siguen apoyando durante toda la legislatura”, ha denunciado Gamarra.

Lea aquí la declaración de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre los cambios que afectan a la comisión de secretos. Si no lo puede ver, pinche aquí.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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