Sánchez anuncia un plan de 6.000 millones contra la crisis y límites a las subidas de los alquileres

Tras un intenso fin de semana de negociaciones y una noche muy larga, el PSOE y Unidas Podemos pactaron en el último momento un paquete de ayudas para paliar las consecuencias de la guerra que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Dichas medidas incluirán 10.000 millones en préstamos ICO y 6.000 millones de euros en ayudas directas y en rebajas de impuestos de la luz que ya había aprobado el Gobierno. Entre estas subvenciones habrá una bajada de 20 céntimos del combustible para todos los ciudadanos, no solo los transportistas, que será efectiva a partir del 1 de abril, según ha asegurado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el encuentro Generación de Oportunidades organizado por Europa Press y McKinsey. Además, se incluye una medida que reclamaba Unidas Podemos, muy novedosa y probablemente polémica: un límite del 2% durante tres meses a las subidas de los alquileres. Hasta el 30 de junio ninguna actualización de la renta podrá superar esa cuantía, según ha anunciado el presidente.

Además, habrá un mecanismo excepcional de protección del empleo durante estos meses, con límites al despido objetivo hasta junio, y se facilitará de nuevo que las empresas puedan acudir a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar una destrucción masiva de puestos de trabajo si la situación empeora. También se aumentará un 15% la ayuda del ingreso mínimo vital y se ampliará el bono social eléctrico a otras 600.000 familias, hasta alcanzar los dos millones, según los cálculos del Ejecutivo.

Sánchez ha garantizado que se volcará en este gran plan económico y social frente a las consecuencias del conflicto en Ucrania. “Parar la guerra no está en la mano de este ni de ningún Gobierno europeo, solo de Putin, que esperamos que sea juzgado por sus crímenes. No podemos prometer que no se sentirán los efectos de la guerra. Pero sí trabajaremos para proteger a empresas y trabajadores y haremos que la carga se reparta de forma justa. Protegeremos a los más débiles. Este el mismo Gobierno que gestionó la pandemia protegiendo a los trabajadores, el mismo que ha logrado la excepción ibérica en Bruselas, el mismo que aprobó los ERTE o el escudo social y la revalorización de pensiones o la reforma laboral, el que afrontó la crisis de Afganistán y el volcán de La Palma”, ha reivindicado el presidente.

“No habrá una bajada generalizada de impuestos”, ha presumido después la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presente en el acto, tras una dura negociación interna. “Además estamos dando un mandato claro: no tenemos que despedir a nadie. Hay que ir al ERTE, y si se hace un mal uso las empresas tendrán que devolver las ayudas percibidas. Además, imagínense lo que sería subir ahora los alquileres a la inflación, que es del 7,4%. Por eso vamos a acotarlos al 2%”, ha explicado Díaz. Unidas Podemos no ha logrado su objetivo de establecer un impuesto excepcional a las grandes eléctricas, pero sí habrá una fórmula para incidir en la minoración de los beneficios de estas grandes compañías que el Gobierno ya planteó en otoño de 2021 y que finalmente renegoció con las empresas hasta quedar bastante diluida.

Ahora Sánchez confía en pactar este paquete de ayudas con varios grupos. Según fuentes del Ejecutivo, a lo largo del fin de semana y esta misma mañana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha contactado telefónicamente con los portavoces parlamentarios de PP, ERC, Cs, PNV y Más País para explicar las líneas generales del decreto que se aprobará mañana y buscar así su apoyo. “Europa está unida en la respuesta a Putin, España debería estar unida también. La última conferencia de presidentes fue un buen ejemplo”, ha recalcado Sánchez. Aún así, el corazón del decreto, como ha explicado Díaz, ya no está centrado en la bajada de impuestos que quería el PP, aunque hay algunas, sino en las ayudas para bajar los combustibles ―el modelo que se ha usado en Francia― y una gran protección social con esos límites al despido y a la subida de alquileres que no van en la línea de lo que reclamaba el PP y sí de los grupos que apoyan habitualmente al Ejecutivo.

Un ahorro directo de 20 céntimos por litro

El Gobierno estuvo hasta la última hora de anoche perfilando las propuestas. Sobre la mesa estaba extender a todos los automovilistas la rebaja de combustibles ya anunciada para los transportistas. El Gobierno dio a los profesionales una subvención de 20 céntimos por litro de gasóleo. Ahora esta ayuda se va a extender a todos los consumidores cuando repongan en el surtidor, como ha adelantado EL PAÍS. De estos, 15 céntimos los soportará el Estado y el resto, otros cinco céntimos de euro, las petroleras.

La rebaja sobre los combustibles se aplicará directamente al repostar en las estaciones de servicio. La medida está prevista que se ponga en marcha desde el 1 de abril para todos, transportistas y particulares. Será temporal y se prolongará en principio hasta el 30 de junio. El objetivo de esta iniciativa es aliviar a las familias y disminuir las tensiones inflacionistas, que desde mediados del año pasado se han visto impulsadas con fuerza por los precios de la energía. Con la invasión de Ucrania se teme que la inflación media del año pueda incluso colocarse en el 7%. En algunos meses podría llegar a los dos dígitos en comparaciones interanuales.

Sánchez anunció el plan hace tres semanas durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que daba cuenta del impacto de la guerra en España. Entonces detalló que el paquete de medidas sería temporal. Este recoge la prórroga hasta el 30 de junio del descuento del 60% en el bono social eléctrico para colectivos vulnerables y del 70% para vulnerables severos. El Ejecutivo ampliará su cobertura para elevar el número de hogares beneficiarios. El presupuesto para el bono social térmico, que es una ayuda para la calefacción, ya se ha duplicado hasta los 200 millones.

El plan también comprende la reducción del IVA a la electricidad, la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y la reducción al mínimo del impuesto especial sobre la electricidad, todas ellas medidas para rebajar el coste de la factura eléctrica que están en vigor y que ya se aprobaron desde verano del año pasado cuando se inició la escalada de la luz. Con el decreto del martes se prorrogarán hasta junio y su coste alcanza los 4.000 millones durante seis meses. Con el mismo fin de abaratar la luz, se limitará en las centrales de gas el precio y solo se compensará haciendo medias horarias y repercutiéndolo en parte al consumidor en otras franjas horarias y otras tecnologías. Se adelantará la liquidación del sistema de subvenciones a las renovables antiguas (el sistema Recore), que están recibiendo una rentabilidad por encima del 7,1% comprometido y por lo tanto tienen que devolver ingresos. Eso permitirá utilizar unos 1.800 millones para reducir los cargos de la factura eléctrica. También se reducirán en un 80% los peajes para consumidores electrointensivos, es decir, unas 600 grandes industrias con un coste de 500 millones de euros, y se acelerarán nuevas subastas de renovables.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, precisó la pasada semana que el plan contaría con una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la posibilidad de ampliar el vencimiento de los actuales avales creados por la covid para las empresas y los autónomos más afectados por la crisis energética y alargar los plazos de carencia. Hoy el presidente ha avanzado que las nuevas líneas del ICO ascenderán a los 10.000 millones. Calviño también avanzó que se pisará el acelerador con la agenda de transición energética, se impulsará la eficiencia energética y se reforzará la ciberseguridad. Esta ultima partida se dotará con 1.000 millones de euros.

El Consejo de Ministros del martes también prevé activar el Mecanismo RED (los nuevos ERTE) para el sector de las agencias de viajes. Se trata del sistema que se aprobó en la reforma laboral para suspender empleos en coyunturas económicas adversas o por la necesidad de reestructurar un sector. Según las cifras de la Seguridad Social, en las agencias de viajes casi uno de cada tres empleados continúa todavía en ERTE como consecuencia de la pandemia. Este esquema se podrá activar también para los sectores perjudicados por los precios energéticos.

Además, se articularán ayudas a empresas al estilo de las que se hicieron con la covid para las actividades que se enfrenten a dificultades por los precios energéticos. El presupuesto para este fin ascenderá a unos 1.600 millones. No obstante, muchas de estas ayudas que se aprobaron por la pandemia ni siquiera se han entregado. Hacienda trabaja ya en el listado de empresas que pueden recibir las subvenciones directas. La agricultura y la ganadería percibirán 362 millones en ayudas. La pesca, 68 millones. La industria, 500 millones para reducir su factura eléctrica. Y los transportes los 450 millones ya anunciados con subvenciones directas en función del vehículo. Por otra parte, para los inmigrantes ucranios acogidos se destinará hasta un máximo de 1.200 millones de euros.

Pacto de rentas

Sánchez también ha instado a los agentes sociales a alcanzar un pacto de rentas para dar “estabilidad y confianza, tanto desde la perspectiva de los costes salariales, como desde la moderación en los márgenes y beneficios de las empresas”. Patronal y sindicatos ya están negociando la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Los agentes sociales pretenden cerrarlo pronto. De hecho, se encuentran bastante cerca de alcanzar un pacto en torno a un 3% de subida anual durante tres años. Sin embargo, todavía existen discrepancias de fondo que están retrasando la firma. Una de ellas es que los sindicatos quieren garantizar que al cabo de los tres años no haya pérdida de poder adquisitivo.

El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del martes el acuerdo con los transportistas en el que se bonificarán 20 céntimos de euro por litro de combustible y se dará una ayuda directa al sector de 450 millones que irá en función del vehículo. Se trata de unas medidas que supondrán una inyección total de más de 1.000 millones de euros. La bonificación de 20 céntimos supondrá un ahorro estimado de unos 700 euros por camión al mes y tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, prorrogable en función de la evolución de los precios de los carburantes.

Antes del 31 de julio, el Ministerio de Transportes presentará un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector. Una de las principales quejas de los camioneros es que no son capaces de repercutir los precios a quienes les contratan.