El Gobierno subvencionará con 20 céntimos el litro de gasoil para poner fin a la huelga del transporte

Sobre las dos y media de la madrugada de este viernes, y tras más de 12 horas de reunión, el Gobierno ha cerrado un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que representa a las asociaciones mayoritarias de transportistas, como CETM y Fenadismer, para paliar la subida del precio del gasóleo y poner fin a los paros de los transportistas que se iniciaron el 14 de marzo. Por el mismo, el Ejecutivo se compromete a subvencionar con 20 céntimos de euros cada litro de gasoil, un descuento que se aplicará desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, aunque con carácter prorrogable según la evolución del precio del carburante. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante del paro, no acepta el acuerdo y, de momento, mantiene las protestas al no haber sido convocada a la mesa de negociaciones.

Esta bonificación supondrá una inyección de fondos de 600 millones para el sector que, junto con otras ayudas, eleva el montante de las medidas a un total de 1.050 millones de euros, según señaló la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al término de la reunión. Las ayudas se harán extensivas también a las empresas de transporte de viajeros (taxis, VTC, ambulancias, autobuses y autocares), que tenían convocada este domingo una manifestación en Madrid y amenazaban con sumarse a la huelga.

La bonificación se aplicará al gasóleo, gasolina, gas y al aditivo adblue (que reduce la contaminación), y un 75% correrá a cargo del presupuesto público (15 céntimos por litro) y el resto deberán costearlo las petroleras (5 céntimos). Es decir, que el Estado pondrá en torno a 450 millones y las empresas, a las que no se ha consultado esta solución, los 150 millones restantes. Con este descuento, un camión de gasóleo ahorrará más de 700 euros al mes, según el cálculo del Gobierno. Se solicitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que supervise que esta bonificación se traslada en los precios minoristas.

Asimismo, se concederán ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). La cuantía tendrá un límite de 400.000 euros por empresa.

Otra disposición es la ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta entre 8 y 10 años, así como la ampliación del periodo de carencia de esos créditos en seos meses y una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia.

Entre las medidas sociales, se duplica el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista, que pasará de 10 a 20 millones de euros en 2022. El sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo, con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir 65 años. El ministerio destina ayudas por autónomo de 30.000 euros y, gracias al acuerdo alcanzado, duplicará dichas cuantías para ayudar así a un mayor número de autónomos a poder afrontar el abandono de la actividad, según Transportes.

Antes del 31 de julio, además, el Ministerio de Transportes se compromete a presentar al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, para posteriormente presentarlo al Consejo de Ministros. Con esta medida, se quiere garantizar que ningún porte se haga por debajo del precio de coste.

Las dos partes también han acordado adelantar la aprobación de otra reclamación histórica del sector, como es la devolución mensual del gasóleo profesional, en lugar de anual, como está actualmente, yendo más allá de los compromisos asumidos en diciembre de 2021, que ya redujeron el plazo a trimestral. Y es que los transportistas ya gozan actualmente una bonificación sobre el precio del gasóleo mediante un mecanismo de devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos para los transportistas, que se aplica en toda España de forma unificada desde el 1 de enero de 2019: 4,9 céntimos o 49 euros por cada 1.000 litros consumidos, consumo máximo de 50.000 litros por vehículo y año, es decir 2.450 euros. Para tener derecho a ese descuento hay que ser poseedor de una tarjeta autorizada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acreditando la actividad profesional como transportista. Hasta ahora los beneficiarios con derecho a la devolución debían presentar a Hacienda durante el primer trimestre del año siguiente a la finalización del año natural, una declaración anual con el número de kilómetros recorridos de cada uno de los vehículos de su titularidad que hayan estado inscritos en el censo de beneficiarios en el año anterior. Pero tras los acuerdos con los transportistas esa declaración y la devolución correspondiente pasará a ser mensual.

Concretamente, se producirá el pago mensual del combustible profesional desde abril y se pondrá en marcha un sistema de devolución anticipada mensual con regularización anual. Asimismo, se acelerará la devolución del céntimo sanitario.

La plataforma seguirá con los paros

El acuerdo con el CNTC no supone la desconvocatoria automática de la huelga. Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante del paro, había descartado “totalmente” desconvocar los paros, pasara lo que pasara en la reunión que concluyó en la madrugada, al considerar que los camioneros y conductores “de base” no estaban representados en ella. “Hasta que yo no me siente con la señora ministra [de Transportes], no se desconvoca el paro”, había advertido el jueves el presidente de la plataforma, subrayando que no reclaman “ni subvenciones ni limosnas”, en alusión a los 500 millones de euros en ayudas que había planteado el Gobierno inicialmente para paliar la subida del precio de los combustibles. La plataforma, a la que el Gobierno le ha negado desde el principio participar en las negociaciones al considerar que no es un interlocutor válido, ha convocado para este viernes una manifestación frente al Ministerio de Transportes que espera que sea “multitudinaria”.

Todas las medidas acordadas entre el Gobierno y el CNTC entrarán en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de marzo, como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania. “El Gobierno ha cumplido con su parte y el sector del transporte debe ser responsable (...). No es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre, las reivindicaciones del Comité y de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen motivos ni excusas para no retomar totalmente la actividad”, ha defendido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras finalizar la reunión.

Sánchez ha pedido a los transportistas participantes en el paro de estos días que se lean el acuerdo y ha apelado a su “responsabilidad” para recuperar la normalidad. Sobre el anunciado rechazo de la plataforma a las medidas consensuadas este viernes por no haber sido partícipe de la negociación, la ministra ha insistido en que “lo importante no es quién se sienta en la mesa”, y ha defendido que las asociaciones que forman parte del Comité son los interlocutores válidos debido a que fueron elegidas recientemente por todo el sector. Preguntada sobre por qué el Gobierno tardó en actuar más de una semana desde que arrancó el paro —el pasado 14 de marzo—, la ministra ha subrayado que su incidencia fue “muy minoritaria” en un principio y que con el paso de los días ya se sumaron “muchos transportistas de buena fe” debido a que la subida del precio de los carburantes dificultaba su operativa.

Según fuentes de los transportistas, las negociaciones con el CNTC no estuvieron exentas de tensión, e incluso hubo amenaza de ruptura cuando antes de la madrugada se levantaron de la mesa la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que habían llevado la voz cantante durante gran parte de la reunión. Las asociaciones amenazaron con un paro total a partir de este viernes si la reunión acababa en falso, como ya sucedió en la que tuvo lugar el pasado lunes. La ministra de Transportes presentó finalmente un documento final que obtuvo la luz verde de los transportistas pasadas las dos de la madrugada de este viernes.

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Problemas de abastecimiento

Mientras, prosiguen las manifestaciones y actos de protesta. Desde que comenzó el paro de transportistas, 67 personas han sido detenidas y 6.969 convoyes de camiones con mercancías y bienes han tenido que ser escoltados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el Ministerio del Interior.

La huelga cumple este viernes12 días y la situación se agrava cada día que pasa en supermercados, fabricantes de alimentos, cooperativas, hosteleros y empresas de los sectores más afectados, con problemas de suministro cada vez más importantes. La industria alimentaria ha pedido al Gobierno que actúe con rapidez para pactar una salida a la crisis que, según el sector, está bloqueando la economía del país. La automovilística Mercedes y Legumbres Luengo se han unido a la lista de compañías que han tenido que cerrar algunas plantas de forma temporal o han avisado de que lo harán en los próximos días, si siguen los paros. La planta del grupo automovilístico alemán en Vitoria, que da empleo directo a 5.000 personas, volverá a parar el lunes por la incertidumbre existente respecto al suministro de piezas. El pasado lunes ya hubo otro parón en Mercedes por la misma razón. La planta de Michelin de Vitoria tendrá que parar también este próximo fin de semana parte de su actividad por la falta de componentes para la fabricación de neumáticos debido a la huelga.

El paro también ha llevado a Legumbres Luengo a interrumpir la actividad en sus instalaciones de Riego de la Vega (León), debido a las limitaciones para cargar determinados productos y para aprovisionarse de materias primas y auxiliares, como tarros, palés y diversos materiales de embalaje. “La actividad de la fábrica permanecerá interrumpida hasta que se pueda volver a contar con los materiales y factores necesarios para su actividad”, ha explicado la empresa.

Otro de los sectores afectados es el del aceite. Oleoestepa, la mayor fábrica de producción de aceite de oliva de la provincia de Sevilla, con siete millones de olivos, cerrará este viernes su planta central de embotellado en Estepa y dejará de producir aceite ante la imposibilidad de contar con materia prima por la huelga del transporte. La empresa mantiene la actividad al 50% en la zona de embotellado, aunque sufre una importante falta de botellas, cajas o tapones.

El temor al desabastecimiento crece. Ver algunas estanterías de los supermercados vacías, sobre todo en el caso de la leche, el aceite y las harinas, es cada vez más habitual. El sector alimentario, que insiste en que al menos de momento los problemas de escasez son puntuales y manejables aunque con un elevado sobrecoste para los supermercados (130 millones de euros al día), ha hecho un llamamiento a los consumidores a no hacer compras masivas a las puertas del fin de semana para evitar el desabastecimiento. Así lo ha manifestado la directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Paloma Sánchez Pello, para quien la situación es “muy complicada”. “La gente se pone nerviosa ante la posibilidad de desabastecimiento, el problema está muy complicado, pero el sector es responsable y lo ha demostrado durante toda la pandemia e intentará por todos los medios abastecer siempre que pueda”, ha afirmado en declaraciones a Telecinco.