Podemos y los socios parlamentarios de Sánchez señalan a Margarita Robles en el ‘caso Pegasus’

El PNV se desmarca de la declaración conjunta que denuncia “el uso antidemocrático y sistemático del espionaje como arma política contra el adversario político”

Gabriel Rufián, durante la lectura del manifiesto, este mediodía en el Congreso.
Gabriel Rufián, durante la lectura del manifiesto, este mediodía en el Congreso.

Unidas Podemos, miembro de Gobierno, y el conjunto de partidos que sostienen parlamentariamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez han firmado y presentado este martes en el patio central del Congreso un manifiesto de denuncia del “espionaje político” al que, aseguran, han sido sometidos 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco a través del sistema Pegasus de infección de teléfonos móviles. Los firmantes requieren al Ejecutivo que actúe “de manera inmediata” para investigar, aclarar y depurar responsabilidades políticas por este caso; reclaman al Congreso una investigación interna para saber si hay más víctimas en la Cámara y exigen a los agentes sociales y a los ciudadanos que se movilicen contra un espionaje que califican de “ataque a la democracia”. La declaración cita expresamente a Margarita Robles, ministra de Defensa, e insiste “la sospecha de la implicación del Estado español es más que verosímil”.

La declaración ha sido leída por párrafos por distintos portavoces. El primero, el portavoz de En Comú Podem y presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, que ha estado arropado además por el portavoz de esa formación, Pablo Echenique. También han pronunciado otros párrafos los diputados independentistas y portavoces de ERC, Gabriel Rufián, de Junts, Míriam Nogueras, del PDeCAT, Ferrán Bel, de Bildu, Mertxe Aixzpurua, y de la CUP, Albert Botrán, así como el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. El comunicado lo suscriben además el BNG y Más País-Equio. Entre los abajo firmantes no se encuentra, sin embargo, el PNV. Los que la suscriben se fijan especialmente en que el “escándalo” afecta al Parlamento y el Gobierno catalanes, “al movimiento democrático independentista catalán y vasco” y, sobre todo, a los cuatro diputados del Congreso presuntamente implicados en el espionaje, Albert Botrán, Ferran Bel, Miriam Nogueras y Jon Iñarritu.

Los socios gubernamentales y parlamentarios del Ejecutivo señalan en sus sospechas directamente a Margarita Robles. “En concreto, los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos, dice el cuarto párrafo del comunicado.

La posición crítica de Unidas Podemos es la más complicada para el Ejecutivo y el PSOE. La ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya avanzó este lunes que ante la gravedad de este caso deberá producirse alguna asunción de responsabilidades. Y fuentes de esa formación admitieron que el caso les “preocupa muchísimo” y apuntaron que ahora el PSOE lo “debe explicar cuanto antes”. También aprovecharon para diferenciar entre el papel jugado en estos días por el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, “mostrando una actitud de diálogo constante que se echa en falta en Margarita Robles”. Esas fuentes agregaron: “No puede ser que haya un caso de espionaje masivo a socios del gobierno y la maxima responsable política siga en su puesto”.

En otro apartado del texto, la denuncia se focaliza en el fondo de un presunto espionaje generalizado y sin control en un estado democrático, algo que el Gobierno y el CNI han negado. “El uso antidemocrático y sistemático del espionaje como arma política contra el adversario político es un método que no debe tener cabida en un estado que se dice democrático. Esta situación, por tanto, debe preocupar no solo a los y las afectadas, sino al conjunto de las fuerzas democráticas y por extensión a toda la ciudadanía, en cuanto supone una flagrante vulneración de derechos, especialmente en todo aquello relacionado con la garantía de la expresión democrática y participación política en libertad como base de un sistema democrático que evite abusos autoritarios, ilegales e ilegítimos contra cualquier disidencia política”, señala el texto.

Las diez fuerzas políticas que sellan esta denuncia muestran su rechazo hacia ese tipo de prácticas y supuestas vulneraciones de los derechos y libertades de los afectados, reclaman al Gobierno investigaciones internas en el CNI, depuración de responsabilidades, pero sobre todo una comisión de investigación en el Parlamento. Y apuntan también contra la presidenta de las Cortes: “Exigimos a la Mesa del Congreso de los Diputados y a su Presidenta, Meritxell Batet, que tome todas las medidas oportunas para garantizar los derechos de los cuatro diputados afectados por Pegasus, así como que inicie una investigación interna para poder conocer el alcance real de los posibles casos de espionaje a diputados y diputadas de esta Cámara”. Esos partidos consideran que, tras corroborar por su parte que esos parlamentarios han podido ser espiados, “la seguridad del Congreso ha quedado comprometida dado que el espionaje con Pegasus no se circunscribe a las personas cuyos terminales han sido afectados sino a todas las personas que tengan contacto con éstas”, como periodistas u colaboradores.

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Meritxell Batet aseguró, en una breve declaración pública, que siempre ha amparado y ampara los derechos de todos los parlamentarios, pero derivó la posibilidad de indagar más sobre el presunto espionaje a sus aparatos y soportes móviles a los servicios informáticos del Congreso que están hace tiempo a su disposición. Fuentes oficiales de la Presidencia de la Cámara añadieron que los diputados que creen haber sido espiados también pueden denunciar el caso en la Policía, pero resaltaron que la presidenta no puede abrir una investigación interna por su cuenta ni, mucho menos, requerir ahora para que sean inspeccionados todos los móviles de los diputados.

Si no puede leer la declaración sobre el caso Pegasus, pinche aquí.

LEA LA DECLARACION CONJUNTA


El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió de manera individualizada a líderes independentistas, siempre bajo control judicial, según han reconocido fuentes próximas al servicio secreto español, que cuestionan tanto el número de supuestos indagados como el rigor del estudio realizado por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá), según el cual los móviles de más de 60 independentistas catalanes y vascos fueron infectados con el programa espía Pegasus, de la firma israelí NSO Group.

Uno de los instrumentos utilizados para vigilar a los líderes independentistas ha sido precisamente el sistema Pegasus, adquirido por el CNI a mediados de la pasada década por unos seis millones de euros, admiten las fuentes consultadas. Este programa espía no solo permite interceptar las comunicaciones realizadas a través de los móviles, sino también acceder a su memoria e incluso controlar a distancia su cámara y micrófono.

Según el organismo de ciberseguridad canadiense Citizen Lab, considerado uno de los mayores expertos del mundo en la materia, 63 objetivos fueron atacados (tentativas de agresión) o infectados con este programa en nuestro país. La lista incluye a dirigentes y exdirigentes de ERC, CUP y Junts y de las entidades cívicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural.

Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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