El Gobierno, dispuesto a desclasificar documentos secretos sobre la escucha del CNI a Pere Aragonès

El Gobierno está dispuesto a desclasificar documentación secreta relativa a la intervención del teléfono móvil del presidente catalán, Pere Aragonès, por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el programa espía Pegasus, según fuentes gubernamentales. La exdirectora del servicio secreto Paz Esteban, relevada poco después de que estallara este escándalo, estaba citada a declarar como investigada el próximo miércoles en el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, que investiga la denuncia presentada por Aragonès. Sin embargo, el juez Santiago García ha aplazado su comparecencia hasta finales de enero después de que el abogado del Estado, que representa a la exsecretaria de Estado de inteligencia, y otras partes personadas en el caso recurrieran el auto que dictó en octubre. La que se mantiene es la declaración del propio president, citado para el día 13 en su condición de perjudicado.

En ese auto, el juez no solo imputaba a Paz Esteban, sino que, además, ordenaba una batería de diligencias, como preguntar al magistrado del Tribunal Supremo que controla las escuchas del servicio secreto si ha autorizado el uso del programa espía israelí o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia si el CNI o cualquier otro organismo del Estado ha adquirido Pegasus. También se dirigía al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado.

Las fuentes consultadas explican que, si el juez no hubiera aplazado la declaración de la exdirectora del CNI, esta no habría podido contestar a sus preguntas, ya que tiene la obligación de guardar secreto sobre todo lo relativo al servicio que dirigió. Paz Esteban reveló en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, ante la que compareció en mayo de 2022, que Aragonès había sido uno de los 18 responsables del procés espiados por el CNI con el programa Pegasus. La interceptación de su móvil se produjo cuando era vicepresidente de la Generalitat, entre junio de 2018 y mayo de 2021.

Paz Esteban llevó a la Comisión de Secretos Oficiales los mandamientos judiciales que autorizaban al centro a interceptar las comunicaciones de 18 líderes independentistas, incluido Aragonès. En cambio, negó que el CNI tuviera relación alguna con otros 77 pinchazos telefónicos que figuraban en el informe sobre Pegasus elaborado por Citizen Lab, un equipo de ciberexpertos de la Universidad de Toronto (Canadá), en el que se basó la denuncia del actual presidente catalán.

Aragonés se querelló en junio de 2022 contra Esteban y NSO Group, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. Según el informe de Citizen Lab, su móvil fue infectado a través de SMS enviados los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando se estaba formando el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, presidido por Pedro Sánchez.

Aunque Paz Esteban llevó ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso el mandamiento del magistrado del Supremo autorizando la interceptación del teléfono de Aragonès, ya que este órgano parlamentario está legalmente habilitado para conocer documentación secreta, la exdirectora del CNI no puede exhibirlo ante el juez de instrucción de Barcelona si el Consejo de Ministros no lo desclasifica antes. Y eso es algo que aún no ha sucedido.

Fuentes gubernamentales aseguran que el Gobierno está dispuesto a desclasificar la documentación que demuestra que la escucha a Aragonès se llevó a cabo con autorización judicial; otra cosa diferente sería revelar todos los informes que ha pedido el juez instructor sobre la compra del programa Pegasus, apostillan.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este martes que el Gobierno desclasificará “aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley proceder a la desclasificación”. Por su parte, la ministra de Defensa. Margarita Robles, ha considerado “bastante probable” que se produzca alguna desclasificación.

En julio, el Gobierno se negó a desclasificar la información sobre el programa Pegasus que le reclamaba el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, que investigaba una denuncia del presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlamento catalán, Josep María Jové, y de la portavoz del mismo partido en la Eurocámara, Diana Riba. Sí respondió al juez, sin embargo, que ninguno de los dos denunciantes había sido objeto de investigación por parte del CNI. Una respuesta que no puede dar en el caso de Aragonès, ya que la propia Paz Esteban reconoció en el Congreso que había estado entre sus objetivos informativos.