El Gobierno da una de cal y otra de arena ante la primera petición judicial por el ‘caso Pegasus’

El pasado 25 de julio, el caso Pegasus —la supuesta interceptación masiva de móviles de líderes independentistas catalanes con un programa espía israelí en los años del procés— llegó por primera vez a la mesa del Consejo de Ministros. En su última reunión antes de las vacaciones, el Gobierno en funciones examinó la solicitud de desclasificación de información secreta elevada por la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, quien investiga una denuncia por presunto espionaje presentada por el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlamento catalán, Josep María Jové, y la portavoz del mismo partido en la Eurocámara, Diana Riba.

El primero alegó que su móvil había sido infectado con el virus espía mientras negociaba la investidura del socialista Pedro Sánchez en 2019, mientras que la segunda argumentó que se habían espiado conversaciones sobre su esposo, Raül Romeva, exconseller de Exteriores de la Generalitat condenado y luego indultado por el procés.

La petición de desclasificación, elevada en abril pasado por la juez, respondía a una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona que dio la razón al abogado de los dos republicanos, Andreu Van den Eynde, y ordenó que se citara como investigada a la empresa israelí NSO Group, propietaria del programa Pegasus, y como testigo a Esperanza Castelerio, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para evitar que esta se escudara en el carácter clasificado del asunto, la jueza optó por elevar previamente una petición de desclasificación al Gobierno.

El escrito judicial constaba de tres apartados. Preguntaba primero si el servicio secreto español dispone del software espía israelí; reclamaba luego la identidad del suministrador y las condiciones de la adquisición; e inquiría por último si ha sido utilizado para espiar a los dos denunciantes, Jové y Riba. La respuesta del Gobierno, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de la misma, es una de cal y otra de arena.

Por un lado, el Gobierno se niega a responder a las dos primeras cuestiones, alegando que no puede revelar las “fuentes y medios” del servicio secreto, clasificados por la ley reguladora del CNI de mayo de 2002, sin poner en riesgo la actividad del centro. Sin embargo, autoriza a la jefa de los espías a declarar en el juzgado, aunque anticipa que los dos denunciantes, Jové y Riba, nunca fueron investigados por el CNI. Así, si la juez la estima conveniente, Casteleiro comparecerá como testigo ante el juzgado, pero no podrá dar muchos más detalles de los que adelanta el Gobierno e insistirá en que los dirigentes de ERC nunca estuvieron bajo el radar del centro.

Los nombres de Jové y Riba figuraban en la lista de 65 dirigentes independentistas supuestamente espiados entre 2015 y 2020 —63 de ellos con el programa Pegasus— que en abril de 2022 hizo pública Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá).

Las sospechas se dirigieron inmediatamente al CNI, ya que este programa solo se vende a agencias gubernamentales, pero la entonces directora del centro de espionaje, Paz Esteban, que compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, solo reconoció haber espiado a 18 de los 65 integrantes de la lista y siempre con autorización judicial. Entre los políticos que el CNI admite haber espiado figuraba el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando era vicepresidente, pero no Jové y Riba. Citizen Lab, por su parte, solo ha admitido un error en su lista, la de haber incluido entre los espiados el exconseller Toni Comín, fugado de la Justicia española como el expresident Puigdemont, cuyas siglas habían confundido con las de otro.

A pesar de que la destitución de Paz Esteban y su sustitución por Casteleiro, a la semana siguiente de que la primera compareciera en el Congreso, amainó la tormenta política generada por el escándalo, el caso Pegasus ha seguido enturbiando las relaciones del Gobierno con los independentistas catalanes. Como parte del acuerdo que permitió, la semana pasada, la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, los socialistas aceptaron crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso y se comprometieron a no vetar ninguna comparecencia. Según la ley del CNI, es la Comisión de Secretos Oficiales, y no una eventual comisión de investigación, la que puede tener acceso a información clasificada sobre el funcionamiento y las actividades del servicio secreto, por lo que su margen de maniobra puede ser muy limitado.

Será la tercera comisión parlamentaria de investigación sobre el caso Pegasus. El propio Jové preside la comisión creada en el Parlamento de Cataluña, ante la que han rehusado comparecer el presidente Pedro Sánchez y su antecesor Mariano Rajoy, entre otros. Por su parte, la comisión del Parlamento Europeo concluyó en mayo con un informe en el que pedía a las autoridades españoles una “investigación completa, justa y exhaustiva” del presunto espionaje.

En los tribunales

La causa abierta por el juzgado número 20 de Barcelona es la primera sobre el caso Pegasus que llega a la mesa del Consejo de Ministros, pero no la única que se investiga. En los juzgados de Barcelona y en la Audiencia Nacional media docena de jueces instruyen denuncias por supuesto espionaje con el programa israelí, hasta ahora con escaso éxito. La primera querella la presentaron en julio de 2020, antes de que se hiciera público el informe de Citizen Lab, el entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y el diputado Ernest Maragall, ambos de ERC. El titular del juzgado 32 la archivó porque Israel no contestó las comisiones rogatorias enviadas y Torrent y Maragall, al contrario que Jové y Riba, no aportaron sus teléfonos móviles para que se pudiera realizar un peritaje independiente. El mismo juzgado 32 recibió las denuncias de tres diputados de la CUP supuestamente espiados, mientras que la demanda del presidente Aragonès fue a parar al Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, que intentó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, aunque la Audiencia Provincial le ha obligado a asumir la investigación.

Es en la Audiencia Nacional donde se ha ventilado la otra cara del caso Pegasus: la infección de los móviles del presidente Pedro Sánchez y los ministros del Interior, Defensa y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, en mayo y junio de 2021, coincidiendo con la crisis diplomática con Marruecos. La denuncia, que se presentó en mayo de 2022, en plena polémica por el llamado Catalangate, fue instruida por el titular del Juzgado Central número 4, José Luis Calama, En julio pasado, el magistrado decretó el sobreseimiento provisional de la causa, alegando que “la absoluta falta de colaboración” por parte de Israel, que ha ignorado las sucesivas comisiones rogatorias, impedía aclarar la autoría de un ciberataque que supuso el robo de grandes cantidades de información y, según el juez, pudo “poner en jaque la seguridad nacional”.