La misión europea sobre el ‘caso Pegasus’ cree “plausible” que Marruecos esté tras el espionaje a Sánchez

La misión del Parlamento Europeo que en los dos últimos días ha visitado España para conocer el avance de las diferentes investigaciones sobre el caso Pegasus ha concluido que es “plausible” que Marruecos esté detrás de la infección con el programa israelí que sufrieron los teléfonos móviles oficiales de Pedro Sánchez y tres de sus ministros ―los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Agricultura, Luis Planas― en mayo de 2021, en plena crisis diplomática con las autoridades de Rabat. El jefe de la delegación, el neerlandés Jeroen Lenaers, ha afirmado que si bien “no está claro quién espió al Gobierno español, las pistas apuntan a terceros países, entre ellos Marruecos”. Lenaers ha recalcado que la falta de pruebas concluyentes hace “necesario investigar más”. En la misma línea se ha manifestado su compañera, la también neerlandesa Sophia In’T Veld, para quien lo ocurrido con los teléfonos del Ejecutivo español y de otros gobiernos europeos es una cuestión “bastante preocupante” que debe ser investigada a nivel europeo y no solo interno de cada país. Ambos señalaron que han pedido a Europol, el cuerpo policial de la UE, que participe en las pesquisas.

El espionaje a Sánchez y sus ministros es investigado en España por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama desde el 26 de abril del año pasado, tras presentar la Abogacía del Estado una denuncia por la infección de sus teléfonos móviles. El Gobierno, que denunció públicamente la intrusión con el programa Pegasus, ha evitado en todo momento apuntar la responsabilidad ni de Marruecos ni de ningún otro país. La investigación judicial se ha saldado hasta ahora con la toma de declaración de varios de los afectados y de los que en el momento en el que se produjo el espionaje eran responsables de la seguridad de las comunicaciones del ejecutivo, entre ellas la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, cesada por este suceso, pero con mínimos avances.

Aquella denuncia se produjo en plena tormenta política por un informe de Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canadá), que aseguraba que 63 personadas relacionadas con el independentismo catalán habían sido supuestamente atacadas con Pegasus. El CNI admitió posteriormente haber hecho 18 de estas intrusiones, entre ellas la que sufrió el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pero se escudó en que tenía autorización judicial. De hecho, la comisión de investigación del Parlamento Europeo que ha visitado España ha centrado buena parte de sus esfuerzos en aclarar el espionaje a estas 63 personas, según han recalcado en rueda de prensa los dos representantes neerlandeses.

“Insuficientes” explicaciones del Gobierno

El objetivo declarado de la visita era “entender mejor los controles y equilibrios vigentes en este país para prevenir cualquier utilización ilegal de los programas espía”. Para ello, este martes sus miembros se han reunido, precisamente, con Aragonès; la consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, y el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, tres de las víctimas. El presidente catalán se ha quejado ante la comisión de investigación de las “insuficientes” explicaciones dadas por el Gobierno español al espionaje de los independentistas. “Nadie se ha puesto en contacto de forma oficial conmigo para responder a las siguientes preguntas: ¿Quién es el responsable? ¿Quién estaba al corriente? ¿Quién ha autorizado las escuchas, con qué finalidad? ¿Quién recibía los informes y dónde están almacenados los datos y qué información nuestra tiene a disposición, en principio, el CNI?”, ha planteado a los europarlamentarios.

La misión europea, formada por 10 europarlamentarios y que llegaba a España tras realizar visitas a Israel, Polonia, Grecia, Chipre y Hungría, va a elaborar un texto de conclusiones en el que, como ha avanzado Lenaers, se incluirá la recomendación de revisar la ley de secretos oficiales y el marco de trabajo del CNI. El jefe de la misión también ha urgido al Gobierno español a “cooperar con los tribunales” que investigan el espionaje a los independentistas y a dar “más información y transparencia” a las víctimas. Por su parte, Sophia In’T Veld, responsable de redactar la ponencia, ha mostrado su preocupación por el carácter “invasivo” del programa espía y ha recordado a los gobiernos, también al español, que este solo debe ser utilizado “para casos excepcionales, cuando exista un peligro muy claro e inminente para la seguridad nacional”, algo que ha puesto en duda que ocurriera en el caso de los independentistas catalanes.

Durante la comparecencia ante los medios de los dos miembros de la misión, ha planeado la supuesta falta de colaboración del Gobierno español en sus pesquisas. Si bien Lenaers ha sido cauto y ha justificado que finalmente solo pudieran entrevistarse con un alto cargo del ejecutivo ―el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro― en la agenda política española por la moción de censura que ha comenzado este martes en el Congreso, su compañera ha cargado contra la escasa información que les ha facilitado Madrid. “Hay poca si no ninguna información oficial”, ha dicho, antes de criticar que se busque el amparo de la seguridad nacional para este tipo de actuaciones: “La seguridad nacional es tan amplia que puede dar cabida a cualquier cosa. Tiene que ser explícita”, ha añadido. In’T Veld ha defendido que “las ideas, por muy locas que a uno le parezcan, no puede ser objeto de [una investigación por] seguridad nacional”. Del resultado de la visita de la comisión saldrá un informe que debe ser aprobado por el Parlamento Europeo.