Una comisión sobre los bulos de los atentados del 17-A y otra para aclarar el ‘caso Pegasus’

La necesidad de contar con los votos de ERC y Junts para que Francina Armengol saliera elegida el jueves presidenta del Congreso ha llevado al PSOE a acordar con las dos fuerzas independentistas catalanas la creación de dos comisiones de investigación que, durante la pasada legislatura, había rechazado. La primera deberá servir para despejar las dudas alentadas por el propio soberanismo sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos y más de 300 heridos. La segunda, para aclarar el verdadero alcance del caso Pegasus, el espionaje que sufrieron tanto dirigentes independentistas como cuatro miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez con un programa informático israelí solo al alcance de gobiernos.

Las dos comisiones partirán, sin embargo, de puntos dispares. Una, la de los ataques yihadistas del 17-A, con una sentencia de la Audiencia Nacional ―sobre cuyos recursos aún tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo― que desmontó la teoría de la conspiración en la que precisamente el independentismo ha sustentado su petición de investigación parlamentaria. La segunda, con demasiados puntos oscuros que las causas judiciales abiertas no han sido capaces de despejar y una petición, de mayo, de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus para que España haga una indagación “completa, justa y exhaustiva”.

El origen de una y otra comisión también es muy diferente. La que abordará la masacre yihadista parte de una información periodística de 2019 sobre los contactos entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el cerebro de aquellos ataques, el imán Abdelbaki es Satty, muerto horas antes de los mismos en una explosión accidental, que sirvió para alentar una teoría de la conspiración que, en su versión más extrema, culpaba al Gobierno de Mariano Rajoy de permitir la masacre para hacer fracasar al procés.

Sustentada en los contactos reconocidos por el servicio secreto con Es Satty mientras estuvo preso por narcotráfico en la cárcel de Castellón entre 2010 y 2014, fue alimentada durante el juicio por el ataque yihadista por el diputado de Junts en el Parlament Jaume Alonso-Cuevillas, quien ejercía la acusación en nombre los padres del niño de tres años víctima de aquel ataque. Alonso-Cuevillas llegó a plantear la hipótesis de que el imán seguía vivo. En mayo de 2021, la sentencia que condenó a los tres supervivientes de la célula terrorista concluyó que la muerte de Es Satty era una “verdad científica constatada” y enterró a nivel judicial cualquier atisbo de la teoría de la conspiración. La Sala de Apelación confirmó 14 meses después el relato de los hechos probados contenido en aquella sentencia.

Sin embargo, esta teoría resurgió en enero de 2022 en boca del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que aprovechó su declaración como acusado —y, como tal, no obligado a decir la verdad— durante el primer gran juicio contra él para asegurar sin pruebas que los atentados fueron un “error grave del señor [Félix] Sanz Roldán [entonces director del CNI y enfrentado al policía] que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña”. Villarejo lo vinculó todo a la llamada Operación Cataluña, puesta en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a los líderes del independentismo catalán. Aquellas declaraciones provocaron que ese mismo día ERC y Junts solicitaran, apoyados por EH Bildu, la CUP, PDeCAT y el BNG, la creación de una comisión de investigación que entonces no salió adelante.

En el caso Pegasus, la chispa que inició todo fue un informe, de abril de 2022, de Citizen Lab ―un organismo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá)― que apuntaba que 63 dirigentes y exdirigentes de ERC, CUP y Junts y de las entidades cívicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural habían sido espiados con el programa Pegasus, diseñado por la empresa israelí NSO Group y que solo vende a organismos públicos. Este software espía permite, tras infectar un teléfono móvil sin que su usuario realice ninguna acción previa, acceder a cualquier información almacenada o realizar acciones con él, como la activación del micrófono, grabar las llamadas, geolocalizarlo y capturar las páginas web visionadas.

La comparecencia a puerta cerrada en el Congreso días después de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, no apaciguó los ánimos del independentismo. Esta mostró a los diputados los autos por los que el magistrado del Tribunal Supremo encargado de controlar las actividades del servicio secreto había autorizado los pinchazos de 18 dirigentes independentistas, entre ellos, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Esteban, que fue cesada cinco días después, negó que el organismo hubiera ordenado las escuchas masivas o indiscriminadas a las que apuntaba Citizen Lab y se desvinculó de los otros casos recogidos en su informe. Entonces, el Gobierno defendió en todo momento la legalidad de aquellas escuchas, aunque aseguró desconocer su existencia.

En esas mismas fechas, el Ejecutivo denunció en la Audiencia Nacional que cuatro de sus miembros, entre ellos el propio Pedro Sánchez, habían sufrido en sus teléfonos móviles casi un año antes, en junio y julio de 2021, un ataque con el mismo software espía. La infección, cuyas fechas coincidieron con la crisis diplomática con Marruecos, fue investigada durante más de un año por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien finalmente acordó el 10 julio archivar las pesquisas ante la “absoluta” falta de cooperación de Israel.