Villarejo alienta la teoría de la conspiración en los atentados de Barcelona
ERC, Junts y otros partidos nacionalistas piden una comisión de investigación en el Congreso tras vincular el comisario, sin pruebas, el ataque yihadista al CNI y a la Operación Cataluña
El comisario jubilado José Manuel Villarejo dio este martes una nueva vuelta de tuerca en su estrategia de lanzar insinuaciones y acusaciones sin ninguna prueba para defenderse de los graves delitos que se le imputan y por los que se enfrenta a una petición de 110 años de cárcel. Si en la sesión del lunes, en el primer gran juicio en su contra, el policía ya señaló al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a su exdirector el general Félix Sanz Roldán como supuestos participantes en un complot que había falsificado “un arsenal de pruebas” contra él para encarcelarle, este martes ha alentado la teoría de la conspiración en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017, que dejaron 16 muertos y decenas de heridos. Villarejo ha vinculado, sin aportar prueba alguna, al supuesto instigador de aquel ataque, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, con el servicio secreto y la llamada Operación Cataluña, puesta en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a los líderes del independentismo catalán.
En su declaración como acusado —y como tal con derecho a mentir—, Villarejo ha asegurado que aquella masacre fue un “error grave del señor Sanz Roldán que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña”. El comisario aseguró que entonces él tuvo que trabajar con el servicio secreto para “intentar arreglar el entuerto” de aquel suceso a pesar de que ha admitido que cuando sucedieron los hechos llevaba ya más de un año jubilado y, por tanto, no estaba en activo.
Tras conocerse el contenido de la declaración del policía, ERC y Junts se han apresurado a solicitar en el Congreso y en el Senado las comparecencias del exdirector del CNI y de varios miembros del Gobierno, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez, informa Xosé Hermida. Además, ambos partidos junto a EH Bildu, la CUP, PDeCAT y el BNG han registrado en el Congreso la petición para la creación de una comisión de investigación sobre los atentados. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lanzado la tarde de este martes un mensaje en sus redes sociales en el que exigía una investigación: “Conocemos bien cómo funcionan las cloacas del Estado”. Por su parte, los grupos de ERC y Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, han recordado que en agosto de 2019 se celebró un pleno extraordinario en el consistorio en el que se aprobó (con los votos de los dos partidos y los comunes) la creación de esta comisión parlamentaria, informa Clara Blanchar. “Exigimos la verdad”, ha publicado Junts en su cuenta de Twitter. También la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido a los letrados de la Cámara autónoma que preparen una denuncia a Fiscalía para investigar “los hechos que se desprenden” de las palabras del comisario jubilado.
No era la primera vez que el policía jubilado hace una insinuación en este sentido. En enero del año pasado, durante el juicio que se siguió contra él en los juzgados de lo Penal de Madrid por denuncia falsa y calumnias al exdirector del CNI, Villarejo ya apuntó en el mismo sentido. Entonces se celebraba el juicio contra los tres miembros de la célula terrorista que seguían vivos tras cometer los atentados y las defensas de estos pidieron que el policía compareciera como testigo. El tribunal lo rechazó al considerar que “lo que diga ese señor o cualquier otro señor por ahí no afecta al juicio”. Los terroristas fueron finalmente condenados a penas de entre 8 y 53 años y medio.
En 2019, Villarejo ya intentó una maniobra similar con otro atentado, en esta ocasión con los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 de Madrid, en los que fueron asesinadas 192 personas. Entonces, el comisario declaraba como imputado por los trabajos presuntamente irregulares que había hecho para el BBVA cuando vinculó la monitorización de 4.000 teléfonos por encargo de la entidad bancaria con la investigación de unos “hechos luctuosos”, en referencia al 11-M, entonces ya juzgados. Tras aquella declaración, envió varios escritos para declarar como testigo y el juez le tomó declaración en marzo de aquel año, a pesar de la oposición de la fiscalía, que daba nula fiabilidad del policía. El comisario defendió entonces que aquel atentado se cerró en falso, que los servicios secretos marroquíes instruyeron a los terroristas. El magistrado volvió a cerrar la causa al considerar que Villarejo no tenía ninguna credibilidad.
Alusiones a la reina Letizia
En esta estrategia de defensa, Villarejo también ha aludido este martes a la reina Letizia y una supuesta “Operación Gamba” diseñada para dañar su imagen pública. Lo ha hecho para justificar que aceptase uno de los encargos de espionaje por los que se sienta en el banquillo de los acusados: el realizado por el empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y su hermano para conseguir información comprometedora de un antiguo socio y el abogado de este. Tras la segunda alusión, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que impidiese que el comisario seguir incidiendo durante su declaración “en otras cuestiones totalmente ajenas [a la causa] e, incluso, de cuestiones que afectan a la Casa Real”. Sin embargo, la magistrada Ángela Murillo ha desoído la petición de Anticorrupción al considerar que Villarejo “está ejerciendo su defensa”.
Tampoco es la primera vez que el comisario alude a esa supuesta operación contra la Reina para intentar justificar uno de sus trabajos presuntamente irregulares. En febrero de 2021, el policía afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que Interior le pidió que ayudara al empresario Javier López Madrid con sus problemas con la doctora Elisa Pinto (y que se investiga en otra pieza del macrosumario) para supuestamente proteger a la familia real, dada la estrecha amistad del empresario con la monarca.
Durante su declaración de este martes, que está previsto que continúe este miércoles, Villarejo ha insistido una y otra vez en intentar descalificar las pruebas que le incriminan a los espionajes y en presentar estos como trabajos oficiales encargados por altas instituciones del Estado. Ya lo hizo en la sesión del lunes, cuando aseguró que fue el expresidente del Gobierno Felipe González quien, a través de un intermediario, le pidió que interviniera en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Pese al supuesto carácter oficial de este trabajo, Villarejo se embolsó presuntamente 362.000 euros por este encargo.
Sin embargo, el comisario ha centrado gran parte del testimonio en atacar al marido de Ana Rosa Quintana, quien se sienta con él en el banquillo de los acusados. Juan Muñoz y su hermano Fernando confesaron este lunes ante el tribunal que pagaron al comisario 20.000 euros en metálico por conseguir información comprometedora de un exsocio del segundo y de su abogado, y que a cambio recibieron un informe y dos vídeos en los que el letrado aparecía supuestamente consumiendo droga. Los hermanos Muñoz habían llegado a un acuerdo con Anticorrupción para, a cambio de reconocer los hechos, esta reduzca su petición de pena de los ocho años de cárcel iniciales a 11 meses.
Villarejo aseguró que aceptó aquel encargo por su amistad con la popular presentadora, quien le había pedido que le ayudase porque su marido y la familia de este tenían un problema “de facturas falsas para conseguir dinero en efectivo para corromper para licencias de obras” para la constructora que tenían. El comisario, que ha calificado la decisión de Juan Muñoz de colaborar con la justicia de “impresentable, obscena, y cobarde”, ha insistido en que él no cobró nada por ese dinero y que el dinero que le entregó el marido de la periodista fueron para dos supuestos agentes del CNI que colaboraron con él en ese asunto.
Durante su declaración, Villarejo ha intentado restar valor a los dos vídeos que facilitó a los empresarios para que estos extorsionaran a su exsocio y el abogado de este, al asegurar que uno de ellos lo había grabado en 2006 el CNI y él se limitó a obtenerlo en internet, donde estaba accesible. También insistió en que si le facilitó estas imágenes a los hermanos Muñoz no fue para que lo difundieran sino para que lo utilizaran como “rearme moral”.
La sentencia del 17-A desmontó el bulo
La teoría de la conspiración que planeó durante la investigación judicial y el juicio de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 giraba en torno a la figura del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty —quien convenció a los otros integrantes de la célula yihadista para atentar en nombre del Estado Islámico— y sus relaciones con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las fuerzas de seguridad. Supuestamente, Es Satty fue contactado por agentes mientras estuvo encarcelado, entre 2010 y 2014 por una condena por tráfico de droga, para que trabajara como confidente.
Los defensores de esa teoría alternativa —entre los que estaba el abogado y diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña Jaume Alonso-Cuevillas, que ejercía la acusación particular en nombre del padre de un niño de tres años que murió en el atentado— alimentaron durante la vista la sospecha sobre unas turbias relaciones entre el servicio secreto y el yihadista, y que, por tanto, el Estado estuvo al corriente de que iban a producirse los ataques y no lo impidió. La teoría incluso sugería que el imán no había fallecido al estallar el material explosivo que elaboraba en una casa de Alcanar (Tarragona), sino que seguía vivo. Una parte del independentismo catalán alentó esta teoría. Sin embargo, la sentencia que condenó en mayo del año pasado a los tres integrantes de la célula que sobrevivieron concluyó que la muerte de Es Satty era una “verdad científica constatada”. El fallo no hizo ninguna referencia al supuesto vínculo del terrorista fallecido con el CNI.
Durante el juicio, el abogado alimentó su versión con otros detalles de la investigación que, en su opinión, eran sospechosos, como la presencia de un teléfono móvil comprado con identidad falsa que el imán utilizaba para comunicarse con los otros integrantes de la célula y que “tuvo actividad” tras su fallecimiento. O el acceso al día siguiente del mortal atropello en La Rambla de Barcelona a una cuenta de correo electrónico que apareció anotada en unos papeles hallados entre las ruinas de la casa de Alcanar. La sentencia descartó que estos detalles, que los investigadores vincularon a otros miembros de la trama, fueran indicios de que Es Satty estuviera vivo.
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