Villarejo, la corrupción del PP y Juan Carlos I: la terna que marcará el año judicial de 2022

Enero empieza el ejercicio con el diputado Íñigo Errejón sentado en el banquillo por un presunto delito leve

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado septiembre.Cézaro De Luca / Europa Press

El año que se avecina trae intensa marejada en los tribunales, con las instituciones del Estado bajo la lupa. Se espera que este 2022 marque el futuro de graves causas de corrupción que señalan, por ejemplo, al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I; al partido que lidera la oposición, el PP; a la macrotrama policial urdida por el comisario jubilado José Manuel Villarejo; a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía; o a Eduardo Zaplana, exministro popular y expresidente de la Generalitat valenciana. Además, el diputado Iñigo Errejón estrenará enero desde el banquillo, denunciado por agredir supuestamente a un hombre. Estos son los principales frentes abiertos en los juzgados:

La vista de Villarejo. Uno de los procesos que marcará 2022 empezó a finales del pasado 2021, pero todavía no ha carburado. Tras acabar una larga fase de cuestiones previas y celebrar en diciembre los primeros interrogatorios a los acusados, este 10 de enero se reanuda el primer gran juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una trama de corrupción policial que ha puesto en el punto de mira a las instituciones del Estado. La declaración del antiguo agente, aún pendiente, será el primer plato fuerte de la vista oral; que está prevista que se prolongue hasta, al menos, mediados de año. Villarejo afronta una petición de la Fiscalía de casi 110 años de cárcel y ha intentado por todos los medios frenar este juicio —su última maniobra consistió en recusar al tribunal una vez arrancadas las sesiones—.

El PP teme una tercera condena. El partido de Pablo Casado avista nubarrones en el horizonte. El tercer juicio a los populares por beneficiarse de Gürtel, centrado en los negocios de la red corrupta en Boadilla del Monte (Madrid), se retoma a partir del 13 de enero para enfilar su recta final. Ya solo quedan las fases de conclusiones y los informes definitivos de las partes, que dejarán lista para sentencia la vista oral. La formación, condenada dos veces por otros procesos —por la parte principal de la trama, conocida como Época I; y por la caja b—, tiene muy complicado esquivar una tercera sentencia en contra después de que el tribunal escuchara la confesión de 17 acusados y los relatos de la Policía y Hacienda, que apuntan a la fuerza política.

El dictamen del tribunal mantendrá en vilo al PP, que tiene más quebraderos de cabeza. A Gürtel aún le quedan otras tres líneas de investigación por juzgar en la Audiencia Nacional, para las que todavía no hay fecha. Según fuentes jurídicas, el órgano ya ha comenzado a buscar una macrosala donde celebrar la vista sobre la estructura societaria diseñada por la red corrupta, que sienta en el banquillo a 26 personas físicas y a 20 empresas —como responsables civiles subsidiarias—. Además, el magistrado Santiago Pedraz espera recibir en los próximos meses el informe definitivo de Hacienda sobre las últimas pesquisas que quedan en instrucción sobre la trama, sobre el pago de donaciones a la caja b del partido a cambio de adjudicaciones públicas. También está pendiente que la Sala de lo Penal resuelva los recursos del caso Kitchen, y decida si vuelve a imputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, por el espionaje sin control judicial al extesorero Luis Bárcenas.

En el centro y con mascarilla blanca, Juan Carlos I, durante un partido de tenis celebrado en Abu Dabi el pasado 17 de diciembre.
En el centro y con mascarilla blanca, Juan Carlos I, durante un partido de tenis celebrado en Abu Dabi el pasado 17 de diciembre.ALI HAIDER (EFE)

Investigaciones al rey emérito. Se avecinan semanas claves para el futuro de Juan Carlos I, que verá, previsiblemente, cómo la Fiscalía del Tribunal Supremo archiva las diligencias abiertas contra él. La Oficina Nacional de Investigación al Fraude (ONIF) está examinando la última documentación recibida desde Suiza, pero el ministerio público no espera que ese análisis aporte novedades que cambien el rumbo de las pesquisas y prevé cerrar a principios de año, al menos, dos de las tres investigaciones: el supuesto cobro de comisiones ilegales por la intermediación en el contrato de las obras del AVE a La Meca y el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano. Para la tercera, relativa a dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de Jersey supuestamente vinculado al rey emérito, la Fiscalía está todavía analizando documentación enviada por las autoridades británicas, pero tampoco se contemplan novedades y la previsión es archivarla.

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El ministerio público considera que la imposibilidad de perseguir presuntos delitos cometidos por el rey emérito antes de su abdicación, en 2014, sumado a las dos regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas, cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Supremo que actúe contra el anterior jefe de Estado. De hecho, fuentes fiscales señalan que Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Supremo fallecido el pasado 15 de diciembre, ya dejó redactado parte del decreto con el que previsiblemente se archivará el caso, y en el que también ha trabajado el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ahora culminará esa resolución. El escrito, según estas fuentes, advertirá de conductas supuestamente irregulares por parte de Juan Carlos I, aunque no se le pueda perseguir penalmente por ellas.

Errejón, en el banquillo. Iñigo Errejón, líder de Más Madrid y fundador de Podemos, no ha logrado evitar una imagen que marcará el inicio de 2022. El parlamentario tendrá que sentarse en el banquillo el 25 de enero, fecha prevista para el arranque del juicio contra el diputado por propinar supuestamente una patada en el estómago a un hombre que, según la versión de este último, solo quería hacerse una foto con el político en el madrileño barrio de Lavapiés. Errejón siempre ha negado esta agresión, pero la magistrada de instrucción consideró que existían elementos suficientes para celebrar la vista oral por un presunto delito leve de maltrato. Eso sí, antes ya descartó el delito de lesiones después de que los médicos forenses no encontraran “ninguna lesión traumática” derivada del supuesto golpe.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, en un pleno del Congreso, este septiembre.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, en un pleno del Congreso, este septiembre.Eduardo Parra / Europa Press (Europa Press)

Pese a que el diputado se encuentra aforado ante el Supremo, la ley permite que estos delitos leves se diriman en los juzgados ordinarios. En el caso de acreditarse la imputación, Errejón sería condenado como mucho al pago de una multa, pero la sentencia supondría un verdadero terremoto político en la izquierda.

El colapso de los ERE. 11 años después de nacer, la macrocausa de los ERE progresa a paso muy lento. De las 187 piezas iniciales y tras archivarse medio centenar, solo se han celebrado dos juicios: sobre la investigación principal, con dos expresidentes andaluces condenados; y sobre la empresa Acyco, pendiente de fallo desde hace un año. El avance seguirá siendo parsimonioso en 2022, que solo tiene tres vistas señaladas en la Audiencia de Sevilla, que sufre un grave atasco y suma 35 piezas sin fecha de juicio; además de otras 103 que permanecen todavía en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital hispalense, según el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Para 2022 se espera, eso sí, la deliberación del Supremo sobre la pieza principal. La ponencia corre a cargo del magistrado Eduardo de Porres, que estudia desde octubre los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que dio por probado que, entre 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones para repartir, sin control, fondos a empresas en crisis. El alto tribunal tiene así en su mano la condena por corrupción de los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El primero fue sentenciado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación, por lo que el fallo del Supremo determinará si entra en prisión. A su favor juega que el alto tribunal instruyó en 2015 el caso y no apreció malversación, pero tanto la Audiencia como la Fiscalía consideran acreditado ese delito. Chaves se juega una condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. El ministerio público pidió confirmar todas las condenas.

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio en la Audiencia de Sevilla.
Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio en la Audiencia de Sevilla.Julio Muñoz

Los coletazos del procés. Tras más de tres años de instrucción, juicio, sentencia y control de las condenas a los acusados por el procés, los indultos concedidos por el Gobierno zanjaron en junio la causa abierta por la Sala Penal del Supremo a los procesados que no huyeron al extranjero. Pero el asunto se ha trasladado ahora a otra sala, la de lo Contencioso, que tiene sobre la mesa los siete recursos presentados contra las medidas de gracia por, entre otros, PP, Ciudadanos y Vox. El alto tribunal tiene previsto resolver en enero una de las incógnitas iniciales: si los partidos están legitimados para impugnar los indultos.

La jurisprudencia no es favorable a estas formaciones, aunque el hecho de que el partido de ultraderecha fuera acusación popular en la causa penal o que tres exdiputados catalanes de Ciudadanos registraran los recursos exige un debate específico. En cualquier caso, aun si se inadmitieran, el tribunal puede entrar en el fondo del asunto si acepta las alegaciones presentadas por otras entidades y particulares. Sin embargo, son muy pocos los recursos contra indultos que progresan, pues el propio Supremo ha establecido que la medida de gracia es discrecional y su control se limita a garantizar que los motivos por los que se concede se recogen en el expediente del procedimiento.

La euroorden contra Puigdemont. El Supremo tiene pendiente otra derivada del desafío independentista de 2017: las órdenes europeas de detención dictadas contra el jefe de la operación, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros tres exconsejeros que huyeron de España. Bélgica, país en el que residen, tramita las peticiones de entrega, pero el caso está paralizado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva una cuestión prejudicial planteada por el instructor del caso en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena. Bélgica es reticente a entregar a los exlíderes independentistas, pero la detención de Puigdemont en Cerdeña en septiembre pasado ha abierto una nueva puerta a la justicia española, aunque con más dudas que certezas por ahora. El Supremo confía en que en 2022 se resuelva una pugna que empezó hace más de cuatro años y que el expresidente sea entregado a la justicia española.

El expresidente catalán Carles Puigdemont, en Bruselas, en 2019.
El expresidente catalán Carles Puigdemont, en Bruselas, en 2019.delmi alvarez

Pendientes de Aguirre. El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, lleva meses queriendo cerrar la pieza 9 de este sumario, centrada en la financiación irregular del PP de Madrid y donde están imputados los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. El magistrado cree que no quedan hilos de los que tirar y la Fiscalía ya le comunicó que prepara su informe definitivo sobre estas pesquisas, cuya prórroga vence el 29 de enero. A la espera de ver qué decide para entonces, el pasado 1 de diciembre, la Sala de lo Penal ya le indicó que, dentro de esta parte de la investigación, debe indagar las últimas revelaciones de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, que narró cómo Aguirre lo colocó al frente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvió más de un millón de euros para pagar gastos de las campañas electorales de la formación.

El desinflado caso Neurona. Las pesquisas que escudriñan a Podemos por las elecciones de abril de 2019 avanzan a una nueva fase. Este enero, el magistrado Juan José Escalonilla decidirá si prorroga el plazo de instrucción del caso, que brotó en verano de 2020 con la declaración de un exabogado del partido y que finalmente viró de dirección el pasado noviembre. Una vez que la versión del extrabajador se ha disuelto como un azucarillo —se archivaron hasta seis líneas de investigación basadas en sus palabras—, el juez profundiza ahora en la pieza principal del puzle, la única que la Fiscalía pidió indagar y que proviene del Tribunal de Cuentas: la contratación de la consultora mexicana Neurona para aquellos comicios generales.

Sin embargo, en esta parte del caso todo ha cambiado mucho. En un principio, el juez sospechaba que Podemos pagó a Neurona más de 360.000 euros por unas labores que nunca llegó a realizar. Esa tesis giró este noviembre algún grado, después de que Escalonilla diese por acreditado que parte de los trabajos se ejecutaron. A raíz de ello, el magistrado encargó un informe pericial para valorar estos proyectos y compararlos con el precio abonado.

De Zaplana a Fabra. Si el PP nacional afronta un año difícil, su filial valenciana tiene por delante un campo minado. Hasta tres casos de corrupción sobrevuelan a los populares en esta región para 2022. El caso Erial, que tiene como principal implicado al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, se adentra en su fase final. Según fuentes de la investigación, las pesquisas están a punto de cerrarse y, entonces, la jueza deberá decidir si procesa al exdirigente del partido conservador. Desde luego, los investigadores consideran que cuentan con indicios suficientes sobre el pago de sobornos por la adjudicación de las ITV de la Comunidad Valenciana, que se traduce en una ristra de delitos: prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en un juzgado de Valencia, el pasado 2020.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en un juzgado de Valencia, el pasado 2020.Eusebio Calatayud (EFE)

El calvario no acaba ahí y, a partir de mayo de 2022, se juzgará la primera pieza del caso Taula. El propio partido se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario, en una vista oral que dilucidará si se amañaron adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia y de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia, a la compañía Thematica Events. Al igual que en Gürtel, a la formación se le acusa de recibir fondos ilícitos para el pago de campañas electorales. La mecánica se repite.

A esa cita se suman los avances que se esperan sobre una causa pendiente del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ya condenado en otros procesos. A falta de la resolución de un recurso, se prevé que se dicte la apertura del juicio oral para que el expolítico responda por frustrar supuestamente la ejecución de una sentencia por cuatro fraudes fiscales, que le obligaba a pagar 1,3 millones de euros que no ha acabado de abonar. Una investigación que ha desvelado, además, cómo recibió una docena de “préstamos personales” procedentes de empresarios y políticos, supuestamente, por el cargo que ocupó.

Renovación del Poder Judicial. Más allá del calendario judicial, 2022 arrastra una tarea pendiente que afecta al funcionamiento de la justicia: la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial, bloqueada desde 2018 por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Los populares exigen que se cambie el sistema de elección de los 12 vocales jueces y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio esta semana casi por imposible la renovación en esta legislatura. Si no se resuelve el desencuentro, el funcionamiento de la justicia puede verse muy afectado porque el Gobierno impulsó hace un año una reforma legal que retira al CGPJ la potestad de nombrar a los altos cargos judiciales cuando tiene el mandato caducado. Esa norma dejado ya 57 plazas vacantes, 12 de ellas en el Supremo, que ya están empezando a afectar al día a día del órgano.

La sala más perjudicada es la Tercera (de lo Contencioso), con seis bajas, y el alto tribunal ya ha advertido que puede tener problemas serios para funcionar a partir de primavera, cuando se jubilarán otros dos magistrados. La Sala Primera (Civil), con una sola vacante pero casi 20.000 asuntos pendientes de resolver, y la Cuarta (Social), con tres de sus 12 plazas vacías y otras dos que quedaran vacantes en los próximos meses, están también al borde del colapso. La Sala de Gobierno del Supremo ha advertido que, si el Consejo no se renueva en breve, el tribunal dejará de dictar 1.000 sentencias al año (un 25% de su actividad habitual).

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