El Supremo advierte de que el bloqueo del Poder Judicial implicará 1.000 sentencias menos al año

Unas horas después de que el PSOE y el PP anunciaran su acuerdo para renovar todos los órganos constitucionales excepto el Consejo General del Poder Judicial (CPGPJ), el Tribunal Supremo vuelve a dar la voz de alarma por las consecuencias del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. La Sala de Gobierno ha aprobado el informe que solicitó al gabinete técnico del tribunal sobre la situación a la que se enfrentarán las diversas salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo. El informe concluye que la situación, de prolongarse, será “insostenible” y “va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas”. Además, advierten los técnicos, se alargarán los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y “se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año”.

El informe analiza la compleja situación que afronta el tribunal, que ya tiene 11 plazas sin cubrir (un 14% de su plantilla de 79 magistrados), que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá que el 20,25% de la plantilla estará vacante. “Una situación que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial”, señala el texto, que considera “imprescindible” la cobertura de las vacantes existentes y las que van a producirse, “si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional”.

El Supremo advierte de que las consecuencias desfavorables repercutirán tanto en la fase de admisión de los recursos de casación como en la de enjuiciamiento y decisión. “Tal estado de cosas no puede ser remediado, por más que se quiera hacer el sobresfuerzo, asignando más ponencias a los magistrados/as, porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de las distintas jurisdicciones requiere un estudio y deliberación muy reflexivo y cuidado de los recursos”.

El informe aprobado destaca que la imposibilidad del CGPJ en funciones de efectuar nombramientos para cubrir las vacantes debido a la reforma legal aprobada este marzo, unida a “la incertidumbre” sobre cuando se constituirá el nuevo Consejo, hace que el funcionamiento del tribunal se vea “gravemente mermado”. “Y todo ello en un contexto de crisis económica, social y sanitaria que es notorio está incrementando la litigiosidad”, señala el texto.

Los técnicos recuerdan que el Tribunal Constitucional ha reiterado en su doctrina que la justicia tardía no es verdadera justicia, pues puede suponer un menoscabo de la tutela judicial efectiva. “Pues, bien, esta situación no va a hacer otra cosa que demorar la resolución de multitud de recursos en las correspondientes salas, con el grave perjuicio que ello supone tanto para el justiciable como para la imagen de la justicia en la conciencia ciudadana, cuyo fortalecimiento es clave para el mantenimiento de la paz social”, dice el informe.

El documento hace un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala II (de lo Penal), a la que la falta de cobertura de plazas no le afecta en el futuro inmediato, en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las vacantes. En la Sala III (de lo Contencioso-Administrativo) hay actualmente seis vacantes sin cubrir (casi un 20% de la plantilla), a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022, “con grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual”. Por su parte, en la Sala I (de lo Civil), se destaca que la vacante que está actualmente sin cubrir representa un 10% de la planta, además de que la anterior vacante tardó seis meses en cubrirse. Todo ello se considera “un evidente perjuicio” en una sala ya sobrecargada de trabajo, y que, de persistir la situación, se calcula que dictará 100 sentencias anuales menos.

Respecto a la Sala IV (de lo Social), con tres vacantes actualmente y otras dos previstas (incluida su presidenta) para antes de octubre de 2022, se resalta que es prácticamente un 40% menos de su planta de 13 magistrados, lo que sería “absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total”, con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos. Y en la Sala V (de lo Militar) con una plaza vacante y otra más prevista en 2022, se advierte de que ello tendrá un inevitable impacto.