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Lesmes advierte de que el bloqueo del Poder Judicial supone “debilitar la independencia” de los jueces

El presidente del Tribunal Supremo denunciará la situación de obstrucción en el acto de apertura del año judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes preside un pleno extraordinario en el CGPJ, en octubre de 2020.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes preside un pleno extraordinario en el CGPJ, en octubre de 2020.CGPJ (CGPJ)
José María Brunet

En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el criterio extendido es que se han rebasado ya todos los límites razonables para su renovación —pendiente desde hace más de dos años y medio—, y con el inicio del nuevo curso intentará redoblar esfuerzos para que se alcance un acuerdo entre el Gobierno y el PP, actores principales de un acuerdo que no llega a materializarse. La semana pasada se abrieron ciertas expectativas ante la aparente aproximación entre el Ejecutivo y los populares en algunas materias, como la crisis de la repatriación de menores marroquíes en Ceuta y la del Mar Menor en Murcia, pero la relación entre ambas partes sigue sometida a una continua dinámica de dientes de sierra. El PP mantiene la posición de bloqueo institucional, como reiteró este lunes el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

En medio de la cúpula judicial, en todo caso, hay consenso para que el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, trate de aprovechar cualquier paréntesis de distensión entre el Gobierno y el PP con el fin de impulsar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Lesmes tiene preparado desde hace varias semanas el discurso del acto de apertura del año judicial, que se celebrará el próximo lunes, día 6, presidido por el Rey. Y su intervención se centrará, según estas fuentes, en el valor de la independencia judicial en una sociedad democrática. En este sentido, subrayará que la falta de renovación del Consejo implica “debilitar la independencia judicial”.

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En su discurso de hace un año para el anterior acto de apertura de tribunales, Lesmes calificó ante el Rey como “seria anomalía” este bloqueo. En todo este periodo del Consejo del Poder Judicial en funciones no se ha contemplado la posibilidad de disolver el órgano mediante la dimisión de sus miembros ni se ha efectuado ninguna declaración pública de su presidente hacia el líder del PP, partido que mantiene la posición de bloqueo. Lesmes ha preferido actuar con discreción y ha hablado varias veces con Pablo Casado para intentar desbloquear la situación.

En la cúpula judicial se tiene conocimiento de que Lesmes contactó de nuevo con el líder del PP hace pocas semanas, como avanzó EL PAÍS, para solicitarle la máxima colaboración posible en la búsqueda del acuerdo. El Consejo evita establecer cuotas de responsabilidad sobre la falta de renovación, pero es consciente de que la flexibilización de las exigencias por parte del PP ayudaría a alcanzar el pacto. En este sentido, entre los vocales predomina el criterio de que la petición de Casado de que sean los propios jueces —y no las Cortes— quienes elijan a sus representantes en el CGPJ es asumible, siempre que los populares acepten que la reforma se lleve a cabo sin urgencias; es decir, no necesariamente para esta renovación sino para la próxima.

El presidente del Supremo destacará que es precisamente el órgano de gobierno de los jueces el que debe velar por la garantía de independencia. El discurso —conocido en sus líneas fundamentales por vocales del Consejo— sostiene la tesis de que debilitar este órgano constitucional daña al sistema en su conjunto. Para Lesmes, según fuentes próximas a dichos vocales, el Consejo del Poder Judicial debe renovarse y recuperar lo antes posible “la plenitud de sus competencias”, en particular para efectuar los nombramientos pendientes en puestos clave de la organización judicial. La conclusión del discurso es que mantener la situación actual, y seguir debilitando al Consejo, no es el mejor modo de garantizar la independencia de la justicia.

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La principal atribución que ha perdido el Consejo por el pulso que ha supuesto su permanencia en funciones es la de efectuar nombramientos, un límite introducido en la ley a iniciativa del Gobierno y que en los próximos meses puede generar graves problemas para garantizar un funcionamiento idóneo de algunos órganos judiciales, empezando por el Supremo. Si no se renueva, el CGPJ cerrará este año con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Supremo—producidas por jubilación o fallecimiento— y seis presidencias de Tribunales Superiores de Justicia.

Fuentes del Consejo explican que en su discurso de apertura del año judicial Lesmes evitará emplear un enfoque catastrofista, pero destacará las incertidumbres y distorsiones derivadas de la absoluta excepcionalidad que supone un período tan prolongado de interinidad en la marcha de la institución. En dichos medios existen ciertas expectativas de que esta vez el mensaje pueda abrirse camino, y se alienta la esperanza en un acuerdo cada vez que se abre un período de tregua en la tensión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. La ministra de Justicia, Pilar Llop, instó este lunes al PP a negociar “sin chantajes” y con “sentido de Estado” la remodelación de los órganos. Justo ayer se cumplieron 1.000 días desde que caducó el mandato del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, insistió en que si no se acepta la propuesta de cambiar el método de elección de los vocales del Poder Judicial —por el que el PP y el PSOE se habían puesto de acuerdo hasta ahora—, “es muy difícil que el Consejo pueda renovarse”.

Quienes tanto dentro como fuera del Consejo siguen pensando que el PP mantendrá su decisión de no favorecer la renovación de la cúpula judicial subrayan que la dirección popular sigue considerando conveniente mantener la mayoría conservadora existente tanto en el órgano de gobierno de los jueces como en otras instituciones del ámbito jurídico. Se cita, así, que dicha mayoría impera, por ejemplo, en el Constitucional o en el Tribunal de Cuentas, con mandatos asimismo caducados y pendientes de que la piedra clave de ese arco del que forman parte, la del Poder Judicial, se desbloquee para dar paso a un acuerdo global o en cadena.

Para los más pesimistas sobre las perspectivas del acuerdo, la tentación del PP puede ser ahora prolongar el bloqueo, con el fin de alcanzar el mes de julio de 2022 en la misma situación e impedir que el Gobierno nombre a los dos magistrados que le correspondería designar entonces en el Constitucional. Para los populares, ese nombramiento sería inconstitucional, en la medida en que la Constitución prevé que el tribunal de garantías se renueve cada cuatro años por tercios. La tesis es que si el Consejo del Poder Judicial sigue entonces en funciones —con lo que no podría nombrar a los dos magistrados que también le corresponden en este turno—, tampoco podría hacerlo el Gobierno, porque no se cumpliría el mandato de los relevos de magistrados por tercios.

Mil días de erosión institucional

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial alcanzó este lunes uno de esos hitos redondos —mil días— sin visos de solucionarse a corto plazo. El PP, con pretextos variados, se niega a facilitar el reemplazo de los 20 vocales del órgano con mayoría conservadora —reflejo de la mayoría absoluta que obtuvo Mariano Rajoy en 2011— tras expirar en diciembre de 2018 el mandato de cinco años. Este enrocamiento del partido de Pablo Casado, que aplica su capacidad de bloqueo —el Congreso y el Senado designan a los vocales a partes iguales por mayoría de tres quintos— no solo impide que el Consejo tenga una composición más acorde con la realidad parlamentaria actual. La falta de renovación, además, está erosionando la imagen del Poder Judicial y deteriorando las relaciones entre este poder y las instituciones políticas.

 

El Consejo, que preside Carlos Lesmes desde 2013, se encuentra actualmente con sus funciones limitadas. En marzo pasado, el Gobierno sacó adelante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide que el órgano pueda hacer nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo, ni tampoco presidentes de tribunal o de sala, esto es de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Supremo. Tampoco permite renovar a los dos de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Consejo General del Poder Judicial. Desde que se agotó su mandato de cinco años hasta que entró en vigor la reforma que limita sus funciones, el Consejo había aprobado más de 80 nombramientos de este tipo. La incapacidad legal para hacer nombramientos mantiene paralizada la cúpula judicial e impide, por ejemplo, cubrir las plazas discrecionales de magistrados que se van jubilando, al tiempo que frustra las posibilidades de otros de progresar en la carrera judicial. Fuentes del Consejo calculan que a final de año, si no se logra la renovación del órgano, se habrán acumulado alrededor de 70 vacantes.

 

En los últimos meses, la relación entre el Consejo y el poder político, sin llegar a quebrarse, se ha ido enrareciendo. El presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, siempre dentro de los límites institucionales, ha ido endureciendo los mensajes a los partidos para que pacten la renovación del órgano. Incluso llegó a protagonizar una mediación entre Casado y La Moncloa para que el PP retirara los vetos y permitiera el reemplazo de los vocales.

 

El bloqueo de la renovación del Consejo, para disgusto de las asociaciones judiciales y de los propios magistrados, está espesando la habitual sombra de sospecha de la politización de la Justicia. El PP, que ha llegado a exigir al PSOE que excluya a Unidas Podemos para llegar a un acuerdo y ha vetado el nombramiento de José Ricardo de Prada, el juez de la sentencia del caso Gürtel, evita la renovación desde hace meses escudándose en un cambio en la elección de los componentes del Consejo del Poder Judicial.

 

Uno de los momentos más tensos de este proceso llegó el pasado otoño, cuando el Gobierno llegó a impulsar una ley para rebajar de tres quintos a mayoría absoluta el requisito de apoyo parlamentario para elegir a los vocales del Consejo. El Ejecutivo guardó esta reforma en un cajón tras las críticas desatadas en la Comisión Europea. / FERNANDO J. PÉREZ

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