La necesaria renovación imposible

Cuando estamos encallados ante una dificultad lógica aparentemente insuperable hablamos de situación aporética. Es el estado en que está la política española. Después del espectáculo, más propio de una comisión parlamentaria que de un tribunal, que ha dado el Constitucional a propósito del “estado de alarma”, sólo el que no quiera ver, el que prefiera negar la evidencia antes que afrontarla, podrá seguir rechazando que estamos ante una seria crisis institucional y que es hora ya de reconocerla y obrar en consecuencia. No es la primera señal, ni será la última. En pocos días, se han acumulado los ejemplos: desde el Consejo General del Poder Judicial, que resiste estoicamente a su caducidad, hasta la apabullante ceremonia del Tribunal de Cuentas y los avales exigidos por los gastos del Diplocat. Es el problema de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Que viene de lejos, y en el que el conflicto catalán ha jugado el papel catalizador. ¿Es posible seguir mirando a otra parte?

¿Es tan difícil reconocer que con el paso de los años las instituciones surgidas de la Constitución del 78 han sufrido un desgaste importante que afecta a su autoridad y que sería razonable renovarlas y reformarlas? Primero, cumpliendo con una obligación que el Parlamento viene eludiendo por el obstruccionismo de la derecha: las renovaciones pendientes. Y segundo, afrontando las modificaciones legales necesarias para que quienes tienen como función resolver problemas no acaben consiguiendo complicarlos o empeorarlos.

Pero lo que parecería de sentido común choca con el enroque de la política. Y aquí está lo que convierte en aporética la situación. Obviamente, para afrontar cambios de esta envergadura con garantías de éxito se requiere una amplia mayoría parlamentaria. No se pueden hacer modificaciones institucionales de calado sin un amplísimo consenso. Y ahí está la derecha, que por puro interés –para mantener los órganos judiciales escorados hacia su lado- ni siquiera está dispuesta a cumplir la obligación legal de renovarlos. Con la complicidad indirecta de los que no dimiten cuando caducan sus cargos, que sería una forma noble de empujar al Parlamento a hacer sus deberes.

Con la derecha en plantón no hay reforma institucional posible. Sólo si la mayoría actual se consolidase y la derecha viera perdedora su estrategia habría alguna posibilidad de abrir la vía de las reformas pendientes. Pero para ello, la izquierda tiene que perder el miedo a hablar de los cambios necesarios. Ahora mismo, y con la sombra del conflicto catalán como coartada patriótica para la politización de la justicia, la tendencia es a asumir el inmovilista discurso del “no pasa nada”. Y así seguiremos viendo como las instituciones democráticas dejan jirones de su piel en la ceremonia de la confusión de poderes.