El Tribunal de Cuentas pide un informe a la Abogacía del Estado ante las “dudas” sobre la legalidad de los avales del ‘procés’

El Tribunal de Cuentas ha pedido este martes un informe a la Abogacía del Estado tras mostrar sus “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat, para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se les reclaman a 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana por su presunta implicación en el procés independentista, según informaron fuentes del Tribunal. El organismo fiscalizador quiere saber si estos avales “pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asumen directamente la propia Administración autonómica perjudicada”, en referencia a la Generalitat. La delegada instructora, Esperanza García, hace constar en su petición que el informe se elabore a la mayor brevedad, pese a lo cual la Abogacía del Estado no tiene un plazo concreto para llevarlo a cabo.

La decisión del Tribunal supone, por un lado, retrasar su decisión después de que el pasado jueves ya acordara paralizar los embargos de bienes que había iniciado a primera hora de la mañana tras ser informado por los abogados de los ex altos cargos de la inminente llegada de la garantía. Durante la jornada anterior, se anunció reiteradamente la llegada de los avales, para los que habían surgido problemas de tramitación, según las defensas. Parte sustancial de dichos problemas fueron las dimisiones registradas en el Institut Català de Finances (ICF) a raíz de este asunto.

Por otro lado, la decisión del Tribunal de Cuentas supone, de forma clara, un emplazamiento al Gobierno. Dada la relación entre el Ejecutivo y la Abogacía del Estado, organismo nacido para preservar esencialmente los intereses de la Hacienda Pública, la solicitud del informe refleja la voluntad de conocer el criterio del Gobierno en un asunto que afecta al presunto mal uso de los fondos públicos. El emplazamiento es tanto más significativo al llegar en un momento en que el Ejecutivo había dejado claro que la Abogacía del Estado no iba a continuar actuando en el expediente contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat.

El motivo es que una sentencia dictada por el propio Tribunal de Cuentas en 2018 negó que la Abogacía tuviera legitimación activa para participar en el procedimiento sobre el desvío de dinero público para organizar la consulta del 9-N de 2014. El Gobierno argumentó hace apenas dos semanas que la Abogacía, por tanto, no presentaría demanda para que este expediente entrara en su próxima fase, la del procedimiento que ha de llevar a la celebración de una vista oral en la que se establezcan las responsabilidades contables ahora exigidas con carácter preventivo.

La decisión del Tribunal de Cuentas ha trascendido durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán. La portavoz, Patrícia Plaja, ha insistido en la pulcritud jurídica del fondo de 10 millones de euros con el que la Generalitat pretende que se abonen las fianzas a los exaltos cargos investigados y ha pedido al Tribunal de Cuentas que “no haga política”, informa Camilo S. Baquero. El decreto ley del Govern, que puso en marcha la fórmula de avales y contraavales, será convalidado por el Parlament este jueves y saldrá adelante gracias a la mayoría independentista en la Cámara catalana.

La sesión de convalidación del decreto-ley coincide con la fecha límite que tiene el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para emitir un dictamen, no vinculante, sobre si la norma se ajusta o no a derecho. Ese informe había sido solicitado por el PSC (que ha evitado cargar contra el fondo directamente, a la espera de la respuesta del ente), pero es clave para el Govern, que considera que si recibe un espaldarazo o las observaciones no son muy de fondo, sería muy difícil para el órgano fiscalizador rechazar los avales. Se abre de facto, además, la posibilidad a un choque de trenes jurídico entre la Abogacía del Estado y el CGE. El Consejo, sin embargo, siempre suele ser muy crítico en su valoración de las leyes catalanas y, en muchas ocasiones, ha advertido claramente de que invaden competencias estatales, por ejemplo, en el caso de la del tope de los alquileres.

Paralizado los embargos

El pasado jueves, el tribunal paralizó los embargos de bienes que había decidido a primera hora de la mañana para cubrir la fianza impuesta a los 30 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña que no habían entregado los avales necesarios después de que los abogados de estos comunicaron al Tribunal de Cuentas que sus defendidos habían decidido acogerse a los avales del ICF para hacer frente al aseguramiento de la millonaria cantidad que se les reclama por los gastos que la administración catalana desvió presuntamente a la promoción exterior del procés independentista.

El president Pere Aragonès pasó el pasado sábado de puntillas sobre la polémica desatada por la forma cómo se aprobaron estos avales en el seno del ICF. En un acto en Terrassa (Barcelona), Aragonès se limitó a expresar su agradecimiento a “todos los servidores públicos” por “el compromiso” con sus labores y soslayó el hecho de que tres consejeros independientes de del ICF hubieran abandonado el cargo antes de votar la aprobación de la garantía por si disconformidad con esta.