El Tribunal de Cuentas se inclina por rechazar el aval de la Generalitat

El Tribunal de Cuentas se inclina por rechazar el aval que el miércoles presentó el Gobierno catalán para prestar la fianza de 5,4 millones reclamada a 34 ex altos cargos públicos de la Generalitat por gastos indebidos en la promoción exterior del procés, según indicaron a EL PAÍS fuentes del organismo fiscalizador.

La vuelta atrás de la Generalitat para recuperar la idea de un aval del Institut Català de Finances (ICF) ha devuelto a su vez a la casilla de salida los cálculos y valoraciones del Tribunal de Cuentas sobre la posible validez de esta fórmula, que se sigue considerando no idónea en este órgano de fiscalización. El aval está siendo estudiado por la delegada instructora, Esperanza García. Fuentes del Tribunal subrayan que todos los intentos precedentes de pago por vías que comprometían fondos públicos han sido rechazados hasta ahora.

Es probable que la delegada instructora conteste este mismo jueves a los representantes legales de los investigados sobre la validez del citado aval. Su decisión, en todo caso, no será la última palabra del Tribunal de Cuentas en este asunto. La resolución sobre la forma de pago es recurrible ante la Sala de Justicia, y se da por hecho que habrá recurso.

Si el aval fuera aceptado, la entidad antiindependentista Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, que ejercen la acción popular, impugnarían la decisión. Y si fuera rechazado podrían ser los investigados o el propio Institut Català de Finances los que recurrieran. A tenor de los debates que tuvieron lugar cuando empezó a hablarse de la posibilidad de que la Generalitat se hiciera cargo del afianzamiento de la cantidad reclamada, el Tribunal de Cuentas se inclina por inadmitir fórmulas que supongan el empleo de fondos públicos, en especial si proceden de la Administración que en principio fue perjudicada por el mal uso que se hizo de ellos al dedicarlos a unos objetivos para los que las instituciones autonómicas no tienen competencias. No obstante, lo paradójico en este asunto es que la Generalitat no se considera perjudicada ni reclama cantidad alguna en este expediente.

Se da por hecho, en cualquier caso, que la última palabra la dirá la Sala de Justicia, compuesta por tres magistrados. Se trata de su presidente, José Manuel Suárez Robledano, que fue propuesto por el PP, María Antonia Lozano, designada a propuesta del PSOE e IU, y Felipe García Ortiz, elegido por iniciativa del PSOE. Fuentes del Tribunal de Cuentas interpretan que esta Sala podía dar validez a un aval de la Generalitat que hubiera contado con el respaldo de una entidad bancaria, cosa que no ha ocurrido. Sobre todo teniendo en cuenta que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda, por considerar que incurre en falta de legitimación activa, ya que el perjuicio no se causó a la Administración estatal, sino a la Generalitat.