TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas paraliza los embargos y da 48 horas más a los ex altos cargos de la Generalitat para prestar fianza

29 de los 34 investigados se han acogido a los avales del Institut Català de Finances tramitados por la Generalitat

El conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró habla con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, este jueves durante un pleno en el Parlament.
El conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró habla con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, este jueves durante un pleno en el Parlament.Albert Garcia

El Tribunal de Cuentas ha paralizado las órdenes de embargo que había empezado a preparar este jueves, tras haber obtenido el compromiso de los abogados de los investigados de que mañana viernes recibirá los originales de los avales del Institut Català de Finances (ICF). El tribunal ha concedido dos días más de plazo para que se presenten los documentos acreditativos de la concesión de las garantías, a la vista de los cuales decidirá sobre la admisibilidad o no de esta fórmula para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se reclaman en este expediente. De momento, el tribunal tiene solo el certificado del ICF en el sentido de que se ha acordado conceder dichos avales a los ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat investigados por responsabilidad contable por los gastos realizados para la promoción del procés en el extranjero.

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Los letrados de 30 de los 34 antiguos altos cargos del Govern investigados han trasladado el aval del Instituto Catalán de Fianzas por un valor aproximado de los 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas, informan Àngels Piñols y Jesús García. Los avales, individualizados y prorrateados, se han formalizado ante notario. Los abogados a través de una plataforma jurídica los han enviado al organismo administrativo, según informan fuentes del Departamento de Economía de la Generalitat. Cuatro de los exdirigentes investigados han prescindido de la garantía que les ha ofrecido el Govern. Se trata de aquellos a los que se le exigen las sumas más pequeñas, y que han preferido no mantener pulso alguno sobre las fianzas exigidas en esta fase de procedimiento. Dos han depositado las fianzas en metálico y otros dos han presentado bienes inmuebles como aval para cubrir las cantidades que se les reclaman.

Los abogados consultados por este diario recuerdan que, pese a que formalmente haya acabado el plazo para prestar fianza, en cualquier momento pueden prestar el aval. Esos letrados sospechan, no obstante, que el Tribunal de Cuentas no aceptará el aval de la Generalitat, por lo que quienes no han presentado ya bienes personales (inmuebles, cuentas corrientes) prevén hacerlo en los próximos días.

El Parlamento catalán celebrará previsiblemente la próxima semana un pleno extraordinario para convalidar el decreto para cubrir las fianzas. La sesión se celebrará después de que el Consejo de Garantías Estatutarias emita un informe sobre la constitucionalidad o no del decreto. Ciudadanos ya avanzó que iba a ignorar ese dictamen y ha presentado este jueves un escrito ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que rechace cualquier aval que presente el ICF y deduzca las “correspondientes pretensiones” por la posible responsabilidad contable del actual Govern y del ICF por querer “perpetuar” el daño en el patrimonio público.

A primera hora de la mañana, el tribunal había empezado a preparar las órdenes de embargo, mientras continuaba el goteo de comparecencias de los representantes legales de los investigados a los que se reclaman las cantidades más pequeñas. Los bienes que presentan serán embargados de inmediato, pero sin superar el límite de la suma que se les exige, aunque la responsabilidad sobre los 5,4 millones del total reclamado es conjunta y solidaria. Respecto de los que no habían presentado declaración alguna de bienes, el Tribunal de Cuentas iba a enviar oficios a los correspondientes registros para la averiguación de sus propiedades, y con la indicación de que se procediera a las correspondientes anotaciones de embargos.

La Generalitat pidió el miércoles al tribunal una prórroga del plazo para presentar el aval, a la vista de dichos problemas administrativos. El Tribunal de Cuentas denegó dicho aplazamiento, considerando que la Generalitat como Administración no tiene atribuciones legales para actuar en tal sentido, por su carácter de Administración perjudicada por la supuesta desviación de fondos que se atribuye a los citados ex altos cargos y funcionarios, hacia fines de promoción exterior del procés, materia considerada ajena a sus competencias.

En su viaje oficial a EE UU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido la incógnita de si el Ejecutivo recurrirá el fondo creado por la Generalitat para los líderes del procés y se ha limitado a afirmar que lo hará si considera que está fuera de la ley. “Lo que es legal es legal y lo que no es legal se recurre”, ha señalado en una conversación informal con los periodistas, informa Efe. Tras desvelar su decisión el Govern, el Ejecutivo central ya anunció que estudiaría si la medida es recurrible o no atendiendo a los informes jurídicos. Sánchez ha afirmado que él no tiene un criterio definido al respecto. La situación de Cataluña no ha estado presente, hasta ahora, en ninguna de las reuniones que ha mantenido el jefe del Ejecutivo en Nueva York con representantes de los principales fondos de inversión y de instituciones financieras de EE UU.

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