Anticorrupción pide tres años de cárcel por estafa al perito de Rato, ahora abogado del novio de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción pide 3 años y 11 de meses de prisión para el abogado Carlos Neira por un delito de estafa procesal en concurso con otro delito de falsedad continuada en documento oficial relacionados con su actuación como perito particular de Rodrigo Rato en la causa penal por la que el exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI fue condenado el pasado 20 de diciembre a cuatro años y nueve meses de cárcel por tres delitos fiscales. Anticorrupción también solicita para el despacho Garrido Asesores Fiscales, para el que trabajó Neira, una pena de multa de 3,5 millones de euros y la prohibición de realizar informes periciales tributarios durante cinco años, según han informado fuentes jurídicas a EL PAÍS. Neira es en la actualidad el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, para el caso del fraude fiscal abierto en un juzgado de Madrid.

El escrito de acusación de Anticorrupción, cuyo origen se remonta a unas diligencias previas abiertas en 2021 y donde solicita la apertura de juicio oral, denuncia que Neira, perito de la defensa de Rodrigo Rato, elaboró dos informes “falaces” sobre los movimientos de dinero en las cuentas del exvicepresidente del Gobierno en el extranjero. Los informes concluían que la declaración tributaria especial que Rato hizo para acogerse a la amnistía fiscal en noviembre de 2012 había sido correcta y que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del ministerio de Hacienda, había cometido graves errores en la cuantificación de la deuda tributaria del exdirigente del PP. La defensa de Rato presentó estos dos informes de Neira para su incorporación a las diligencias judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito que Neira introdujo en esos informes “datos bancarios y financieros falaces que crearon una realidad ficticia ante el instructor y el resto de partes”. La acusación apunta que Neira llevó a cabo “con pleno conocimiento de su falacia” diversas manipulaciones de documentos oficiales como tachar transferencias de dinero o entradas de dinero con las que se hicieron inversiones financieras por casi medio millón de euros. El despacho cuyo membrete figura en los documentos presentados en defensa de Rato permitió “por una grave falta de control”, según la Fiscalía, que el abogado Neira confeccionará unos informes periciales “sustentados en documentación bancaria manipulada por él mismo”. El objetivo de esos trabajos era rebajar las cantidades supuestamente defraudadas “anulándolas o poniéndolas por debajo del umbral delictivo del artículo 305 del Código Penal”.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado 20 de diciembre a Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. La pena incluye multas por más de dos millones. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Durante el juicio, la fiscal calculó que el fraude a Hacienda era de 7,5 millones y concluyó que “desde al menos 1999 y hasta 2015, Rato gestionó un enorme patrimonio en el extranjero, con inversiones y reinversiones constantes, desconocidas para el erario público; y además, eludió el pago de impuestos por sus servicios profesionales, parapetándose tras una red de sociedades interrelacionadas entre sí”. El tribunal consideró acreditados algunos de los hechos denunciados por Anticorrupción pero aplicó una rebaja de la pena correspondiente al delito de corrupción en los negocios por dilaciones indebidas. La investigación de este caso se inició en abril de 2015 y el juicio comenzó el 15 de diciembre de 2023 y se alargó hasta el 17 de mayo de 2024.

El juzgado que investigó la denuncia de la Fiscalía por los informes periciales de Neira en el proceso penal abierto a Rato archivó la causa en dos ocasiones, pero sendos recursos de Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Madrid en 2022 reabrieron el caso. Neira ha vuelto a pedir por tercera vez el archivo de la causa para evitar el juicio. La Fiscalía solicita en su escrito que se imponga al abogado una pena de inhabilitación para ejercer actividades de asesoramiento en materia contable, fiscal y jurídica por 3 años y 11 meses.

Abogado de González Amador

Neira es el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, para el caso del fraude fiscal que investiga un juzgado de Madrid. El fiscal Julián Salto, que presentó en marzo pasado la querella contra González Amador por dos delitos contra la Hacienda Pública —un supuesto fraude de 350.000 euros tras declarar gastos inexistentes por 1,7 millones— y otro de falsedad documental, declaró al juez que Neira es un abogado muy conocido en la fiscalía provincial con el que se han negociado algunos acuerdos de conformidad para reducir la pena de empresarios por fraude fiscal a cambio del reconocimiento de los delitos y del pago de la multa correspondiente.

Así lo hizo también Neira en el caso del novio de Ayuso. Uno de los correos de esa negociación, que la Fiscalía había enviado al abogado de González Amador, acabó filtrado por el Gobierno de Ayuso para dar a entender algo contrario a la verdad y atacar a los jefes de la Fiscalía. La respuesta a esa maniobra, dirigida por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, dio lugar a uno nota informativa de la fiscalía donde se resumían los principales hitos del proceso judicial, entre ellos un correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que Neira proponía en nombre de su cliente un acuerdo de conformidad consistente en admitir dos delitos, pagar una multa y reducir la condena a solo ocho meses de cárcel. El Colegio de Abogados de Madrid, que se niega a responder si abrió expediente a Neira por la filtración del correo del fiscal, y el propio González Amador, se querellaron contra los fiscales por un supuesto delito de revelación de secretos. El Supremo investiga ahora por esos hechos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.