Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal que ofreció el PP en 2012

El exvicepresidente afirma: “No quiero comentar un asunto personal”

Rodrigo Rato, el pasado octubre, a su salida de la Audiencia Nacional, tras declarar por las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Rodrigo Rato, el pasado octubre, a su salida de la Audiencia Nacional, tras declarar por las tarjetas opacas de Caja Madrid.ULY MARTÍN (EL PAÍS)

El exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, del PP, se acogió a la denominada amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Gobierno. Rato no ha querido confirmar ni desmentir la información. “Este es un tema personal y creo que no tengo obligación de hacer declaraciones sobre el asunto”, ha declarado.

Según adelantó el diario digital Vozpopuli, Rodrigo Rato, que fue ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional, se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y fue incluido en una lista de 705 personas, elaborada por el Ministerio de Hacienda y enviada al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). Respecto a la posibilidad de que ese departamento le esté investigando por blanqueo de dinero, Rato afirmó ayer a EL PAÍS: “No he recibido ningún documento de ningún organismo que muestre que estoy siendo investigado por el Sepblac”.

Rato, expresidente de Bankia, está imputado por diferentes delitos societarios, entre ellos estafa y falsedad documental por la salida a Bolsa de la entidad. En el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, entidad que también presidió, se le acusa de apropiación indebida y delito societario. El juez le acusó de “consentir, propiciar y aceptar” el uso indebido de fondos de la entidad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga el cobro de 6,2 millones que percibió Rato del banco Lazard años después de trabajar en la entidad.

Las primeras noticias sobre este caso se conocieron en febrero de 2014. El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció en el Congreso que se investigaban las declaraciones de 705 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal y “que presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales”. Según relató Menéndez, los casos de blanqueo se notificarán al Sepblac para que los investiguen la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía y lleven el caso a los tribunales, si es preciso.

El plan inicial del Ejecutivo era recaudar 2.500 millones con la amnistía y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Para ello exigía un gravamen del 10% sobre lo aflorado a los que quisieran legalizar el dinero oculto.

Ante los recelos iniciales que despertó la amnistía de 2012, Hacienda flexibilizó el proceso: exigió que el gravamen se aplicara solo sobre los intereses, con lo que los evasores pudieron regularizar pagando un 3%. Pero, además, permitió que se acogiera a la amnistía el dinero en metálico y abrió la puerta a que se pudiera blanquear dinero procedente del fraude.

Tanto PSOE como UPyD, IU y CiU acusaron al director de la institución de hacer un uso partidista de la información. “No lo permitiría”, indicó con rotundidad el director de la Agencia Tributaria, quien descartó con severidad que haya filtrado datos. La oposición también afeó al Gobierno que vetara la comparecencia del informático suizo que filtró la lista de defraudadores con cuentas en el HSBC, Hervé Falciani, como había reclamado el PSOE. “La lista Falciani no es nada al lado de lo que tenemos ahora”, concluyó Menéndez.

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