La Fiscalía deja en 63 años la petición de cárcel para Rodrigo Rato

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes 63 años de cárcel para Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), durante la vista oral que se celebra en la Audiencia de Madrid contra el expolítico por el supuesto origen ilícito de su fortuna. El ministerio público, que también ha reclamado una multa de 42 millones para él, ha comunicado esta mañana al tribunal sus conclusiones definitivas, donde atribuye al exdirigente popular un total de 11 delitos fiscales, otro de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. La fiscal Elena Lorente reduce así mínimamente su solicitud inicial, que ascendía a 70 años de prisión y que incluía otros dos delitos (insolvencia punible y falsedad documental), que se han retirado.

En su escrito de conclusiones definitivas, al que tuvo acceso EL PAÍS, Anticorrupción incide en que el expolítico del PP, mientras presumía de un “modo de vida lícito” de cara a la opinión pública y “una aparente transparencia sobre su comportamiento tributario ante la Hacienda española”, “llevaba a cabo una soterrada gestión de sociedades cuya primordial finalidad ha sido la evasión fiscal”, “tanto en España como en el extranjero”. “Así, desde al menos 1999 y hasta 2015, ha gestionado, por un lado, un enorme patrimonio en el extranjero, con inversiones y reinversiones constantes, desconocidas para el erario público, y, además por otro lado, ha eludido el pago de impuestos por sus servicios profesionales, parapetándose tras una red de sociedades interrelacionadas entre sí”, especifica el ministerio público.

“El acusado ha buscado, de propósito y con ánimo defraudatorio, el impago de impuestos, para lo que ha utilizado una red societaria nacional e internacional gestionada por él”, remacha la Fiscalía, que durante el juicio ha tratado de demostrar que Rato urdió una compleja estructura empresarial con multitud de tentáculos para difuminar el trazado de una “gran cantidad de dinero y activos financieros”. También, que ejecutó “actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Suiza y Mónaco, entre otros lugares”. Además, Anticorrupción añade que, durante su etapa como presidente de Caja Madrid y Bankia, el exvicepresidente del Ejecutivo cobró “comisiones” ilegales por la adjudicación de contratos publicitarios.

Además de las elevadas penas de prisión, Anticorrupción solicita que se imponga a Rato una multa de 42,44 millones de euros —19,94 millones por los delitos fiscales; 20 millones por el blanqueo; y 2,5 millones por la corrupción entre particulares—. Asimismo, la Fiscalía plantea que el ex ministro de Economía y Hacienda, al que el PP ensalzó como símbolo del “milagro económico” español del que alardeaban los conservadores, abone una indemnización a Hacienda de 7,7 millones de euros, que tendría que afrontar de manera solidaria con otros acusados.

El juicio contra Rodrigo Rato, al que acompañan otra docena de personas en el banquillo, se encuentra en su fase final. La visto oral arrancó el pasado diciembre. Y, tras meses de interrogatorios a testigos y peritos, los acusados comenzaron a declarar este 10 abril. El primero en hacerlo fue el propio ex director gerente del FMI, principal procesado, que calificó de “fabulaciones” las imputaciones que se vierten contra su persona, además de cargar duramente contra la fiscal, la Abogacía del Estado y los técnicos de Hacienda. “Este caso es la búsqueda del tesoro perdido”, ironizó el expolítico, que pide su total absolución.

Tras la sesión de este viernes, la vista oral entra ahora en un parón. El juicio se reanudará el próximo 6 de mayo, cuando las partes empezarán a exponer sus informes finales (se prevé que esta fase dure varias jornadas). Una vez que todos acaben, los acusados podrán utilizar su derecho a la última palabra.

Otras figuras claves

La Fiscalía no solo pone a Rato en el punto de mira. Acusa a otras 12 personas físicas y tres jurídicas. Entre ellas se encuentra el abogado Domingo Plazas, a quien Anticorrupción considera el asesor fiscal del exvicepresidente, aunque ambos lo niegan. Según dijo el expolítico en el juicio, solo encargó al despacho de Plazas la regularización fiscal de 2012, que activó para acogerse a la amnistía fiscal que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy. Para Plazas, la fiscal Elena Lorente pide 52 años y medio de prisión por 11 delitos fiscales (entre 2004 y 2015), blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

Anticorrupción también mantiene la acusación contra el círculo cercano del exdirigente del PP. Reclama tres años de cárcel para Teresa Arellano, quien fuera su secretaria durante décadas, y para José Manuel Fernández Norniella, que fue hombre de confianza de Rato durante su etapa en el Gobierno y en Bankia. A ambos les atribuye corrupción en los negocios. Por el mismo delito, el ministerio público pide cuatro años de prisión para Alberto Portuondo, al que considera testaferro del exministro de Economía. El escrito de conclusiones contempla igualmente otros cinco años de reclusión para el excuñado del expolítico, Santiago Alarcó, por el delito de blanqueo de capitales, al entender que gestionó la fortuna de Rato en el extranjero.

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