La Fiscalía pide 70 años de cárcel para Rodrigo Rato por defraudar más de 8,5 millones de euros

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido 70 años de cárcel para Rodrigo Rato por 11 delitos contra la Hacienda Pública, y otros de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental en el caso en el que se investiga el origen de parte de su fortuna. En un escrito, la Fiscalía señala que el antiguo vicepresidente del Gobierno ocultó patrimonio al fisco desde 1999, a través de diversas sociedades, entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Westcastle Corporation y la británica Vivaway Limited. Con estas empresas, Rato presuntamente realizó continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que constituirían hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015. El total de las cuotas presuntamente defraudadas por las que Rato está acusado asciende a 8.586.121,67 euros.

El escrito de acusación del fiscal describe la colaboración particularmente relevante que en tales operaciones habrían tenido Santiago Alarcó Canosa, excuñado de Rato, y el asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz; el primero, manejando las cuentas en el extranjero y gestionando estructuras societarias que servían a los intereses de Rato y el segundo, administrando la sociedad española Kradonara, filial de Vivaway Limited, y organizando la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus (un instrumento usado por inversores internacionales) tituladas por el trust gibraltareño Finsbury.

La documentación intervenida en las entradas y registros efectuados el 16 de abril de 2015 en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid, así como en las sedes de Plaza Abogados en Madrid y Sotogrande (Cádiz), reveló que Rato ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el fisco español, que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trusts y sociedades opacas, según el relato de la acusación.

Todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de mecánicas de blanqueo por parte del acusado. En su escrito, la Fiscalía describe hasta ocho mecanismos de blanqueo, incluyendo entre ellos el uso del llamado “crédito lombardo”, que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores, las propias inversiones de las sociedades de Rato en la sociedad alemana Bagerpleta Gmbh, las millonarias ampliaciones de capital en la propia Vivaway, y en su filial, e incluso las propias declaraciones efectuadas a Hacienda bajo los modelos 750 (declaración tributaria especial) y 720 (declaraciones de bienes y derechos en el extranjero), utilizadas con los fines de limpiar el origen ilícito de los bienes, que el acusado ha tratado de reintegrar a la actividad mercantil lícita.

Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, declarando ser el propietario de Red Rose Finantial y omitiendo cualquier referencia a otras sociedades, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y abonando a Hacienda 11.533,35 euros. Según el relato de hechos de la Fiscalía, “lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente (…) utilizó en realidad la DTE [declaración tributaria especial, conocida popularmente como amnistía fiscal] como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior”.

Incrementos patrimoniales injustificados

El análisis de la documentación intervenida ha permitido identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de más de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, han resultado cuotas defraudadas por importe de 7.470.163,96 euros en los ejercicios mencionados. A esta cantidad hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de servicios profesionales del acusado a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban.

En total, la Fiscalía acusa a Rato de 11 delitos contra la Hacienda Pública, así como de un delito de blanqueo de capitales, un delito de insolvencia punible, un delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil. Solicita para él penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los 11 delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres años por el delito de falsedad documental, además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.