El juez propone sentar en el banquillo a Rato por delito fiscal, blanqueo y corrupción por su enriquecimiento

El juez Antonio Serrano-Arnal hizo público este lunes un auto por el que pone fin a más de cinco años de investigación sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y deja a este a un paso del banquillo. El magistrado propone juzgar a Rato y a otras 13 personas, así como a dos empresas y un bufete de abogados como personas jurídicas, por la supuesta trama de corrupción organizada por el político cuando era presidente de Bankia, así como por la creación de una trama societaria para repatriar fondos a España y ocultarlos al fisco.

El titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid considera que los hechos investigados en el caso Rato —que salió a la luz tras la detención del exvicepresidente en abril de 2015— son constitutivos de delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. No obstante, el auto, denominado de transformación en procedimiento abreviado —trámite previo a que las partes soliciten la apertura de juicio oral o el archivo definitivo de la causa— es recurrible tanto ante el propio magistrado como en apelación ante la Audiencia Provincial. El siguiente paso sería el auto de apertura de juicio oral, no recurrible, que abocaría a Rato al banquillo. La Fiscalía Anticorrupción ya presentó en marzo de 2019 un escrito de acusación por los hechos referidos a los contratos publicitarios de Bankia en los que solicitaba cuatro años de cárcel y multa de 2,5 millones de euros para el exvicepresidente del Gobierno.

Rato se encuentra en libertad condicional desde el pasado 12 de febrero tras cumplir parte de la condena de cuatro años y seis meses que le impuso la Audiencia Nacional por las tarjetas black en febrero de 2017. En septiembre, el político fue absuelto por la Audiencia Nacional, junto a los otros 33 acusados, de otra causa judicial abierta contra él: la de la salida a Bolsa de Bankia, que él encabezó y por la que la Fiscalía le reclamaba ocho años y medio de prisión por estafa y falsedad contable.

En el auto conocido el lunes, el juez considera acreditado que en 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith y que estas supuestamente pagaron por estos contratos una comisión ilegal de 2,02 millones de euros.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que este dinero fue abonado a la sociedad Albisa Inversiones, controlada por otros de los encausados, el empresario Alberto Portuondo, al que supuestamente Rato había contratado como consultor en la entidad financiera. Según la investigación, desde esta empresa se transfirió a la sociedad Kradonara 2001, controlada por Rato, 835.024 euros; mientras que otro de los presuntos implicados, Miguel Ángel Montero, administrador de numerosas empresas familiares del político, recibió cerca de 190.000 euros. Gran parte del dinero que supuestamente recibió el exvicepresidente fue posteriormente enviado a la empresa Bagerpleta GMBH, participada por él y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania.

Dinero repatriado

El magistrado también describe en el auto la operativa supuestamente utilizada por Rato para introducir en España, a través de sociedades bajo su control registradas en varios países, 7,28 millones, de los que algo más de la mitad (3,69 millones) es catalogada por la investigación como de “de origen desconocido”. “Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito”, señala el auto.

El juez hace especial hincapié en el papel jugado por la estructura societaria formada por la firma británica Vivaway y la española Kradonara “expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerle llegar [los fondos] de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato”. Todo ello supuestamente camuflado “en préstamos o negocios jurídicos simulados”. Parte de esos fondos serían las comisiones recibidas por Rato por los contratos publicitarios de Bankia, recalca el auto.

Dos operativas para defraudar a fisco, según el juez

El juez Serrano-Arnal apunta en su auto la presunta comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública cometidos por Rato entre 2006 y 2015, año este último en el que se inició la investigación. En ocho de estos 10 periodos impositivos, algunos ya prescritos, la cuota defraudada fue superior a los 120.000 euros, cifra que marca el límite para que el fraude pase a ser considerado delito.

El magistrado detalla que, para eludir el pago de impuestos, Rato supuestamente se valió de dos operativas. Por una parte, mediante el retorno “de manera oculta para la hacienda española” de parte de su patrimonio en el extranjero mediante “maniobras societarios” a través de la empresa Kradonara, que recibía préstamos participativos de la británica Vivaway —ambos supuestamente bajo el control de Rato— mediante préstamos que ni fueron documentados ni devueltos, “de manera que su efecto tributario ha sido nulo”. La segunda, al percibir a través de sociedades “meramente instrumentales” los servicios profesionales —impartir conferencias—, que Rato prestó “de manera personal” a diferentes empresas.