La Audiencia de Madrid ordena agrupar todas las piezas del ‘caso Rato’

El conocido como caso Rato, que investiga el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, se agrupará en una única causa, según ha decidido la Audiencia Provincial de Madrid. En un auto conocido este lunes, el tribunal ordena juntar la pieza que investiga el presunto cobro de comisiones por la publicidad de Bankia con las otras pesquisas abiertas, que incluyen el fraude fiscal y el blanqueo.

La decisión de la Audiencia Provincial implica también que se revoca el auto de procesamiento dictado por el juez de primera instancia, con lo que se deja sin efecto la apertura del juicio oral contra el exministro y otras 12 personas, incluido el presunto testaferro de Rato y su secretaria y mano derecha. En lo que hasta ahora era una pieza separada, llamada Zenith-Publicis, la Fiscalía acusa a Rato de corrupción entre particulares.

Zenith y Publicis son los nombres de las dos agencias que ganaron la campaña de lanzamiento de la marca Bankia (tras la fusión de las cajas de ahorro que formaron la gran entidad bancaria). El juez consideró "indiciariamente acreditado" que durante los ejercicios 2011 y 2012, Bankia contrató servicios de publicidad con ellas a cambio de una comisión de 2,02 millones de euros que esas agencias pagaron a Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo, el presunto testaferro del exministro de Economía.

Una presunta comisión de 835.000 euros

De esa cantidad, Albisa transfirió 835.024,64 euros a una de las empresas controladas por el expolítico, Kradonara 2001. Según la investigación, esa sería su parte en la comisión. El juez ya había abierto juicio oral para esta pieza y se estaba a la espera de que se fijara fecha de juicio. Según los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial, su decisión no retrasará el procedimiento porque la instrucción de las distintas piezas está muy avanzada o, como es el caso de la pieza Zenith-Publicis, está terminada. 

Para este tribunal, el delito de blanqueo está "anudado" a los delitos fiscales y al delito de corrupción en los negocios y al juntarlos se evitaría el riesgo de "pronunciamientos contradictorios" en caso de que se juzgaran por separado. "Téngase en cuenta que las piezas separadas han podido resultar de utilidad para facilitar las investigaciones de sus respectivos objetos; sin embargo, tras el avance de la instrucción, han desaparecido las circunstancias que aconsejaron la tramitación en piezas separadas, concurriendo razones para su enjuiciamiento conjunto", asegura el tribunal.

La Fiscalía le pide a Rato una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 2,5 millones de euros por un presunto delito de corrupción entre particulares. Entre las 12 personas que el juez de instrucción envió a juicio están también José Manuel Fernández Norniella, exconsejero ejecutivo de Bankia y exsecretario de Estado de Comercio; Alberto Portuondo, presunto testaferro de Rato; Teresa Arellano, secretaria personal del exvicepresidente del Gobierno; Miguel Ángel Montero, administrador de numerosas empresas familiares del exministro de Economía; Domingo Plazas, asesor fiscal del exdirigente popular, y siete directivos de Zenith y Publicis.

Rodrigo Rato ya ha sido condenado a cuatro años de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid. Está actualmente en prisión. Desde el pasado mes de noviembre se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de estafa a inversores por la salida a Bolsa de Bankia. Por esta causa la Fiscalía pide para él cinco años de cárcel.