Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Rato por las comisiones de la publicidad de Bankia

La Fiscalía solicita tres años de prisión para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella por el mismo caso

Rodrigo Rato sale de la Audiencia Nacional por el juicio de las 'tarjetas black' de Caja Madrid, en enero de 2017.
Rodrigo Rato sale de la Audiencia Nacional por el juicio de las 'tarjetas black' de Caja Madrid, en enero de 2017.

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel y multa de 2,5 millones de euros para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y la misma sanción económica con tres años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella por las comisiones irregulares que presuntamente cobraron por los contratos de publicidad de la entidad financiera.

Esta actuación es una de las piezas separadas dentro de la investigación que se inició para conocer el origen de la fortuna del exministro de Economía. Actualmente, Rato se encuentra en prisión cumpliendo condena de cuatro años y seis meses que le impuso la Audiencia Nacional por las tarjetas black en febrero de 2017. Además, está siendo juzgado por la salida a Bolsa de Bankia.

Se trata del escrito de acusación provisional que ha dirigido la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que el pasado 21 de febrero ordenó el procesamiento de Rato, Noriella y otras 15 personas así como dos mercantiles en relación a los contratos firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012 con las empresas Publicis y Zenith Media en los que habría mediado una comisión de 2,02 millones de euros.

El escrito de 14 páginas de la Fiscalía señala que Rato impuso desde su llegada a Caja Madrid el 28 de enero de 2010, la colocación, dentro de la entidad, de varias personas de su máxima confianza, a fin de permitirle un férreo control de la misma ejercido desde la presidencia ejecutiva que ocupaba y, particularmente, en cuanto se relacionara con los tres contratos de publicidad que iba a firmar Caja Madrid-BFA-Bankia con motivo de la expansión de la marca Bankia y de la salida a Bolsa de la entidad

“En efecto, conocedor de que los gastos en contratación de publicidad por parte de la entidad que presidía iban a ser elevados, Rodrigo Rato, con desprecio al principio de lealtad a que le obligaba su cargo, decidió sacar provecho económico personal. A tal fin, se sirvió de tres personas con quienes desde hacía años mantenía lazos personales y profesionales, a través de quienes canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente astillas, desde las empresas, que buscando ser contratadas por la entidad bancaria las abonaban, hasta la sociedad patrimonial de Rato, Kradonara 2001 SL, receptora de las mismas", indica el escrito.

Estas personas eran los acusados Teresa Arellano, secretaria de Rato, quien la nombró coordinadora-directora general de Comunicación y Marca; Miguel Ángel Montero, administrador de numerosas empresas familiares del exministro; y Fernández Norniella, a quien Rato designó  vicepresidente de la entidad y consejero, siendo además quien presidía habitualmente el Comité de Medios, en sustitución del presidente.

De la mano de estos tres acusados se creó además un "grupo de presión" dentro de la Dirección General de Comunicación y Marca, que se encargaba de la contratación de la publicidad integrado por los acusados Alberto Portuondo, asesor externo; el exresponsable de comunicación externa de Caja Madrid Miguel Robledo y su colaboradora Beatriz Colomer.

Inicio de la trama

La trama comenzó cuando Portuondo contactó a mediados de 2010 con el director de Publicis, Francisco Xavier Olazabal, para que tanto esta agencia de publicidad como la agencia de medios Zenith, ambas dependientes de Multi Market Services Spain, a accedieran "en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar", según el relato del fiscal.De esta forma, los altos ejecutivos y dirigentes de ambas empresas -también acusados en este caso-- aceptaron la propuesta de Portuondo, "sabedores de las ventajas'que el pago de comisiones iba a generar" para las mercantiles.

 Además, Portuondo usó su sociedad Albisa como empresa pantalla para recibir los supuestos beneficios irregulares procedentes de Publicis y Zenith. En 2011 percibió 1.244.130,72 euros y al año siguiente otros 778.023,80 euros, es decir un total de 2.022.154,52 euros. Posteriormente, se llegó a transferir a Kradonara más de 800.000 euros, explica la fiscal. Por último, subraya que el pago de comisiones desde la empresa de publicidad y la agencia de comunicó cesó una vez que Rato abandonó la entidad financiera el 9 de mayo de 2012.

Peticiones de penas

Las mayores peticiones de condena son para Rato y Portuondo, con cuatro años y multa de 2,5 millones de euros. El resto de los acusados afrontan una petición de tres años de cárcel aunque la sanción económica es también de 2,5 millones. Se trata de Teresa Arellano, Miguel Robledo, Beatriz Colomer, el abogado Miguel Ángel Montero Quevedo y su asesor Domingo Plazas.

La Fiscalía pide tres años de prisión y 2,5 millones de euros de multa para los directivos de agencias publicitarias Miguel Angel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona y Cándida Rodríguez. En cuanto a las mercantiles, solicita condenar a Publicis y Zenith Media a multa de dos años con cuota de 100 euros al día, unos 73.000 euros, así como el comiso de la ganancia obtenida, los 2,02 millones de euros.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >