Tres miembros de la junta del Institut Català de Finances dimitieron antes del aval a los 34 ex altos cargos

Tres de los nueve vocales del Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat, dimitieron de sus cargos el lunes, dos días antes de que la institución debatiera y aprobara avalar las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos por supuesta malversación en la promoción internacional del procés independentista, según avanzó La Vanguardia y confirmó este diario. Los dimitidos son Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger. La concesión del aval prosperó gracias al voto de calidad del presidente de la junta de gobierno el ICF, Albert Castellanos, ex secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y Economía con el ahora president, Pere Aragonès, y que en esta legislatura es secretario de Empresa y Competitividad.

Los tres vocales dimitidos llegaron a la institución en 2015 en calidad de independientes y tenían su mandato caducado desde el 1 de julio, aunque continuaban siendo miembros del órgano a la espera de la renovación, informan fuentes del Departamento de Economía. La junta estaba integrada por 11 miembros, seis de ellos independientes y cinco del Govern. Los cargos dominicales están pendientes de renovación.

La participación del ICF estaba contemplada en el decreto ley que aprobó el Govern para avalar las fianzas y solo se tenía que activar. ras el Consell Executiu, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, constató el martes que no había sido posible encontrar un banco dispuesto a avalar las fianzas y se mostró comprensivo con las eventuales resistencias internas a conceder el aval. “Teniendo en cuenta los precedentes vividos en el país, provocaría angustia y miedo”, explicó, en alusión a posibles consecuencias penales. La situación generó dudas entre los socios del Govern sobre si se debía recurrir al ICF, algunos de cuyos miembros habían expresado sus reticencias a involucrarse en esta operación.

Pese a ello y por sorpresa, Giró anunció un día después en el Parlament que sí se activaría el ICF para dar cobertura los encausados. Y todo quedó pendiente de que la junta de gobierno, equivalente a un consejo de administración, suscribiera esa noche la operación. La votación, informa también Ara, fue reñida. Según las fuentes consultadas, el consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, se abstuvo, tres de los miembros de la junta de gobierno —representantes de la Generalitat— votaron a favor y otros tres —independientes— en contra. Lluís Juncà, un cargo de ERC en la Generalitat que también es vocal del ICF, no participó en la votación para que los independientes fuesen mayoría —cuatro frente a tres— con respecto a los miembros por designación política. El empate lo deshizo Castellanos con su voto de calidad. 29 de los 34 ex altos cargos se acogieron al mecanismo de avales.

En lugar de perseguir la corrupción de los grandes partidos españoles, PP y PSOE, el Tribunal de Cuentas persigue la disidencia”, dice Junqueras

Oriol Junqueras, presidente de ERC, uno de los políticos encausados y cuya fianza es de 1,9 millones, acusó ayer al PP de utilizar el Tribunal de Cuentas como un “órgano político” para “perseguir a sus rivales”. En una entrevista a la agencia Efe, Junqueras afirmó: “El objetivo [del Tribunal de Cuentas\] es embargar nuestras casas, que son las casas donde viven nuestros hijos”. Y agregó: “Pese a su nombre, no es un tribunal, es un órgano político formado por políticos en retirada, nombrados por sus méritos a la hora de servir los intereses de los partidos que los nombran”. “Se trata, dijo, de un “órgano con cargos caducados” y el “el PP se niega a renovarlos. !No quiere perder la mayoría que tiene, porque la utiliza para perseguir sus rivales políticos. En lugar de perseguir la corrupción de los grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, persigue a los opositores políticos, a la disidencia política”, protestó. “Se nos persigue porque quieren convertir a nuestros hijos en víctimas de la represión”. ”Nunca están satisfechos con la represión que ejercen. Es una persecución económica, no contra nosotros, sino contra nuestras familias”.

Según Junqueras, el caso es “un ejemplo más de la injusticia que se comete contra personas que son evidentemente inocentes”. Sobre el mecanismo del ICF para avalar la fianza, considera que Tribunal de Cuentas no tiene motivos para rechazarlo: “Estoy convencido de que las decisiones que toma el Govern son plenamente legales y legítimas que procuran proteger la actuación legítima y legal de algunos de sus cargos electos y sus trabajadores. Proteger la actuación legal y legítima de los trabajadores públicos siempre es bueno”, añadió.