La Generalitat crea un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas

El Gobierno catalán ha aprobado este martes, mediante un decreto ley, la creación de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, y al que se podrán acoger los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme condenatoria, ha explicado el consejero de Economía, Jaume Giró, que se ha mostrado confiado en que el mecanismo no implica cometer ningún delito de malversación. También ha defendido que cuenta con todas las garantías jurídicas para tirar adelante. “No hay desplazamiento de dinero de la Generalitat”, ha apostillado. La caja de solidaridad ha expresado su satisfacción con la medida pero esta tarde ha realizado un llamamiento para recaudar ayudas al tener dudas de que el Tribunal de Cuentas acepte la medida.

El Tribunal de Cuentas pide a una cuarentena de exaltos cargos de la Generalitat y servidores públicos el pago de fianzas por 5,4 millones de euros, el dinero que el ente fiscalizador cree que se ha malgastado en la internacionalización del proceso independentista. Giró ha explicado que los trabajadores de la Administración que crean que se pueden acoger a este fondo tienen que presentar una solicitud delante del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que después de comprobar los datos dará un contraaval a una entidad financiera que será la que finalmente aporte el dinero ante el Tribunal de Cuentas. No se ha querido revelar el nombre de cuál será ese banco.

“No hay desplazamiento de dinero de la Generalitat en ningún momento, hasta que haya una sentencia en firme en contra”, ha aclarado el consejero. “No estamos dando 10 millones de euros a nadie. Estamos creando un sistema de aval y contraaval”, ha defendido Giró cuando se le ha preguntado en varias ocasiones a qué partida de los Presupuestos de la Generalitat se cargarían esos fondos. Fuentes de Economía han explicado que próximamente se aprobará una transferencia por ese monte al ICF pero sin aclarar el origen del dinero.

La garantía del fondo se mantendrá mientras no haya una sentencia firme “y no se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales”, según la nota de prensa del Govern. Es decir, en el caso de que el Tribunal Supremo condenara a las personas que previamente investigó el Tribunal de Cuentas, el banco pagaría pero la Generalitat no reclamaría el dinero al afectado hasta que haya una sentencia europea, si se recurre a esa instancia.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha evitado pronunciarse a la espera de conocer los detalles de la decisión del Govern. “Nos tienen que permitir que conozcamos el acuerdo al que han llegado en la Generalitat. No conocemos la norma. Evidentemente el Gobierno vela en Cataluña y todas las comunidades por la legalidad”, ha afirmado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, informa José Marcos.

El texto del decreto ley se conocerá mañana, una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Si se confirma la responsabilidad civil, las personas tendrán que devolver el dinero, así como los intereses y los cargos de gestión, ha insistido Giró. Precisamente, ese cobro de intereses, han defendido desde Economía, es la salvaguarda para evitar que se pueda decir que hay una malversación o prevaricación.

“En ese momento, la Generalitat reclamará a los afectados el dinero más los intereses”, ha explicado Giró. Vilagrà ha contado que el decreto ley (que tendrá que ser validado por la Cámara catalana, con mayoría independentista) busca cubrir las carencias de los seguros actualmente contratados. La reforma responde, ha dicho la consejera, al principio de indemnidad, es decir, la cobertura que pueden tener los trabajadores públicos en procesos administrativos o judiciales por actos derivados del ejercicio de su cargo.

Así, por ejemplo, el exconsejero de Cultura, Santi Vila, también podrá recurrir al fondo. Un tribunal de Huesca le pidió en febrero de este año, un aval de 216.000 euros como garantía de responsabilidad en la causa sobre los bienes de Sijena. El también exalcalde tuvo que entregar las escrituras de su piso. El titular de Economía ha estado acompañado por la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, que ha recordado que la norma tiene que ser revalidada por el Parlamento, donde hay una mayoría independentista.

El ICF, ha dicho Giró, es la entidad que inicialmente se encargará de gestionar el fondo hasta que se cree un órgano específico. Desde Economía han defendido que se hace a través de ese órgano porque tiene experiencia en los avales bancarios. El instituto es una entidad financiera que tiene a la Generalitat como único accionista y que fue fundada en 1985 con la misión de “impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido económico de Cataluña”. Su objetivo, según se detalla en su página corporativa, es “contribuir al crecimiento de la economía catalana actuando como complemento del sector financiero privado”.

Apoyo de la CUP

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que si el Gobierno no hace nada, su partido denunciará por malversación y prevaricación al Govern y recurrirá solicitando la inhabilitación de los que aprueben ese fondo. Casado también ha exigido al presidente Pedro Sánchez, a través de un mensaje en Twitter, que aclare si va a evitar la “inadmisible malversación” que supone la creación del fondo al afirmar que se trata de un “fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado”.

La CUP, socio parlamentario del Govern, ha acogido con satisfacción la decisión del Consell Executiu. Laia Estrada, diputada de la CUP, ha recordado que siempre han defendido que la Generalitat esté al lado de los “represaliados”. “Es lo que siempre hemos pedido. Nos parece bien cualquier fórmula. Queremos evitar, eso sí, a toda costa que haya represaliados de primera y de segunda y [queremos] que no haya distinciones”, ha afirmado la parlamentaria, que ha pedido a la Generalitat que deje de actuar como acusación particular contra independentistas. “Es una de sus asignaturas pendientes. Tiene que apoyar a los represaliados sin fisuras”, ha recalcado.

Los comunes, que no conocían al detalle la decisión, han querido ser prudentes y han pedido que la decisión sea sostenible jurídicamente. David Cid, portavoz de la coalición de izquierdas, ha afirmado que consideran que el Tribunal de Cuentas está tomando decisiones profundamente injustas y arbitrarias y que el Partido Popular ha convertido ese organismo en su “cortijo” al bloquear su renovación. En ese sentido, Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, impulsará una propuesta para cambiar el funcionamiento del ente para que sea estructural y no puntual.

Antes de conocerse el decreto, Ciudadanos ya ha calificado de “inadmisible” que la Generalitat tenga que pagar el exceso de los líderes separatistas. “Estamos sufriendo un doble atropello”, ha afirmado el diputado Nacho Martín Blanco, portavoz de Cs. “Eso es normalizar y saquear las arcas públicas”. Es impresentable que ahora decidan que los catalanes volvamos a pagar ese dinero”, ha dicho.

Los responsables de la caja de solidaridad del independentismo y los líderes de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium han realizado esta tarde un llamamiento la ciudadanía para que ayude a recaudar fondos para poder hacer frente a las fianzas y otras causas contra activistas. Actualmente, la caja dispone de 400.000 euros y está lejos por tanto de los 5,6 millones que se les reclaman. Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, ha expresado su satisfacción por la medida del Gobierno pero ha advertido que no sabe cuánto tiempo resistirá. “Prevemos ataques. Es imprescindible nutrirla”, ha afirmado.

Josep Cruanyes, portavoz de la caja, ha afirmado que el fondo del Govern es “un respiro” pero que necesitan fondos para evitar los eventuales embargos. “Es muy buena noticia. Es una respuesta robusta y de país con el Govern liderando y las entidades acompañando. Nos da un poco de tiempo pero no solucione el problema de fondos. No sabemos si lo aceptará. Y si hay una sentencia no será una solución”, ha afirmado Albert Royo, el principal investigado en su calidad de exdirector general del Diplocat.

La caja de solidaridad ha presentado esta mañana una petición en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que sigue una causa contra el 1-O en el que denuncia que existe una duplicidad de fianzas por ese asunto tanto en ese juzgado como en el Tribunal de Cuentas y, por tanto, reclama la devolución de cerca de cuatro millones de euros. “Son fianzas doblemente consignadas por un mismo objeto y vulnera el derecho a un juicio justo y equitativo”, ha afirmado Cruanyes que trasladará los hechos al Consejo de Europa. La caja ha atendido en los últimos años a 600 personas y ha depositado la inmensa mayoría de los 14 millones de euros para cubrir responsabilidad civil y fianzas.