Aragonès admite la dificultad de que la Generalitat avale a los sancionados por el Tribunal de Cuentas

El presidente de la Generalitat se mueve con cautela en un terreno que sabe pantanoso. Pere Aragonès y su partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), critican duramente las multas de más de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 altos cargos de la administración catalana por los gastos destinados a la propaganda internacional a favor del independentismo. Junts, socios de coalición, aprieta entre bambalinas para que la Generalitat avale las fianzas, pero el president sabe que este sería un camino repleto de minas judiciales.

“Buscaremos mecanismos para amparar a estas personas y proteger nuestras competencias”, afirmó Aragonès este domingo en una entrevista en El Periódico. Aragonès confirmó que la Generalitat está estudiando las opciones que tiene para dar apoyo a los sancionados por el Tribunal de Cuentas. Las dudas sobre la viabilidad legal de la jugada son elevadas porque la Generalitat podría incurrir en delitos penales de malversación y prevaricación. El propio Aragonès concedía que la situación “es difícil”: “Estamos estudiando las vías que tenemos a nuestro alcance. Es difícil, porque tiene que permitir dar cobertura efectiva, no retórica.” Todas las alternativas que se han hecho públicas esta semana en forma de globos sonda plantean interrogantes legales, desde la hipótesis de que sea el Institut Català de Finances quien avale las fianzas o que lo haga la compañía de seguros contratada por la Generalitat, según avanzó La Vanguardia.

El jefe del Gobierno catalán añadió en El Periódico unas palabras en la que parecía asumir que la iniciativa privada debe volver a ser la que cubra las penas económicas: “Tendremos que activar mecanismos de solidaridad desde la sociedad”. La llamada caja de solidaridad es una iniciativa que pusieron en marcha las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Esta caja de solidaridad, a partir de donaciones, habría conseguido reunir en los últimos años unos 14 millones de euros, que han sido destinados a sufragar las defensas y sanciones a decenas de procesados por las consultas inconstitucionales sobre la independencia de 2014 y 2017 o por otros delitos vinculados a actuaciones ilegales derivadas del procés.

Josep Cruanyes, portavoz de la asociación que gestiona la caja de solidaridad, confirmaba el viernes a EL PAÍS que este fondo ya no cuenta con suficientes recursos para avalar a los políticos sancionados, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell. Todos ellos han denunciado públicamente, en las últimas semanas, que la causa de este tribunal administrativo contra ellos es infundada, “una venganza política” de los poderes del Estado contra el independentismo, en palabras de Mas-Colell.

La Generalitat es la perjudicada por las irregularidades administrativas sancionadas por el Tribunal de Cuentas. Sería, pues, el Gobierno de ERC y Junts el beneficiado con los 5,4 millones que deben pagar las 34 personas sancionadas. Aragonès admitía que la situación es una paradoja porque su Ejecutivo “no se siente perjudicado”. Devolver el dinero a los políticos sancionados por el tribunal administrativo sería otra opción sobre la mesa, aunque con una base legal muy débil. El president, que asistió este domingo a la conmemoración del centenario del club de rugby Unió Esportiva Santboiana, no quiso hacer comentarios sobre esta y otras cuestiones de la actualidad. La estrategia de Aragonès se basa por el momento en una moderación que contrasta con las posiciones más frentistas y a favor de la desobediencia de su predecesor, Quim Torra.