Junts quiere que la Generalitat avale el pago de las fianzas millonarias del Tribunal de Cuentas

Junts per Catalunya, miembro del Govern de coalición presidido por Pere Aragonès, quiere que la Generalitat avale el pago de las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha fijado a una treintena de miembros del Govern, durante el periodo 2011-2017, por promocionar el procés en el extranjero. El organismo ha concluido el expediente provisional de liquidación y ha dado a los líderes independentistas dos semanas para abonar esas sanciones a riesgo de sufrir un embargo. Los líderes de los dos socios del Ejecutivo, Oriol Junqueras, que acaba de ser indultado, y el expresident Carles Puigdemont, están en esa tesitura al reclamarles el tribunal 1,9 millones de euros. Al expresident Artur Mas, con la casa ya embargada, le piden 2,8 millones. El president Pere Aragonès estudia medidas para ayudar a los investigados.

La posibilidad de conceder el aval es una salida que ve Junts para poder sortear una situación que llevaría a la ruina económica de los afectados. Al expresident Artur Mas, con la casa ya embargada por otro procedimiento, le piden 2,8 millones. La medida les permitiría también, afirman en Junts, ganar tiempo. La Generalitat ya ha alegado ante el Tribunal de Cuentas que no se siente parte perjudicada en la causa. Fuentes de ERC apuntan que saben que el Govern estudia desde hace semanas la opción del aval y deslizan que están seguras de que acabará encontrando una forma de ayudar a los “damnificados por las multas del tribunal”. “Ejerce una inquisición económica que sentencia a 40 personas a fianzas millonarias sin haber hecho un juicio. No es un tribunal: es un órgano politizado por la derecha españolista”, alegan. “Nos penalizan por algo a lo que tenemos derecho a hacer: explicarnos al mundo”, añaden.

Tras la reunión en La Moncloa, el president calificó la batería de fianzas como un paso más de la “represión política” y contra el libre ejercicio de las competencias de la Generalitat. “Vamos a persistir y tomar medidas para defender la honorabilidad de las personas afectadas. No se puede afrontar un diálogo político si persiste esta dinámica represiva”, afirmó Aragonès este jueves. El propio Junqueras explicó: “El Tribunal de Cuentas me pide casi dos millones de euros por haber defendido la democracia. Una vez más, la represión se abalanza sobre nosotros y nuestras familias”. Raül Romeva, exconsejero también indultado, añadió: “Toda la estima y apoyo a los compañeros que hoy también reciben la rabia del Estado. Estamos aun en plena venganza. La única solución real es la amnistia y la autodeterminación”.

El Govern prevé plantear una salida previsiblemente la próxima semana y por ahora se desconoce su alcance y si se decantará por el aval, como reclama uno de los socios, o por otra vía. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, aseguró esta semana que el Govern planteará una oposición frontal a esta resolución. En cualquier caso, la caja de solidaridad del independentismo ya dijo en mayo que se sentía desbordada para afrontar esas multas “astronómicas”. En unos días sus responsables tienen previsto realizar un llamamiento para recaudar fondos acompañado de una serie de medidas encaminadas a plantar cara y denunciar la actuación del Tribunal de Cuentas. “No todo se limita a recaudar dinero. Son multas demenciales. Queremos ser proactivos”, afirma Josep Cruanyes, portavoz de la caja de solidaridad. El también jurista hace ya semanas que pide tanto al Govern como a los partidos que ofrezcan una respuesta política. “No se pueden quedar de brazos cruzados”, dice.

“No todo se limita a recaudar dinero. Son multas demenciales. Queremos ser proactivos”

Josep Cruanyes, portavoz de la caja de solidaridad

Cruanyes ha apuntado en su favor que el reciente informe del Consejo de Europa recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contrarios a multas que disuadan la difusión de las ideas. O también el voto particular de una miembro del Tribunal de Cuentas contraria a la causa. El portavoz no ha querido insinuar qué debería hacer el Ejecutivo, aunque sí comparte el criterio de que debe defender sus competencias estatutarias en Acción Exterior. Cruanyes cree que todo el proceso acabará siendo declarado nulo en Estrasburgo. La caja de solidaridad ha reunido hasta ahora más de 14 millones de euros en multas y, ahora, admite, no dispone suficientes para cubrir el pico de las 400.000 euros de las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama.