Artur Mas pedirá amparo al Constitucional tras el rechazo de su recurso por los gastos del 9-N

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, solicitará amparo el Constitucional, después de que el Supremo haya inadmitido su recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que le impuso el pago de 4,1 millones de euros por los gastos irregulares efectuados por la Generalitat para organizar la consulta del 9-N de 2014. La Sala de lo Contencioso ha confirmado este jueves la inadmisión de la impugnación “por falta de fundamentación suficiente”. El recurso al Constitucional persigue a su vez abrir la puerta para acudir en última instancia ante el Tribunal de Estrasburgo, alegando vulneración de derechos fundamentales.

Para el equipo jurídico de Mas ―que tiene embargados sus bienes, entre ellos el piso en el que tiene fijado su domicilio―, el interés del recurso no se centraba sólo en el caso concreto, sino en el precedente que puede sentar. De ahí que según fuentes de su defensa el planteamiento de la impugnación ya supusiera su oposición al fallo del Tribunal de Cuentas por el “interés casacional” del asunto. Es decir, el interés en que el Supremo sentara doctrina sobre los procedimientos de responsabilidad contable que investiga y juzga en primera instancia el Tribunal de Cuentas. El Supremo, en cambio, ha considerado que en el recurso presentado “no se han hecho valer” las razones que apoyarían la tesis de dicho “interés casacional”.

El recurso, en todo caso, ya sugería la importancia de este asunto desde el punto de vista constitucional, por la reivindicación del derecho a la tutela judicial efectiva. Para la defensa de Artur Mas y los condenados por el Tribunal de Cuentas en relación con el 9-N, los pronunciamientos de este organismo deberían tener una revisión o control posterior asegurado ante el Supremo. De ahí el énfasis puesto en que el recurso se basara en el “interés casacional” del caso, con el objetivo de que existiera la oportunidad de que la máxima instancia judicial, el Supremo, revisara a fondo si la actuación y la decisión del Tribunal de Cuentas fue en todo momento ajustada a derecho.

Este planteamiento tiene que ver obviamente con la existencia de otros asuntos en curso en el Tribunal de Cuentas que siguen una pauta similar a la investigación que llevó a la mencionada condena por la consulta del 9-N, por haberse utilizado recursos públicos para la organización de una consulta prohibida por el Constitucional. En vía penal estos hechos ya determinaron la condena de Artur Mas y otros ex altos cargos de la Generalitat, si bien los imputados siempre negaron el delito de desobediencia del que fueron acusados. Ahora mismo, en el Tribunal de Cuentas hay dos asuntos en curso, uno sobre los gastos para la organización del referéndum ilegal del 1-O y otro sobre los fondos desviados a la política exterior de la Generalitat para buscar apoyo internacional al procés.

Para las defensas, la actuación del Tribunal de Cuentas implica una doble condena, tras la causa penal, y añaden que la segunda, de carácter económico, procede de una instancia cuya naturaleza y plenas competencias jurisdiccionales discuten. Por tanto, existe la determinación de seguir este asunto hasta sus últimas consecuencias, lo cual implica que el recurso al Constitucional se plantee en su momento como una actuación de carácter previo necesaria para poder acudir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

También en esto, por tanto, la estrategia es similar a la seguida durante la causa penal, en el sentido de que la constante denuncia sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales persigue abrir el camino hacia la justicia europea. Desde la óptica de las defensas, ese es el probable final de todas las iniciativas puestas en marcha ante los distintos procesos abiertos por los hechos de 9-N y luego por los del procés y el referéndum del 1-O, para que todos ellos terminen ante el Tribunal de Estrasburgo, y que sea este el que diga la última palabra.