El Tribunal de Cuentas reclama 1,9 millones a Junqueras y a Puigdemont

El Tribunal de Cuentas va a reclamar este martes 1.981.453 euros más intereses al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la justicia desde hace casi cuatro años, y la misma cifra al exvicepresidente, Oriol Junqueras, indultado por el Gobierno. Esas cantidades responden a supuestos gastos indebidamente realizados en la promoción exterior del procés y la búsqueda de apoyos internacionales para el proyecto de independencia de Cataluña.

Ambos dirigentes secesionistas forman parte de una lista que incluye a otros 37 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana, entre ellos el expresidente Artur Mas, a quien se le reclama una cantidad más elevada, 2.803.115,8 euros más intereses, según el acta de liquidación provisional, a la que EL PAÍS ha tenido acceso.

En total, el Tribunal de Cuentas reclama 5.417.899 euros que la Generalitat habría empleado en difundir sus proyectos de ruptura con España durante el período comprendido entre 2011 y 2017. En los casos en que concurre la responsabilidad de varios excargos del Govern respecto a un mismo concepto de gasto indebido, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relación con los daños causados por ese concepto, según el Tribunal. Esto es, que el reintegro del importe total se puede exigir a cualquiera de los causantes del daño, el cual podrá reclamar a los otros la parte correspondiente.

El expresident Artur Mas es uno de los dirigentes independentistas que acumula una deuda mayor, ya que su presidencia, entre 2010 y 2016, engloba casi todo el período investigado, menos su recta final, en que la actividad de proyección exterior fue especialmente intensa. La mayor cifra, sin embargo, corresponde al ex secretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones, seguido por la que era interventora general de la Generalitat, Mireia Vidal, con 3,16 millones más intereses.

Artur Mas ya fue condenado al reintegro de 4.988.620 euros, junto a otros altos cargos de su Govern, por la organización de la consulta del 9-N de 2014, por sentencia del Tribunal de Cuentas que se encuentra recurrida ante el Supremo.

Como entonces, la suma de 5,4 millones de euros que ahora se reclama a los dirigentes del procés resulta de la supuesta responsabilidad contable contraída por distintas actuaciones administrativas que supusieron un desvío de fondos y a la que deben hacer frente de forma solidaria, aunque proporcionada al grado de participación que tuvieron en los distintos hechos investigados. Estos factores explican, por ejemplo, que el exconsejero de Acción Exterior en la etapa de Puigdemont, Raül Romeva, deba hacer frente a un pago muy similar al del expresident, en este caso de 2.108.818 euros, que si no se aseguran darán paso, como en todos los demás casos, al embargo de bienes hasta cubrir la cantidad reclamada.

En relación con el exconsejero de Economía en la etapa de Mas, Andreu Mas-Colell, el acta se presta a cierta confusión. Su nombre completo aparece vinculado a gastos por valor de 963.615 euros. Pero en el mismo documento aparecen gastos atribuidos a Andreu Mas, a secas, por valor de 1.839.500 euros. Entre los implicados no figura ningún Andreu Mas, por lo que en medios del propio tribunal se estima que lo más probable es que esta última cifra deba sumarse a la anterior, por tratarse en ambos casos de la misma persona. El total reclamado alcanzaría en este supuesto la cantidad de 2.803.115 de euros más intereses, igual a la atribuida al expresidente Artur Mas, con quien compartiría la responsabilidad contable de la mayoría de los gastos que se imputan a ambos, en muchos casos coincidentes. Aún mayor (2,95 millones más intereses) es la cifra que se reclama a Francesc Homs, miembro del Gobierno de Mas como consejero de Presidencia.

Una vez realizada la liquidación provisional se entrará en una nueva fase del procedimiento, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían formular la correspondiente demanda, siguiendo las pautas de un proceso civil. En el Tribunal de Cuentas se ha seguido con contrariedad la polémica sobre si sus actuaciones representan o no una piedra en el camino para la reanudación de un diálogo fluido entre el Gobierno y la Generalitat, pero se detecta con facilidad que existe especial interés en comprobar cuál será a partir de ahora la postura que adopten las mencionadas partes acusadoras.

Legitimación del Estado

En tales medios se descarta, en todo caso, que pudieran volver sobre sus pasos, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado instaron en su día las actuaciones del tribunal. Ahora bien, en el caso de la Abogacía del Estado está en duda cuál pueda ser su papel a partir de ahora. La Generalitat va a discutir que tenga legitimación activa para reclamar cantidad alguna, en la medida en que las sumas presuntamente desviadas corresponderían a los fondos de la administración catalana, no a los fondos del Estado. La entidad Societat Civil Catalana, que instó la fase previa, seguirá en el procedimiento, en parte porque se ha unido al relativo al referéndum ilegal del 1-O, caso por el que el Tribunal de Cuentas reclama a los implicados otros 4,8 millones. Los mismos medios expresan cierta preocupación ante la posibilidad de que determinadas decisiones que puedan tomarse a partir de ahora puedan malinterpretarse, tras la mencionada polémica sobre la existencia de “piedras en el camino”, expresión utilizada por el ministro José Luis Ábalos. Desde el primer momento, la delegada instructora, Esperanza García, informó a las partes del proceso que sus conclusiones son provisionales y que una parte de los implicados inicialmente dejarán de serlo una vez celebrado el trámite de alegaciones que este martes seguirá a la comunicación del acta de liquidación a los interesados o sus representantes legales.

El acta de liquidación provisional concentra en 31 capítulos las actividades desarrolladas por la Generalitat para la promoción exterior del procés. Por los viajes realizados por los presidentes de la Generalitat, por ejemplo, se reclaman 274.069,68 euros más intereses, y por las tareas de la delegación de la Administración catalana en el Reino Unido sobre el proyecto independentista, 293.069,68 euros. Respecto a otros gastos indebidos en las denominadas embajadas de Cataluña, el expediente reclama las siguientes cantidades: la delegación en Francia gastó 57.416 euros, y la de Polonia 29.456, por 148.538 la de Estados Unidos, 136.829 la de Austria, 67.727 la de la Unión Europea y 95.747 la de Italia, entre otras, cifras a las que en todos los casos hay que sumar los intereses.

En visitas internacionales y actividades de Diplocat, el organismo de promoción exterior, la cantidad gastada indebidamente fue de 1.536.191 euros. Diversos contratos de promoción exterior del procés costaron más de 1,4 millones de euros, entre ellos los adjudicados a la empresa Independt, que llegaron a sumar 1.392.300 euros.

La conclusión a la que llegaron los instructores del informe fue que “la causa y el objeto verdadero de la contratación fue financiar el desarrollo de un acto ilegal cual fue la consulta promovida por el Gobierno de la Generalitat catalana, y, en concreto, hacer frente a los gastos y honorarios percibidos por el denominado grupo de observadores electorales” contratados en relación con el referéndum prohibido por el Constitucional, y cuya celebración el 1 de octubre de 2017 dio lugar a la suspensión de la autonomía por aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.